La Comisión Europea cierra la puerta a revisar el rescate de Plus Ultra y se limita a «tomar nota»

La Comisión Europea ha informado al PP de que no va a revisar el rescate de Plus Ultra porque no se considera competente; aun cuando los populares aducían que el presunto uso de información privilegiada que se investiga en la causa abierta por la Audiencia Nacional podría «vulnerar los principios europeos de igualdad de trato, buena administración y transparencia».

El vicepresidente y comisario de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourne, remitió el lunes un escrito a la portavoz del grupo popular en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en el que se lo deja claro: «La Comisión no tiene intención de sustituir a los órganos jurisdiccionales competentes para examinar los actos de la Administración española por los que se conceden o deniegan ayudas concretas».

Séjourne recuerda que Bruselas abrió un plazo para que «las partes interesadas que se considerasen afectadas» pudieran impugnar esta o cualquier otra ayuda vinculada al Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas del Gobierno de España, y que ese plazo ya se cerró.

Tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, a finales de mayo, Montserrat registró en la Eurocámara una pregunta con petición de respuesta escrita a la Comisión Europea advirtiendo de que la presunta trama hispano-venezolana «habría utilizado contactos políticos y acceso privilegiado a información para influir en la concesión de fondos públicos europeos». Y por ello preguntaba al Gobierno de Ursula von der Leyen si tenía «previsto» revisar el rescate y qué medidas iba a adoptar para verificar si se quebrantaron esos principios de transparencia, igualdad de trato, control y buena administración.

En su respuesta, el vicepresidente Séjourne también se mantiene al margen de la instrucción judicial por parte del magistrado José Luis Calama. «La Comisión toma nota de la información sobre el proceso penal relacionado con la concesión de una ayuda de recapitalización a la compañía aérea Plus Ultra. La Comisión no tiene observaciones que formular sobre una instrucción en curso», zanja.

Cuando en diciembre se produjeron las primeras detenciones, entre ellas las del empresario amigo de Zapatero Julio Martínez Martínez, Montserrat ya preguntó por escrito al gobierno comunitario si ello no justificaría un pronunciamiento suyo. El propio Séjourné le respondió que era un asunto español: «El régimen de ayudas del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas se financió con cargo a los Presupuestos Generales del Estado del Reino de España. La concesión de ayudas financiadas con cargo a dichos Presupuestos queda, por tanto, excluida del régimen de obligaciones establecido en el Reglamento (UE) 2020/2223 y no guarda relación con la protección del presupuesto de la UE», argumentó entonces.

La aerolínea recibió 53 millones de euros del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas que creó el Gobierno de España durante la pandemia y al que el gobierno comunitario dio su visto bueno el 31 de julio de 2020. Estaba dotado con 10.000 millones de euros.

Tras la imputación inicial del expresidente Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales (luego se unieron contrabando y delito contra la Hacienda pública), uno de los principales argumentos esgrimidos por los socialistas para defender la limpieza del rescate es que recibió todas las bendiciones de la Comisión Europea.

Sin embargo, y como contó este periódico el 26 de mayo, el gobierno comunitario nunca autorizó el rescate a la aerolínea venezolana, que estaba en quiebra técnica y no tenía liquidez. Y no lo hizo porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez jamás notificó a Bruselas la inyección de 53 millones de euros a la compañía, puesto que no estaba obligado a hacerlo. Solo debía comunicar los rescates a beneficiarios individuales de más de 250 millones de euros, y el de Plus Ultra era sustancialmente inferior a ese umbral.

Es decir, la Comisión Europea validó el fondo en su conjunto, no este rescate en particular. Y lo mismo hizo después el Tribunal de Justicia de la UE, en junio de 2024, tras un recurso presentado por Ryanair: consideró que el fondo español era legal y no contravenía las normas de libre competencia de la UE. Nada dijo de la ayuda a Plus Ultra en particular.