Sofía Puente, cuatro días para cambiar la ley de nietos: El Debate revela el documento en el que se oponía por escrito

La Ley de Memoria Democrática entró en vigor el 21 de octubre de 2022 con un texto que reservaba la nacionalidad española a los descendientes del exilio político. Cuatro días después, la propia Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública firmó una instrucción que hacía exactamente lo contrario: extenderla en contra de lo aprobado explícitamente por el Parlamento. Lo sorprendente es que lo hizo pese a que, tres días antes de que la ley entrara siquiera en vigor, ella misma, junto a una subdirectora del ministerio de Félix Bolaños, se comprometieran por escrito a aplicarla de forma estricta. La ampliación de Puente fue utilizada por el Ejecutivo para ampliarla hasta el siglo XIX sin anclaje jurídico, como reveló El Debate en exclusiva. Nadie ha explicado qué ocurrió esos cuatro días.

Aquel 18 de octubre, la propia Puente y la subdirectora general de Nacionalidad y Estado Civil, María del Mar López Álvarez, recibieron a la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, al Centro de Descendientes de Españoles Unidos, a la asociación Hijos y Nietos de España y a la catedrática de Derecho Internacional Aurelia Álvarez. Participaron consejeros de Argentina, Canadá, México, República Dominicana, Guatemala, Alemania, Reino Unido y Castilla y León. El Ministerio de Justicia expuso los avances de la instrucción que preparaba sobre la disposición adicional octava de la ley.

En esa reunión, el presidente de la Comisión, David Casarejos, preguntó por unas declaraciones de Pilar Cancela ante la colectividad en Argentina. Es necesario subrayar que Cancela por aquel entonces llevaba dos gorras a la vez: era secretaria de Estado de Cooperación Internacional en el Ministerio de Asuntos Exteriores y, en paralelo, responsable del y PSOE-Exterior. Es decir, no hablaba en Argentina como simple cargo orgánico, sino como alto cargo del Gobierno de Sánchez en el ministerio que manda sobre los consulados. Cancela sostenía que la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Histórica de 2007 «sigue vigente» y estaba «incorporada» a la nueva ley. Traducido, venía a decir a la diáspora que la vía amplia de 2007, la que permitía optar a la nacionalidad con solo tener un progenitor originariamente español y sin necesidad de acreditar exilio, seguía abierta y que la nueva ley no recortaba nada. La respuesta del Ministerio fue una desautorización en toda regla:

El rotundo «no» de Sofía Puente

«Desde el Ministerio de Justicia se informó que LMH estuvo vigente hasta el año 2011 y que esta LMD solo cubre lo que la nueva ley estipula con la nueva disposición octava, por lo que no incluye la disposición séptima de la LMH».

El departamento de Puente rechazaba, en público y por escrito, exactamente la lectura expansiva que Cancela venía defendiendo en América.

Al tratar los supuestos concretos, la Dirección General mantuvo una línea nítida: descartó rotundamente volver a dar entrada a los nietos de abuelo varón nacido en España que había conservado la nacionalidad. Y cerró la reunión reiterando que la instrucción se ajustaría al texto literal aprobado:

«Las propuestas enviadas por CEDEU e Hijos y Nietos de España se están valorando, pero la instrucción se ceñirá siempre al texto de la ley que ha sido aprobada el 5 de octubre de 2022 en el Senado».

Cambio radical

El texto aprobado el 5 de octubre reservaba la nacionalidad a los descendientes del exilio político. La Ley 20/2022 se había publicado en el BOE el 20 de octubre y entró en vigor el 21. Cuatro días más tarde, el 25 de octubre, la propia Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública firmó la instrucción que cambió todo, incluido un decisivo y sorprendente cambio radical de criterio; el Boletín la publicó al día siguiente.

Aquel texto convertía, ahora sí, el exilio político en un requisito opcional. A partir de ahí, cualquier descendiente de un español que hubiera emigrado por cualquier motivo y desde cualquier época quedaba habilitado para pedir la nacionalidad. Sofía Puente, fiscal de carrera, sabe de sobra que una instrucción no puede cambiar una ley, que es de rango superior. Pero la cambió. Y, además, las Cortes habían vetado expresamente el exilio económico en dos votaciones en sendas mociones presentadas por Ciudadanos durante los 18 meses de la tramitación parlamentaria de la norma.

¿Quién dio la orden?

Lo que sucedió entre el 18 y el 25 de octubre para que el Ministerio pasara de comprometerse con el texto literal a desbordarlo no ha tenido respuesta del Gobierno ni de la propia Sofía Puente, autora material del cambio radical. Sin embargo, el giro copernicano de la posición ministerial que hoy documenta por escrito El Debate se produjo el 18 de octubre. Una desautorización expresa de la ampliación del ámbito de la ley que Cancela pedía. El hecho cierto es que una intervención de Pilar Cancela fue espoleada por las asociaciones de emigrantes y Pilar Puente cambió de criterio y que nadie lo ha explicado.

La instrucción es el talón de Aquiles del Ejecutivo: carece de anclaje jurídico. Desde diciembre de 2022 dormita en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica que pide declararla nula de pleno derecho. Fue admitido a trámite y sigue sin resolverse. Si prospera, la nulidad alcanzaría también a todas las concesiones de nacionalidad dictadas a su amparo, ya más de 545.000, sobre un censo exterior que el Gobierno aspira a ampliar hasta los 2,4 millones.

El Partido Popular lo advirtió

La advertencia constaba desde el principio. En febrero de 2023, la senadora popular Salomé Ayala avisó en el Senado de que el Gobierno iba a «modificar la ley por la puerta de atrás» y de que eso solo traería «anulaciones y revocaciones de las nacionalidades que concedan»; la portavoz socialista respondió que no quedaba «ningún cabo suelto». Este medio ha podido constatar que, en la vía penal, la querella que otra asociación presentó en 2024 contra Sofía Puente por presunta prevaricación fue archivada.

Después de que El Debate revelara esa falta de anclaje jurídico, llegó una nueva querella contra la firmante. El 1 de julio de 2026, la asociación Hazte Oír la presentó contra Sofía Puente, de nuevo por presunta prevaricación, con el mismo argumento de fondo: que la instrucción reescribió la ley al cambiar la exigencia de acreditar el exilio por una presunción cronológica, la de haber salido de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. A pesar de la batería de preguntas presentada ayer por el PP, ningún miembro del Gobierno ha comparecido en el Parlamento para explicar por qué una instrucción administrativa, de rango inferior a la ley, amplió lo que las Cortes habían rechazado hasta en dos ocasiones.