Las diez razones por las que jueces y fiscales han activado los mecanismos de Europa contra la 'Ley Bolaños'

Tras conocerse el contenido del Proyecto de Ley Orgánica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado en Consejo de Ministros para avanzar en el control del Poder Judicial español y, de paso, entregar la instrucción penal a la Fiscalía –cuyo 'número 1' está imputado ante el Supremo, por un presunto delito de revelación de secretos– cinco de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales de nuestro país emitían un comunicado conjunto para informar de la hoja de ruta adoptada, en unidad de acción, contras los planes del Ejecutivo.

La primera de las acciones, y la más visible, será el paro nacional de 10 minutos convocado para el próximo martes 11 de junio a las 12:00 horas, frente a todas las sedes judiciales que, de no retirarse la reforma en marcha, podría ser el primer paso antes de plantear otros de mayor calado como recursos judiciales y medidas de conflicto colectivo. Esto es, una huelga total de la Justicia a la que, a medida que avanzan los días, se han ido adhiriendo todos y cada uno de los operadores jurídicos: la Abogacía, la Procuradoría, los Abogados del Estado, los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ), los Graduados Sociales, los Cuerpos Superiores de la Administración Superior del Estado,..

Y, sin embargo, en paralelo a la actuación en el ámbito interno, las principales entidades de la Judicatura –Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación de Fiscales (AF), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– han activado la vía internacional.

No sólo a través de comunicaciones formales, acompañadas de informes técnicos, a las principales instituciones europeas con competencia en la materia: como el GRECO, la Comisión de Venecia, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo sino, además, instando la activación de los mecanismos de supervisión disponibles en cada una de dichas instancias, con el fin de que se adopten decisiones comunitarias «que contribuyan a salvaguardar los principios esenciales del Estado de Derecho» en España.

Diez son las principales razones que han llevado a los miembros de la Magistratura y del Ministerio Público a movilizarse con una intensidad sin precedentes. Un decálogo de argumentos que ponen en evidencia las amenazas de una reforma encubierta de la Justicia que, lejos de aproximarse a los estándares europeos y de resolver los problemas reales de una administración que lleva mucho tiempo maltratada por la clase política, busca colonizar el sistema con profesionales serviles y afines a los intereses partidistas del Ejecutivo de turno:

El «proceso extraordinario de estabilización para jueces y fiscales sustitutos» es, en realidad, un 'coladero' de nuevos magistrados entre los que se «permite acceder a abogados, graduados sociales o funcionarios sin experiencia como jueces o fiscales», que «no cumple con las exigencias europeas sobre interinidad, ya que en España se celebran oposiciones regularmente» y «supone una ventaja injusta y subjetiva frente al turno libre, vulnerando los principios de igualdad, mérito y capacidad, al requerirse solo un dictamen escrito» que liquida el mecanismo de oposición objetiva. La reforma permitirá, por tanto, la activación de un 'quinto turno' «de acceso privilegiado a la carrera fiscal» y judicial por el que se permitirá, por ejemplo, «ingresar directamente en la segunda categoría de fiscales, sin las exigencias del turno libre», para lo que se reconocerá «una antigüedad ficticia de 5 años como abogado-fiscal para acceder a nombramientos discrecionales» y arbitrarios. El acceso ordinario a las carreras judicial y fiscal, «quedará controlado por el Ejecutivo». Así las cosas, «el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) se convierte en instrumento del Gobierno para la formación de los nuevos opositores dando ventaja a quienes pasen por él», frente a quienes decidan preparase por su cuenta, «ya que el examen depende del Ministerio de Justicia». Además, «se exigirá licencia de compatibilidad para preparar oposiciones» con lo que se «erosiona la independencia formativa» tanto de la Magistratura como del Ministerio Fiscal.El proyecto se ha concebido, por otra parte, para dar un poder absoluto al Fiscal General del Estado (FGE) quien, en contra de las exigencias europeas, «asumirá competencias exclusivas en materia de nombramientos, incompatibilidades y régimen disciplinario».

En la Fiscalía se impondrá, además, «un modelo jerárquico extremo, sin contrapesos, y contrario a los estándares del Consejo de Europa» en el que no se ha previsto el «cese del fiscal general, ni siquiera si es imputado o se abre judicio oral contra él», como le sucede al actual. Un escenario que genera «un claro conflicto de intereses» en el seno de la Carrera.

Se desdibuja el papel del Consejo Fiscal, hoy por hoy, el único órgano representativo de la Carrera que perderá funciones clave en materia de «nombramientos, régimen disciplinario, reparto de asuntos y propuestas organizativas». Es decir, quedará convertido «en un órgano meramente decorativo, sin poder real» con una composición «modificada» a favor de las entidades minoritarias y a través de un nuevo «sistema electoral» que reducirá «su pluralidad y representatividad».

Además, en el Ministerio Público se manipulará, todavía más, «la Junta de Fiscales de Sala» que, a partir de las modificaciones, podría «imponer sus acuerdos por mayoría simple, desnaturalizando su función doctrinal consultiva». Y, todo ello, en un contexto en el que la mayoría de sus integrantes han sido designados por los dos últimos fiscales generales: Dolores Delgado primero y, ahora, Álvaro García Ortiz; quienes, además, «han creado nuevas Fiscalía de Sala» para seguir colocando «mayorías afines».

La reforma del Gobierno sobre el Poder Judicial promoverá, también, un «sistema opaco de reparto de asuntos y un debilitamiento de las garantías» actuales de acceso a un juez predeterminado por la ley. De hecho, en el caso de los fiscales, el titular del Ministerio Público podrá «designar jerárquicamente a cualquier fiscal para cualquier asunto, sin necesidad de escuchar al Consejo Fiscal». Y, todo ello, «sin criterios claros», a través de «órdenes verbales, sin control ni motivación escrita» que, por lo tanto, impedirán las quejas, discrepancias o los conflictos internos de los profesionales de la Institución, «reduciendo la transparencia, aumentando el riesgo de arbitrariedad y comprometiendo la imparcialidad».

Consagrará el «incumplimiento de las exigencias europeas» lejos de fortalecer la independencia de los jueces, magistrados y fiscales de nuestro país. Lo que supondrá «una clara regresión institucional» del sistema de Justicia en España.

Se aplicarán «restricciones al asociacionismo profesional» previo «límite a las vías de financiación y sus actividades» que, al ser incorporadas en el marco de las «actividades políticas» permitirán «restricciones arbitrarias si hay discrepancias de las mismas con el Ministerio de Justicia o la Fiscalía General del Estado».

La reforma se tramitará a través de un procedimiento por la «vía de urgencia» que no está «justificada». Una maniobra con la que se busca «dificulta el análisis sosegado y el debate en profundidad del contenido de una reforma procesal profunda» que cambiará «el proceso penal» en su concepción actual y que, además, «modificará la estructura orgánica y funcional» de la Fiscalía.

Un proceso que, de acuerdo con la práctica unanimidad de los jueces, magistrados y fiscales españoles «carece del más mínimo sentido de la oportunidad y parece más orientado a controlar la instrucción penal desde el Ejecutivo, en lugar de garantizar una Magistratura y una Fiscalía verdadera y definitivamente independientes».