A pesar de conocer sus deberes, la madre decidió cambiar la residencia de los hijos sin consentimiento de su expareja
A juicio una mujer por llevarse a sus dos hijos menores desde Sevilla a Badajoz sin el permiso del padre
La madre de los dos menores encontró una nueva pareja en Extremadura, por lo que se mudó allí llevándose a los niños con ella «sin consentimiento» del progenitor
Una mujer que sacó de Tocina (Sevilla) a sus dos hijos menores de edad para llevárselos hasta un pueblo de Badajoz sin consentimiento del padre, del que estaba divorciado, será juzgada tras la denuncia de este.
Un juzgado de Lora del Río ha procesado a la mujer al entender que existen «indicios racionales de criminalidad» para imputarle provisionalmente un delito de sustracción de menores, según recoge Diario de Sevilla, el cual está castigado con entre dos y cuatro años de cárcel y de cuatro a diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad.
En el auto, se recoge que el caso derivó de una denuncia del progenitor en el año 2023, un proceso que llegó a archivarse de manera provisional pero que tras recurrir, la Audiencia de Sevilla dio la razón al padre.
Tras tomar declaración a ambas partes, la magistrada dice que «indiciariamente se desprende» que en el marco del divorcio se dictó una sentencia, posteriormente modificada, en la que el Juzgado Mixto de Lora del Río «fijó a favor del padre visitas intersemanales de dos días y fines de semana alternos desde la recogida del colegio hasta el horario estipulado».
Cambio de residencia
Durante varios años el acuerdo se desarrolló con aparente normalidad, pero la madre encontró una nueva pareja, con la que se casó, mudándose a Extremdura. A pesar de ser conocedora de las resoluciones judiciales y de las medidas acordadas, el 1 de septiembre de 2023 se llevó a los dos menores a la provincia de Badajoz, donde estableció su residencia y los cambió de centro escolar. Todo ello, «sin consentimiento» del progenitor.
La autoridad judicial entiende con todo ello que existen «indicios racionales de criminalidad» que permiten imputar el artículo 225 bis del Código Penal a la investigada, por lo que se incoe procedimiento contra la madre por dicho delito de sustracción de menores.