Andalucía reclama prohibir el móvil a menores implicados en acoso escolar tras el suicidio de Sandra Peña

El Gobierno andaluz apuesta por prohibir el uso del teléfono móvil y de las redes sociales a menores que participen en casos de acoso escolar, después del suicidio de Sandra Peña, la alumna del colegio de las Irlandesas de Loreto de Sevilla que decidió acabar con su vida el pasado martes, 14 de octubre, al salir de clase, donde presuntamente era acosada por varias compañeras.

El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto este martes la idea sobre la mesa y ha pedido a las grandes compañías que manejan las redes sociales que bloqueen el uso de descalificaciones e insultos entre menores, con el objetivo de evitar casos de acoso como el sufrido por Sandra Peña, a cuya familia ha trasladado el pésame por su muerte.

Además, se plantea solicitar a las autoridades europeas que actúen para que se prohíba por ley que cualquier menor que haya participado en un caso de acoso escolar pueda acceder a un teléfono móvil y a redes sociales hasta los 18 años.

Por su parte, la Fiscalía de Sevilla ha pedido, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, a una red social la retirada de las imágenes de tres menores identificadas como supuestas acosadoras de Sandra Peña.

En paralelo, el Ministerio Público tiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de la dirección del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

Al respecto, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía advertía este lunes de que el colegio de las Irlandesas de Loreto podría perder el concierto educativo «si el expediente administrativo concluyera que ha existido un incumplimiento muy grave» del mismo. La dirección del centro, por su parte, pedía «cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación».

La niña y su familia habían advertido en varias ocasiones de que era víctima de acoso escolar. Sin embargo, el colegio, que está justo al lado de su casa, no activó el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente, según la Consejería de Desarrollo Educativo.