García Ortiz propone a un fiscal afín que tendrá competencias en el caso en el que está imputado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto al fiscal que se ocupó de los casos del Palau de la Música y del 9-N, Emilio Sánchez Ulled –afín al actual máximo representante del Ministerio Público– para una plaza de nueva creación, la de fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, donde tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo (TS) investiga al jefe del Ministerio Público.

Así lo ha acordado tras el Pleno del Consejo Fiscal celebrado este martes, donde se decidían las jefaturas de cuatro unidades especializadas de la Fiscalía: la de delitos contra la administración pública, la de delitos económicos, la de seguridad vial y la de violencia de género.

La plaza de fiscal de sala para coordinar delitos contra la administración pública era la más polémica. De hecho, fuentes fiscales han indicado que los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF) y la vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) no han votado en lo referente a este puesto, y solo la han apoyado los dos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y los 3 natos; García Ortiz, la inspectora fiscal y Sánchez Conde, la teniente fiscal del Supremo.

Para esta última, García Ortiz ha nominado a Sánchez Ulled, hasta ahora consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea; mientras que para la primera ha propuesto al actual fiscal de sala delegado de delitos económicos, adscrito a la sección penal de la Fiscalía del TS, Fernando Rodríguez Rey.

El pasado octubre, los vocales de la AF y de la APIF votaron en contra de la creación de esta nueva unidad especializada al considerar que hay un «solapamiento de competencias» con la Fiscalía Anticorrupción, cuestionando que su verdadero objetivo sea reforzar la lucha anticorrupción, para lo cual abogaron por dotar de más medios a la fiscalía especial que dirige Alejandro Luzón.

Y, en vísperas del Pleno, la AF envió una carta a García Ortiz donde le instaba a abstenerse de participar en esta propuesta de nombramiento, dado que el candidato elegido tendrá entre sus funciones la de fijar criterio sobre el delito por el que le investiga el TS. «No resulta ni ético ni estético» que proponga candidato para este puesto, dijo la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, en un comunicado.

Sin embargo, García Ortiz ha desoído la petición de la AF, llevando a cabo esta propuesta de nombramiento, al considerar que no existe el «interés personal» alegado por la asociación profesional.

Otras voces del Consejo Fiscal rechazan igualmente las críticas a la unidad especializada. A su juicio, no hay solapamiento de competencias con la Fiscalía Anticorrupción porque ésta ejerce funciones jurisdiccionales –investigar y acusar– interviniendo directamente en los casos, pero la de reciente creación no las tiene, por lo que se limitará a coordinar la actuación de los fiscales especialistas en la materia para unificar criterios.

Los vocales de la AF se niegan a votar

Desde la asociación mayoritaria de fiscales han anunciado que «ante la decisión del fiscal general del Estado de continuar con los informes para la cobertura de la plaza y su decisión de no abstenerse, decidimos no participar en el debate y votación de la antecitada plaza».

Igualmente, la AF ha expresado que «no puede desconocerse que la propuesta que realice el fiscal general del Estado de un nombramiento para dicha plaza afecta a la apariencia de imparcialidad y neutralidad que debe acompañar a la institución, atendidas las circunstancias que atañen al máximo responsable de la Institución, como desarrolló el comunicado de la Comisión Ejecutiva de la AF de 21 de abril de 2025».