Jueces por el 'quinto turno': la reforma de Sánchez hacia el control total de la Justicia

La Misión de Determinación de los Hechos concluyó, en un informe de 2021, que el problema fundamental de la Justicia en Venezuela es la complicidad de los jueces con el régimen que los mantiene, a través de decisiones arbitrarias con las que no sólo favorecen la impunidad de unos sino que, además, persiguen, criminalizan y silencian todas las voces críticas con el Gobierno de la nación, cuyo único objetivo es mantenerse a cualquier precio.

El sistema de Justicia cincelado por el Ejecutivo 'bolivariano', primero con Hugo Chávez y más tarde de la mano de Nicolás Maduro, acabó con la independencia del Poder Judicial asegurándose con ello de que los abusos perpetrados desde otros poderes salgan siempre gratis. No en vano, la estabilidad de los magistrados venezolanos quedó fulminada en 1999 y, desde entonces, menos del 20% de los mismo son titulares. Por no hablar de cómo pueden ser cesados discrecionalmente desde la Asamblea Nacional –el órgano equivalente al Congreso de los Diputados en España– donde el partido mayoritario controla, en todo momento, el proceso de selección de los miembros de la Magistratura. Y, al poder, no le gusta que lo fiscalicen.

Así las cosas, el mismo criterio discrecional, que descansa en la única exigencia de la afinidad ideológica, subyace al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la ya conocida como 'Ley Bolaños', con el que el Gobierno español aspira a controlar nuestra Justicia por el 'quinto turno', bajo la falsa bandera de adaptarla a los estándares europeos.

El mecanismo: inocular más de un millar de nuevos jueces, de golpe, en un sistema mermado de efectivos y cuya tasa de reposición por jubilaciones es insuficiente, desde hace muchos años, con la única exigencia de que acrediten ser graduados en Derecho y contar con cinco años de trabajo, sin concretar de qué tipo.

Ante el evidente cerco judicial que afecta al entorno del presidente del Gobierno y la necesidad de que su proyecto de aprobación y aplicación de la amnistía, concebida al dictado de sus socios de investidura (de los que cuelga la continuidad de la legislatura), Pedro Sánchez ha pisado el acelerador de una modificación que lleva tiempo ensayando en otras injerencias institucionales ya consumadas.

Ahora, además, con el pre texto definitivo en la mano, ha trascendido que el proceso «arbitrario y bolivariano» pergeñado por los socialistas para la 'democratización' de la Justicia en nuestro país, bebe como premisa principal de ese delirio zurdo por el cual aquellos que estudian una oposición a jueces o fiscales son necesariamente ricos y, por lo tanto, de derechas.

Un relato que, si nada lo impide, permitirá al Gobierno incluir como potenciales candidatos a magistrados y fiscales, a quienes acreditando su condición de licenciados en la disciplina, superen un simple «dictamen práctico». Un proceso «único» de «estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal» en España, en base a la que se tomarán decisiones «subjetivas» y «sin ningún control» que, de entrada, «atentan» contra los principios de «mérito y capacidad» previstos en la Constitución.

De hecho, el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, era el encargado de anunciar la «necesidad» de una reforma en profundidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) porque «tiene 40 años», mientras su Gobierno mantiene más vivos que nunca y alimenta los fueros vascos y navarros con más de dos siglos de antigüedad.

Que el Gobierno haya centrado sus esfuerzos en cambiar el acceso de jueces y fiscales a sus puestos, el mecanismo de elección para las Salas de Gobierno o la composición de la Comisión de Ética Judicial, no es casual, ni inocuo. Con la reforma en ciernes, los españoles se asomarán a una Justicia incierta y regada de árbitros a la medida del Poder Ejecutivo que, en realidad, habrán entrado hasta el tuétano de la Justicia, como emisarios del mismo, para colonizar un 25% de las plazas totales, sin antes haber superado una prueba objetiva.

Bolaños apela, sin descanso, a la obligación de «acabar con la precariedad de los jueces y fiscales sustitutos (...) mejorando la oposición» actual, que sí han superado los jueces de carrera, para reemplazarla por una prueba escrita sin concretar y, «blindando el sistema de becas» lo que, en definitiva, implicará un 'coladero' vestido de regularización, sin más, de casi un millar de jueces y fiscales interinos.

Además, el Gobierno controlará las ayudas económicas a los opositores que decidan continuar por el canal habitual, a través de un «centro público de formación» dependiente del Ministerio de Justicia que, para ello, «tendrá las competencias en materia de becas». Una herida de muerte a la igualdad de los aspirantes.

Y, todo ello, de la mano de un Ministerio Fiscal aderezado de un «poder omnímodo», sin contrapesos internos, diluyendo el papel de los órganos colegiados, encabezado por un fiscal general blindado en su cargo pese a estar imputado por un delito de revelación de secretos y que, en este estado, aspira a asumir la instrucción penal, entre otras, de las causas de corrupción. Una posibilidad que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dejó claro en un extenso informe, aprobado por unanimidad) que no podía darse hasta que la Fiscalía fuese totalmente independiente del Ejecutivo que la designa.

Se mire por donde se mire, la acometida del Gobierno a la Justicia pone en riesgo los cimientos del Estado de Derecho, impone criterios partidistas en uno de los tres Poderes que, por definición en democracia, deberían estar separados y ser independientes; y, para ello, recurre a una fórmula tan previsible como nefasta: sustituir el mérito y la capacidad profesionales por el servilismo y la mediocridad.

O, lo que es lo mismo, el Gobierno maniobra para liquidar, bajo cuerda, la independencia del Poder Judicial, consagrada en la Constitución, que le resulta tan incómoda y que es lo que una y otra vez exige Europa.