Jueces, fiscales y abogados del Estado alzan la voz contra los planes del Gobierno para controlar la Justicia

Profesionales de la Justicia se han reunido este martes en Sevilla para manifestar públicamente su rechazo frontal a los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para controlar el Poder Judicial. «Estamos en un momento crítico. Se están alterando las bases del Estado de Derecho», advierten.

Unidos bajo el 'Pacto de profesionales en defensa del Estado de derecho', alertan de la «injerencia» del poder político en la Justicia, empezando por la tramitación de la ley de amnistía, que significa grosso modo la rendición del Estado ante los golpistas del proceso separatista en Cataluña, y terminando por el proyecto de Ley de Función Pública, que modificará el sistema de oposición para «dar acceso a personas que se ajusten a unos determinados sesgos ideológicos».

En una rueda de prensa desde la Biblioteca del Palacio de Justicia de Sevilla, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, acompañada de distintos portavoces de las organizaciones integrantes del pacto, ha dado lectura a un manifiesto «en defensa del Estado de Derecho y la independencia y la profesionalización de la Administración Pública», puestos en entredicho por el Gobierno de Sánchez.

Todos los intervinientes han alertado de un «grave deterioro» del Estado de Derecho que se fundamentaría en «tres vías de ataque» por parte del Gobierno. El primero sería la ley de amnistía, contra la que se unieron en marzo de 2024, cuando surgió el 'Pacto de profesionales en defensa del Estado de derecho', al suponer una «ofensa al Estado de Derecho». Es la más conocida y reconocible, pero no es ni mucho menos la única, según advierten.

Ahora han ampliado el pacto con su rechazo al proyecto de ley para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, la conocida como ley Bolaños, y a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la que se pretende blindar la «injerencia» del poder político en el Ministerio Público.

«Vamos a retroceder más de 150 años»

Según esta unión de profesionales de la Justicia, el Gobierno de Sánchez pretende cambiar el actual sistema de oposiciones a la carrera fiscal o judicial o a la administración pública, «el mecanismo más eficaz, justo e igualitario para una administración de calidad», por otro «subjetivo y a dedo», con el objetivo de controlar el Poder Judicial.

Así las cosas, han hecho un llamamiento a la ciudadanía «para que se tomen esto en serio», ya que los planes del Gobierno supondrían «retroceder más de 150 años», al eliminar la objetividad en el acceso a la judicatura. «Es algo propio del siglo XVI», han alertado. «Se trata de una demolición del Estado de Derecho que pone en riesgo nuestra democracia», han añadido al respecto.

Por otro lado, Dexeus ha reflexionado que «cuando quien dirige la Fiscalía General está investigado por el Supremo y se mantiene en el cargo pese a su situación procesal, la credibilidad de la institución decae», en alusión al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su imputación por un presunto delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

«El fiscal general no solo debe ser imparcial, sino parecerlo», ha comentado también la presidenta de la Asociación de Fiscales, para quien nos encontramos «en el peor momento» de la Justicia, ya que «cuando el presidente del Gobierno habla de 'su' fiscal general, se mezcla la política con la Justicia».

Por todo ello, los firmantes del pacto han acordado la creación de un comité de coordinación «con el propósito de trasladar a la sociedad civil nacional e internacional la importancia de los valores constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, igualdad y separación de poderes, así como la independencia de los cuerpos profesionales, como muestra de nuestro compromiso en la defensa del Estado social y democrático de Derecho».