El Gobierno busca habilitar como jueces a graduados en Derecho con 5 años de experiencia laboral sin concretar

Las palabras «escándalo», «barbaridad» e «inadmisible» corren como la pólvora por los pasillos de juzgados y tribunales de nuestro país, desde hace una semana. El Proyecto de Ley con el que el Gobierno aspira a controlar la Justicia española, bajo la falsa bandera de adaptarla a los estándares europeos, ha indignado como nunca antes en la historia de nuestra democracia a los miembros del Poder Judicial. Hasta tal punto que la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales, en unidad de acción, han anunciado medidas de conflicto colectivo, paros y recursos a Europa si el Ejecutivo no desiste en sus intenciones.

Hasta la fecha, había trascendido en líneas generales cómo a través de la citada reforma , una vez resultase aprobada y en vigor, se reduciría la independencia del Poder Judicial, se desnaturalizarían las principales instituciones de gobierno del mismo o se blindaría el «poder omnímodo» del fiscal general del Estado, sin contrapesos internos, y diluyendo el papel, por ejemplo, del Consejo Fiscal.

Sobre la mesa, también, el despropósito de querer regularizar la situación de más de mil profesionales interinos de la Magistratura y la Fiscalía por la puerta de atrás. Es decir, inyectando a una cuarta parte de los nuevos jueces del total, sin superar una oposición objetiva.

Ahora, además, con el texto definitivo en la mano, ha trascendido que en dicho proceso, «arbitrario» y «bolivariano» se incluirá como potenciales candidatos a graduados en Derecho cuyo único mérito es justificar un mínimo de 5 años de actividad profesional, sin concretar. ¿Abogados en ejercicio? ¿Colegiados que no se dediquen al ejercicio de la Abogacía? ¿Asesores fiscales? ¿Consultores bancarios? ¿Profesores de Universidad?

Lo cierto es que de la literalidad de la norma que, «adolece de una técnica jurídica» al nivel de las circunstancias, según todos los expertos consultados por El Debate, se desprende que para el proceso «único» de «estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal», se tomarán decisiones «arbitrarias» y «sin ningún control».

Y es que «el número total de plazas ofertadas en cada proceso» se fijará «por el Ministerio de Justicia», el cual de entre todos los candidatos que «contando con el Grado en Derecho acrediten tener al menos cinco años de ejercicio profesional», seleccionará a aquellos que habiendo superado un «dictamen práctico» aporten otros «méritos», cuyo baremo se remite al «artículo 313.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial».

Un mecanismo que, pese a que de acuerdo con el sector jurídico «atenta» contra los principios de «mérito y capacidad» previstos en la Constitución Española, es autoconformado por la propia norma, que asegura que se ajusta, de manera anticipada, «a los márgenes de constitucionalidad del Tribunal Constitucional». Un TC que está «absolutamente politizado».