El colegio de Sandra Peña corre el riesgo de perder el concierto por el suicidio de la menor

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha advertido este lunes que el colegio sevillano de las Irlandesas de Loreto, donde estudiaba Sandra Peña, la menor que presuntamente se suicidó por sufrir acoso escolar, podría perder el concierto educativo «si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave» del mismo.

«Será la Fiscalía la que determine la posibles responsabilidades, así como la titularidad del centro es la que debe actuar depurando las responsabilidades de su personal conforme a los requerimientos enviados por parte de la Consejería. A partir de ahí, en el caso de que el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave del concierto, se podría determinar su retirada por parte de la Junta», han explicado a Europa Press fuentes de la Consejería.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional confirmó el 16 de octubre de que el colegio no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente según el organismo. Además, informó de que derivaba a la Fiscalía toda la información del caso y abría un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades.

La Inspección Educativa abrió «de forma inmediata» una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro concertado como el registro documental de las comunicaciones y las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, confirmaba igualmente la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor. Además, ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia.

En manos de la Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía de Menores ha recibido ya un oficio de la Inspección Educativa y ha iniciado su estudio para decidir si abre las correspondientes diligencias a raíz del suicidio de Sandra Peña, que se quitó la vida el pasado martes en Sevilla. Fuentes del Ministerio Público han informado este lunes a EFE de que este caso de posible acoso escolar lo lleva directamente la fiscal coordinadora de Menores en Sevilla, Marta Valcarce.

Fuentes del Ministerio Público han informado este lunes a EFE de que este caso de posible acoso escolar lo lleva directamente la fiscal coordinadora de Menores en Sevilla, Marta Valcarce. La documentación remitida por la Inspección Educativa, dependiente de la Junta de Andalucía, se centra en cómo se habría aplicado el protocolo de acoso en este centro educativo.

La consejera andaluza de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, aseguró el pasado viernes que la Inspección había constatado que el colegio de la adolescente adoptó una serie de medidas aunque «no le consta» el inicio de los protocolos de acoso ni el de conductas autolíticas.

La familia de la menor también anunció que emprenderá «todas las medidas legales necesarias» ante la que considera inacción del centro escolar, ya que la única medida que habría tomado fue cambiar de aula a las supuestas acosadoras a petición de la madre de la adolescente, según indicó el tío de la niña, Isaac Villar.