Sánchez activa todos los resortes judiciales para la amnistía de Puigdemont en espera de una decisión de Europa

Junts decidía poner fin a la legislatura el pasado 6 de noviembre –previo anuncio de bloqueo y enmienda a a la totalidad de las leyes planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez–, una semana después de interrumpir las negociaciones con el PSOE. «El Gobierno ha perdido la capacidad legislativa», advertía la portavoz de la formación separatista, Miriam Nogueras. En realidad, detrás de aquel anuncio, se escondía una realidad incómoda para los de Carles Puigdemont: el fracaso de la Ley de Amnistía, concebida para el regreso del ex presidente de Cataluña y prófugo de la Justicia pero que, hasta la fecha, no ha surtido efecto.

La negativa de la Sala Segunda del Supremo a aplicar la norma para el delito de malversación de fondos públicos, en el caso de Puigdemont, provocaba todo tipo de críticas políticas, pero también jurídicas entre los sectores más afines al Ejecutivo. Hasta tal punto que, desde el bloque izquierdista del Tribunal Constitucional, se trataba de condicionar la posibilidad de presentar cuestiones prejudiciales sobre el asunto, ante Europa (TJUE), una vez dictada sentencia por la Corte que preside Cándido Conde-Pumpido.

El fallo de los ERE de Andalucía servía como excusa en el intento, finalmente fallido, por sentar un precedente que, a futuro, limitase la capacidad de maniobra del Supremo en este asunto. Si bien, por el momento, el Alto Tribunal guarda un escrupuloso silencio al respecto, a la espera de que la Justicia comunitaria resuelva las preguntas ya planteadas por un total de cuatro órganos españoles distintos: el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y un juzgado de Vilanova i la Geltrú.

A las puertas de que el TJUE dicte una resolución sobre el encaje de la amnistía en el marco del ordenamiento conjunto y, en consecuencia, la aplicación de la misma en España, tal y como adelantaba El Debate hace una semana, Conde-Pumpido tiene prevista una próxima visita a Luxemburgo, en el mes de marzo. Un movimiento que no ha hecho más que alimentar las críticas en el sector judicial, en especial, porque se trata de un viaje del que no ha informado al colegio de Magistrados.

¿Para qué viaja Conde-Pumpido cuando la Justicia europea está a las puertas de resolver las cuestiones judiciales planteadas por varios juzgados españoles sobre el borrado penal del procés catalán, si no es para hace campaña a favor de la norma aprobada por el Gobierno que le nombró?.

El frente común de Abogacía y Fiscalía

Por la misma razón por la que la Abogacía del Estado y la Fiscalía General registraban, esta misma semana, sendos escritos para oponerse a la decisión por la que el Supremo descartó beneficiar con la amnistía a Puigdemont. Sendas Instituciones, en línea con la tesis defendida por el Ejecutivo socialista, cuestionaban, al alimón, la negativa de la Sala Segunda del Supremo a extender el alcance de la ley al delito de malversación, uno de los tipos ilícitos por el que está reclamado el político separatista catalán.

«Lo que debió hacer el Tribunal Supremo es proceder a la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía conforme a la voluntad de legislador», defendía la Abogacía en favor del líder de Junts y prófugo de la Justicia española, en Waterloo.

«La interpretación de la Ley de Amnistía como norma penal no puede hacerse de manera que resulte absolutamente imprevisible su interpretación y sin ningún soporte (...) que conduzca a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios, como ha sucedido con la realizada por el Tribunal Supremo», criticaba el representante de los letrados públicos en el documento registrado en el Supremo.

A las puertas de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) resuelva sobre el asunto, el Gobierno de Pedro Sánchez ha desplegado todos los recursos posibles para lograr que el borrado penal del procés se convierta en una realidad, en el caso de Puigdemont. Sólo así tendrá la certeza de poder reconducir las relaciones con los de Junts, hasta el final de la legislatura, para consumar las medidas estrella que, tanto en materia de Presupuestos Generales del Estado (PGE) como en Justicia, han quedado congeladas por la falta de apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados.

En Moncloa son conscientes de que sólo un regreso del ex presidente catalán a España, sin ser detenido, podría darles el balón de oxígeno que necesitan para seguir defendiendo su continuidad en el poder, pese a la debacle socialista en todas las citas electorales.