Sánchez queda en una posición imposible después de que Hacienda se persone a rastras contra Zapatero

Casi un mes y medio después de que la UDEF encontrara en una caja fuerte en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero joyas no declaradas por valor de 1,3 millones de euros, la Abogacía del Estado finalmente puso el huevo.

El departamento, dependiente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de Félix Bolaños, confirmó este jueves que se personará en representación de la Agencia Tributaria en la pieza separada abierta por el juez José Luis Calama contra el expresidente del Gobierno por presunto delito fiscal y contrabando.

En realidad, la Abogacía del Estado no tenía mucha escapatoria después de que, el pasado viernes, el instructor ofreciera a la Agencia Tributaria personarse como «potencial perjudicada», puesto que Zapatero nunca tributó por esas joyas. Sumado a que, en las últimas horas, se había conocido la renuncia de la directora general de la AEAT y de otros dos altos cargos suyos una vez acabada la campaña de la Renta, que el Ejecutivo ha intentado por todos los medios desvincular del caso Zapatero.

De manera que, no personándose, habría sido peor el remedio que la enfermedad. De hecho, la oposición considera que, si se hubiera tratado de cualquier otro contribuyente, la Agencia Tributaria se habría apresurado a actuar de oficio. Como en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. «Pero, ¿quién manda en el jefe de la Agencia Tributaria? Pues ya sabe», señaló hace unos días el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos.

La incongruencia máxima

La personación de Hacienda como potencial perjudicada por una presunta evasión de impuestos ha colocado a Pedro Sánchez en una posición política ya no difícil de mantener, sino directamente imposible. Porque, en este mes y medio, el presidente del Gobierno ha mostrado su «respaldo, empatía y apoyo» a Zapatero, ha proclamado reiteradamente su presunción de inocencia y ha dado por buena la versión del entorno del expresidente de que las joyas fueron un regalo del ya fallecido Rey de Arabia Saudí Abdalá bin Abdulaziz en 2007, cuando visitó España para recibir el Toisón de Oro.

Pero es que, además, se ha negado a pronunciarse sobre si moralmente es asumible que Zapatero se quedara esos collares y tampoco ha querido opinar sobre si debería devolverlos. Sánchez fue preguntado por estos dos últimos asuntos en una comparecencia que dio en Bruselas el pasado 19 de junio. Allí, el presidente argumentó que en 2007 «no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del Gobierno», aun cuando él sabía que regía un Código de Buen Gobierno que el propio Ejecutivo de Zapatero aprobó en febrero de 2005.

Respecto a la posible devolución de las joyas se limitó a sostener: «Esa pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo. Pero, en todo caso, hay que reconocer a José Luis Rodríguez Zapatero que quien aprobó esa ley, con una mayoría parlamentaria progresista, liderada por el PSOE, fue, precisamente, José Luis Rodríguez Zapatero».

Más recientemente, en el Pleno sobre corrupción celebrado el miércoles de la semana pasada en el Congreso, Sánchez afirmó: «Primero, en su Gobierno no hubo un solo escándalo. Segundo, hace quince años que no ostenta un cargo público. Tercero, le avala como poco, por tanto, la presunción de inocencia; colabora con la justicia -lo ha manifestado-; ha defendido con gran convicción la legalidad de su actividad privada, como la de tantos expresidentes del Gobierno, y esa convicción y su trayectoria política explican la confianza que nos merece, que me merece a mí personalmente».

Lo de que esté colaborando con la Justicia es bastante discutible. En su declaración ante el juez del pasado 17 de junio, Zapatero se negó a responder a las preguntas del fiscal, no solo de las acusaciones populares. Es decir, únicamente respondió al magistrado y a su abogado. Además, en esa comparecencia pidió al instructor entre una semana y diez días para aportar la documentación sobre el origen de las joyas. El plazo que él mismo se dio ha vencido y no hay noticias. Y un tercer hecho: su letrado está intentando anular como pruebas el contenido del móvil de Rodolfo Reyes (que fue máximo accionista de Plus Ultra) y el resultado de todos los registros. Sobre todo, el de su despacho.

Es de prever que el Gobierno proclame ahora que, con el PSOE, la Agencia Tributaria, la Abogacía del Estado y demás organismos públicos trabajan con autonomía, sin presiones y buscando el bien común. Es de prever porque es lo mismo que vienen sosteniendo sobre la Guardia Civil tras conocerse que su directora general, Mercedes González, mantuvo entre 2024 y 2025 tres reuniones con Leire Díez y después continuó la interlocución con ella por Whastapp. Con mensajes que borraba automáticamente de su teléfono.