Fiscalía y Abogacía del Estado confrontan al Supremo tras rechazar la aplicación de la amnistía a Puigdemont

«Lo que debió hacer el Tribunal Supremo es proceder a la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía conforme a la voluntad de legislador», defiende la Abogacía del Estado en un escrito presentado en el Alto Tribunal para informar a favor de la aplicación de la polémica norma, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez y avalada por el Constitucional, a Carles Puigdemont, el líder de Junts y prófugo de la Justicia española, en Waterloo.

Pese a que, por el momento, está pendiente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva varias cuestiones prejudiciales planteadas sobre el texto en cuestión, y su encaje en el ordenamiento comunitario, sendas Instituciones, en línea con la tesis defendida por el Ejecutivo socialista, han cuestionado, al alimón, la negativa de la Sala Segunda del Supremo que descartó el borrado penal del delito de malversación, uno de los ilícitos por el que está reclamado el político separatistas catalán.

«La interpretación de la Ley de Aministía como norma penal no puede hacerse de manera que resulte absolutamente imprevisible su interpretación y sin ningún soporte (-una argumentación ilógica o indiscutiblemente extravagante- o axiológico -una base valorativa ajena a los criterios que informan nuestro ordenamiento constitucional- conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios), como ha sucedido con la realizada por el Tribunal Supremo», ha recogido el representante de los letrados públicos en el documento registrado en el Supremo.

Sostiene la Abogacía que la decisión del TS supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de Puigdemont. Un línea de razonamiento a la que se ha sumado la Fiscalía que, también, aprecia en sus alegaciones la concurrencia de una violación de los derechos fundamentales del imputado, sobre el que pesa una orden de búsqueda y captura, instada por el magistrado Pablo Llarena.