Alerta en las cárceles de Sevilla: presos terroristas reciben teléfonos móviles a través de drones

El contrabando de teléfonos móviles en las cárceles sevillanas ha adquirido una nueva dimensión en los últimos años. El uso de drones para introducir estos dispositivos en las prisiones permite que los presos, incluidos aquellos vinculados con grupos terroristas, continúen sus actividades ilícitas sin ser detectados por las autoridades penitenciarias, convirtiéndose en una de las mayores amenazas para la seguridad de las prisiones.

El pasado mes de noviembre, funcionarios del Centro Penitenciario de Sevilla II, ubicado en Morón de la Frontera, interceptaron un dron que intentaba introducir droga y teléfonos móviles en el módulo de aislamiento. Este incidente no fue aislado; semanas antes, fue frustrado otro intento similar. No en vano crece la preocupación entre los funcionarios de prisiones por el uso de tecnología avanzada para burlar los controles de seguridad en las cárceles.

El sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP ha denunciado que en los últimos cinco años se han incautado hasta 270 teléfonos móviles en las dos cárceles de Sevilla —Torreblanca y Morón de la Frontera—. Solo en 2024 se requisaron 63 terminales. Estas cifras reflejan no solo la popularidad de estos aparatos entre los reclusos, sino también la eficacia de los métodos empleados para introducirlos, como el uso de drones.

Los teléfonos son altamente valorados dentro de las prisiones, ya que permiten a los internos mantenerse en contacto con el exterior, coordinar actividades delictivas o simplemente obtener acceso a información que, de otro modo, les sería imposible conseguir. Las autoridades temen que el uso indebido de estos dispositivos facilite la comunicación de los reclusos con células terroristas o con redes criminales operando fuera de las cárceles.

El contrabando de teléfonos móviles mediante drones también alimenta un mercado negro dentro de las cárceles, donde los internos venden o intercambian estos dispositivos a precios elevados. Este comercio ilícito ha generado tensiones entre los reclusos, quienes luchan por conseguir un teléfono móvil para poder contactar con sus cómplices fuera de prisión. Esta situación también dificulta la labor de los funcionarios, quienes deben enfrentarse a un entorno cada vez más peligroso y difícil de controlar.

Una herramienta eficaz

Los drones se han revelado como una herramienta especialmente eficaz para el contrabando. Al ser pequeños, discretos y difíciles de detectar por los sistemas de seguridad convencionales, pueden transportar pequeños paquetes con teléfonos móviles y lanzarlos en puntos estratégicos dentro de los recintos penitenciarios.

Ante esta creciente amenaza, los funcionarios de prisiones exigen una respuesta más contundente por parte de las autoridades, planteando además medidas como la instalación de inhibidores de frecuencia para bloquear las comunicaciones de los teléfonos móviles o la implementación de tecnologías que permitan detectar y neutralizar los drones. Sin embargo, los avances tecnológicos de los contrabandistas dificultan la implementación de soluciones definitivas, lo que requiere una actualización constante de los sistemas de seguridad.

El sindicato ACAIP ha solicitado también un incremento en la dotación de personal y en su formación para hacer frente a las nuevas modalidades de contrabando. «La seguridad de nuestras prisiones no puede depender únicamente del esfuerzo y la vocación de los trabajadores penitenciarios. Requiere compromiso institucional, inversión tecnológica y planificación estratégica», concluyen.