La Unión de Fiscales y Jueces avanza hacia la huelga contra la reforma del Gobierno que ataca su independencia

El Proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal y el Anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) «suponen un riesgo para la independencia de la Justicia». Bajo este lema central, jueces y fiscales de toda España, «europeos» por extensión, se han sumado a la Unión de Fiscales y Jueces (UFJ), para «denunciar el contenido de ambos textos y señalar que las reformas que introducen constituyen un grave retroceso en los valores de la independencia judicial y la separación de poderes, y que son contrarias al derecho de la Unión Europea y a nuestra Constitución».

En un manifiesto definitivo, previo a la huelga, como «última defensa legítima» a su alcance, los integrantes del Comité del movimiento han exigido, de nuevo, al Gobierno y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, «la retirada» de sendas iniciativas como «única manera» de evitar un paro nacional de la Administración de Justicia al que esperan sumar, a lo largo de esta semana, al resto de asociaciones profesionales.

Éstas son sus reivindicaciones contra:

La reforma del sistema de acceso

En la actualidad, «el sistema de acceso por el turno libre consiste en 3 exámenes públicos y eliminatorios que garantizan los estándares necesarios de formación y objetividad y comprenden un total de 329 temas distribuidos entres un examen tipo test y dos exámenes orales. Este sistema se completa con dos años de Escuela Judicial, con una fase teórica y otra práctica que en el caso de los fiscales es de seis meses de teoría y otros seis de práctica».

«Se trata de un sistema democrático, que garantiza que cualquier persona, al margen de su origen e ideología, pueda competir en igualdad de condiciones, y se basa única y exclusivamente en su esfuerzo individual, sin deber nada a nadie. El 32% de los nuevos jueces procede de familias cuyos dos progenitores carecen de estudios superiores. El 70% son mujeres. Además, el avance en el sistema de becas facilita el acceso a la preparación (en la última promoción, el 19% accedió con beca)».

Sin embargo, la intención del Ejecutivo, con su modificación normativa es la de «controlar la preparación de la oposición, hasta ahora a cargo exclusivo de profesionales independientes, a través del Centro de Estudios Jurídicos».

También, «con el acceso por el turno libre, se eliminará una prueba oral de 144 temas (Derechos Procesal Civil, Procesal Penal, Derecho Mercantil, Laboral y Contencioso-Administrativo), rebajando con ello los niveles de exigencia y preparación, a diferencia del resto de profesiones jurídicas».

«Se introducirá, además, un dictamen escrito, que podrá admitir diversas respuestas válidas y será de evaluación subjetiva, con el peligro de filtraciones que lleva consigo, razones por las que se eliminó hace 20 años».

Este acceso por el 'quinto turno' «se verá recompensado con cinco años de antigüedad, a los únicos efectos de optar a puestos de nombramiento discrecional». Un mecanismo con el que «el cuerpo de opositores, conformado por personas decididas, sacrificadas y con un conocimiento amplísimo del Derecho, queda herido de muerte, al igual que el esfuerzo, cimiento limpio independiente de ambas Carreras».

Por si todo esto no fuese suficiente, «la reforma se pretende implementar en cinco meses, y el examen se tarda en preparar unos cinco años, lo cual afecta de manera muy injusta a los opositores», devaluando la formación de los jueces y fiscales de manera que «el poder político podrá influir en el perfil de quienes ingresen en la Carrera Judicial o Fiscal, alterando progresivamente su composición, lo que perjudica seriamente la separación de poderes».

La estabilización de sustitutos

«El colectivo de profesionales sustitutos (más de 1.000) ha estado cubriendo bajas temporales, y sólo excepcionalmente cubre una plaza judicial de manera prolongada en el tiempo. Con pleno respeto y reconocimiento al trabajo que desempeña este colectivo», la Unión de Fiscales y Jueces considera que «ya dispone de maneras de acceder a las Carreras Judicial y Fiscal haciendo valer su experiencia en los concursos del cuarto turno».

«Nada justifica, por lo tanto, su integración automática» en ninguna de ellas.

«Frente a la exigencia, rigor y objetividad para acceder a la función jurisdiccional, los requisitos exigidos para la estabilización de los jueces sustitutos y demás profesionales del Derecho son: tener el Grado en Derecho, cinco años de ejercicio profesional; y, superar un dictamen sobre cualquier rama del Derecho».

Y ello sin que «el Proyecto explique el contenido del dictamen, que, a diferencia del turno libre, no será anónimo; como tampoco su valoración; ni el número de plazas que salen a concurso; ni cómo se integrarán en las Carreras quienes se estabilicen».

«El concurso oposición se convocará a los dos meses de la entrada en vigor de la Ley, una rapidez inusitada e inexplicable para acometer una reforma de semejante calado que perjudica a los opositores».

«La reforma, con el pretexto de la temporalidad, abre una preocupante puerta de atrás a cualquier profesional del Derecho, haya ejercido o no como juez o fiscal sustituto, sin garantías objetivas de la capacitación técnica necesaria para el ejercicio de la función jurisdiccional ni de independencia en el proceso selectivo. Y supone una preocupante diferencia de trato para jueces y fiscales con los sistemas ordinarios de acceso».

El control político de ambas Carreras

«Con las reformas que se pretenden, las Carreras Judicial y Fiscal, ya controladas políticamente mediante nombramientos discrecionales, pasarán a estar politizadas desde la base».

Tal es así que «la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerza el poder del fiscal general del Estado y debilita al Consejo Fiscal, cuyas competencias reduce». En el mismo sentido, «disminuye las garantías profesionales de los fiscales en aspectos clave como la asignación de asuntos, el régimen disciplinario o las discrepancias internas».

«La reforma no garantiza la autonomía ni la independencia del Ministerio Fiscal, sin las cuales no puede cumplir sus funciones ni asumir la investigación criminal. Sin garantías de independencia para los fiscales, la separación de poderes está en peligro real».

«Ante la gravedad de todo lo expuesto», desde la UFJ solicitan «a todos los jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia que deseen secundar una huelga que apoyen este manifiesto» con el que se busca «preservar la independencia judicial y la separación de poderes, sin las cuales no existe el Estado de Derecho».