García Ortiz controla ya a veinte de los treinta y ocho fiscales del Supremo donde está imputado por revelación de secretos

Inmune al desaliento y, aparentemente, ajeno a la cada vez más complicada situación judicial que le espera en el Supremo, el fiscal general del Estado, imputado por revelación de secretos, continúa con su polémica política de nombramientos.

Los últimos, entre los que se encontraba el del jefe de la Sección de Delitos contra la Administración Pública —una plaza de nueva creación que tendrá competencias directas en su futuro procesal— le han llevado, además, a ostentar un dudoso récord: Álvaro García Ortiz ya controla a un total de veinte de los treinta y ocho de los fiscales de Sala del Alto Tribunal. Dos decenas de profesionales que habrían sido designados al margen de criterios de baremación objetivos como el mérito o la antigüedad y seleccionados por su adscripción a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que el propio García Ortiz fue presidente; o, en su caso, por su proximidad ideológica al titular del Ministerio Público y, por extensión, al Gobierno que lo confirmó en dos ocasiones y que lo mantiene en el cargo.

De hecho, en la última hornada de designaciones, duramente criticada por la mayoría del Consejo Fiscal (CF), García Ortiz seleccionó a tres asociados de la UPF para cuatro de las vacantes más altas del escalafón que estaban en juego, tal y como publicó El Debate. Fue tal la maniobra que en varias de las plazas en juego, un total de siete vocales (seis de la asociación más numerosa AF y uno de la APIF) frente a cinco (dos de ellos de la UPF), entre los que se encuentra el propio titular del órgano, se abstuvieron de participar en las votaciones.

Unos días antes, en una carta abierta remitida a la Carrera, la AF exigió a García Ortiz que se apartase para no intervenir, por ejemplo, en la elección directa del nuevo fiscal de delitos contra la Administración Pública que podrá influir en su futuro judicial y cuyo nombre, Emilio Sánchez Ulled, afín a quien le ha ascendido, había adelantado este diario en primicia.

Así las cosas, el fiscal general cuenta con incondicionales como la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde; la jefa de la Inspección fiscal, María Antonia Sanz Gaite, quien a priori no consta como asociada; perfiles como los de los titulares de las nuevas áreas de Delitos Económicos, ya en manos de Fernando Rodríguez Rey, y Delitos Contra la Administración Pública, con Sánchez Ulled; y, Departamentos como el de Memoria Democrática, con Dolores Delgado, Medio Ambiente y Urbanismo, del que es titular Antonio Vercher Noguera o la recién elegida jefa penal del TS, Teresa Peramato Martín, que defendió abiertamente la Ley del 'sí es sí'.

Además, el máximo representante del Ministerio fiscal también cuenta con aliados adicionales dentro de la cúpula de la Carrera que, sin bien no están vinculados a ninguna entidad profesional o pertenecen, incluso, a otras teóricamente opuestas «se han ido escorando» en ciertos asuntos de trascendencia. Cabe recordar, por ejemplo, cómo el jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, todavía miembro de la Asociación mayoritaria (AF), cooperó activamente con García Ortiz para enmendar un informe inicial favorable al terrorismo de Tsunami Democractic y oponerse al mismo, tres días después de las últimas elecciones generales del 23-J.

Criticaba las designaciones «familiares»

Lejos queda ya, en el imaginario colectivo de la Carrera Fiscal, aquella época en la que «antes de tocar moqueta política», Álvaro García Ortiz encabezaba una Unión Progresista de Fiscales (UPF) que cuestionaba los nombramientos discrecionales «vinculados por lazos familiares», recuerdan algunas fuentes consultadas por El Debate.

De hecho, el hoy fiscal general del Estado criticó, en 2016, las designaciones de fiscales motivadas por la relación de parentesco con «quienes ocupan o han ocupado cargos de gran responsabilidad en el Ministerio Fiscal o en el Poder Judicial». Y recordaba, a los entonces responsables del Ministerio Público, en un comunicado oficial de su entidad la necesidad de «reforzar la transparencia» en las designaciones, para no poner «en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de los procesos».

«La sombra de sospecha sobre los nombramientos para cargos públicos, si bien es deleznable en cualquier Administración Pública, es especialmente nefasta cuando a miembros del Ministerio Fiscal se refiere porque es una institución llamada a extremar las cautelas deontológicas por la misión que, constitucionalmente, tiene asignada en defensa de la legalidad y del interés público» sostenía hace diez años la UPF de García Ortiz.