García Ortiz quiere colocar a un fiscal afín como jefe de los delitos por los que está siendo investigado

La lista de aspirantes a la vacante de fiscal de Sala de Delitos contra la Administración Pública –una de las dos plazas de nueva creación que el Ministerio de Justicia aceleraba el pasado mes de marzo– ya está en poder del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien será el responsable de designar a su primer y próximo titular pese a que éste será el encargado de «fijar criterios» jurídicos, entre otros, «sobre el delito» de revelación de secretos por el que está siendo investigado el propio titular del Ministerio Público ante el Supremo.

Una vez concluido el plazo de la convocatoria, un total de seis miembros de la Carrera se ha postulado para ocupar el puesto. Cuatro de ellos, afines a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que presidió García Ortiz –Emilio Sánchez Ulled, el que fuera encargado de la causa del 9-N y el 'caso Palau'; Carlos Castresana, actualmente destinado en el Tribunal de Cuentas; Rafael Escobar, adscrito al Supremo desde 2008; y, Virna Alonso, la jefa del fiscal Julián Salto asignado inicialmente a la investigación por presunto fraude tributario del novio de Isabel Díaz Ayuso –.

Otros dos, sin adscripción alguna: la fiscal Anticorrupción Concha Sabadell y el fiscal Álvaro Redondo, quien cambió de opinión sobre el terrorismo de 'Tsunami' en la causa contra Carles Puigdemont.

Así las cosas, según ha podido adelantar El Debate, quienes parten como favoritos con el visto bueno del fiscal general son tanto Sánchez Ulled, «que responde a un perfil más técnico y al que se le acaba próximamente su destino actual de consejero de Justicia en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea», como Alonso, especialista en Delitos Económicos, y quien «fue una de las fiscales que apareció en las conversaciones incautadas» en el móvil de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, durante las horas previas a la nota de prensa, enviada desde la Fiscalía, relativa a la pareja de la presidenta de Madrid.

En cualquier caso, el nombramiento llega envuelto en una agria polémica no sólo porque el perfil del candidato que, a priori, contará con el respaldo de los cinco votos que controla el titular del Ministerio Público (los tres de los miembros natos del órgano consultivo y los dos de los vocales de la UPF), sino porque para muchos, como la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), resulta inevitable preguntarse «si un investigado puede decidir» el futuro profesional de quien va a tener que tomar posiciones concretas en su situación procesal.

«Nos negamos a creer que el fiscal general del Estado no sea consciente de esta paradójica situación, que roza el sarcasmo, cuando no el escarnio a la propia Carrera y a la sociedad a la que nos debemos. No debe seguir en el cargo ni un minuto más», exigían nada más conocerse la maniobra en marcha, desde la AF.

Cabe recordar, además, que el propio Consejo Fiscal (CF) ya informó, en su momento, en contra de la creación de esta nueva plaza sobre delitos contra la Administración Pública que trata de competir por el control de los asuntos políticos más sensibles en materia de corrupción, entrando en un cierto «conflicto» de atribuciones con la Fiscalía encargada de los mismos.

Si bien el Pleno del CF llamado a cubrir la vacante estaba previsto, en un primer momento, para antes de la Semana Santa, el mismo quedó postpuesto unos días antes de su celebración, el pasado 10 de abril, por un asunto personal de uno de los vocales electos de la UPF. No en vano, García Ortiz es consciente de que un asunto tan sensible requiere del «máximo número de apoyos» posible, dentro de una aritmética que le es adversa.

Quizás por esta razón, y porque la ausencia de un total de cuatro consejeros del cónclave impediría la correcta conformación del mismo, la titular de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite, ha venido advirtiendo en las últimas ocasiones del carácter «obligatorio» de la concurrencia a las citas fijadas bajo pena de sanción interna y de la posibilidad de incurrir, adicionalmente, en consecuencias penales.