PP y Vox convierten a Sevilla en el banco de pruebas de un Moreno sin mayoría absoluta

El PP y Vox son dos partidos llamados a entenderse, sobre todo en un contexto político como el actual, donde ambas formaciones se afanan por desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. En algunas ciudades y comunidades donde no cuentan con mayoría absoluta, los populares ya se han visto obligados a negociar leyes –e incluso a compartir Gobierno– con los de Santiago Abascal. Sevilla es ejemplo de ello y se presenta como banco de pruebas de lo que puede pasar tras las próximas elecciones andaluzas.

El Centro de Estudios Andaluces (Centra), en su último barómetro, publicado este lunes, deja en el aire la mayoría absoluta que actualmente ostenta en el Parlamento y que aspira a revalidar Juanma Moreno en su próxima cita con las urnas, prevista para la primavera del año que viene. De tener lugar hoy, el PP ganaría los comicios con una horquilla de entre 53 y 55 escaños, máximo que precisamente marca el límite de la mayoría absoluta en la Cámara andaluza.

Por el momento, la victoria de los populares parece segura, pese a la crisis de los cribados y la trama de la Diputación de Almería, cuyo impacto conjunto ya se contempla en esta última encuesta del Centra. El resultado se explica fundamentalmente por el hundimiento del PSOE de María Jesús Montero, cercada por la corrupción y los casos de abuso sexual en el seno de su partido.

Los populares sumarían más diputados que toda la izquierda junta, pero podrían no alcanzar por uno o dos ese guarismo que les garantizaría la hegemonía y el control parlamentarios durante una legislatura más. En ese escenario deberían llegar a acuerdos con Vox, que es el partido que más crece en el barómetro del Centra. El partido de Abascal rondaría en estos momentos la veintena de parlamentarios (actualmente son 14).

Negociaciones avanzadas

En Sevilla, el PP gobierna precisamente con 14 concejales y en minoría, al quedarse a dos ediles de la mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2023. A principios de año, el Gobierno local de José Luis Sanz alcanzó un acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos para este 2025, por supuesto entre críticas y aspavientos de los partidos de izquierdas, y espera volver a hacerlo con vistas a 2026.

De hecho, las negociaciones están muy avanzadas, con el objetivo de sacar adelante las nuevas cuentas municipales en el pleno de este próximo viernes, 19 de diciembre, y que estas entren en vigor puntualmente, el día 1 de enero. El Gobierno de Sanz ya ha aceptado 16 de las 18 enmiendas presentadas por Vox a los presupuestos; una decisión que se enmarca en este proceso de acercamiento entre ambas partes.

Una de estas enmiendas consiste en repartir 1,7 millones de euros en 'cheques bebé' entre las familias sevillanas que tengan un bebé en 2026. Este instrumento ha contado en 2025 con una partida inicial de 100.000 euros para su puesta en marcha y promoción. El Ayuntamiento comenzará a conceder las ayudas el año que viene. En Sevilla, según datos del INE, nacen cada año alrededor de 6.000 niños, por lo que cada cheque estará dotado con unos 280 euros.

Para fomentar la natalidad y ganar así población, el PP y Vox también han acordado ya una subvención de 40.000 euros para asociaciones provida y un incremento del presupuesto de la Oficina de Atención a la Maternidad, abierta el pasado mes de mayo con una partida de 165.000 euros y recientemente vandalizada con pintadas de «fuera chiringuitos fascistas» y a favor del «aborto seguro, libre y público».

Líneas rojas de Vox

Sin embargo, el acuerdo no está ni mucho menos cerrado. Vox ha establecido dos líneas rojas. La primera es dejar sin efecto la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja y sus multas (casi 19.000 en su primer año), excepto cuando se sobrepasen los niveles de contaminación permitidos por la Unión Europea. La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, defiende el fin de las multas porque la restricción de acceso «ataca a los trabajadores que no pueden adquirir un vehículo de última generación o eléctrico».

La otra exigencia de Vox es la implantación de un protocolo reforzado de comprobación de la residencia en las solicitudes de inscripción, con un plazo máximo de 15 días, para evitar que inmigrantes en situación irregular puedan empadronarse en la ciudad. Dicho de otro modo, y en resumen, los de Santiago Abascal no quieren ni «fanatismo climático» ni inmigración ilegal.

Así las cosas, la portavoz municipal de Vox no confirmaba aún este martes el apoyo de su grupo a los presupuestos, aunque agradecía la «actitud» del Gobierno local al aceptar la gran mayoría de sus enmiendas. El alcalde ya afirmó el lunes que le parece «buena postura» el hecho de «alejarse de los temas que nos separan y de acercarnos en los temas que nos unen para garantizar la estabilidad y que esta ciudad tenga un presupuesto en el 2026».

La experiencia de Sevilla sirve como anticipo del escenario al que podría enfrentarse Juanma Moreno tras las próximas elecciones andaluzas. Los acuerdos ya alcanzados entre el PP y Vox en la capital hispalense sientan las bases de un entendimiento que, a tenor de las encuestas, podría necesitar Moreno en su siguiente mandato.