La primera juez de los ERE, Mercedes Alaya
Andalucía
Quince años de los ERE: la mayor macrocausa de corrupción socialista se alargará al menos hasta 2030
La jueza Mercedes Alaya, que en 2011 se encargaba del caso Mercasevilla, abrió en ese momento las diligencias previas que derivarían en la investigación por la concesión de ayudas públicas sin controles
Este lunes 19 de enero se cumplen 15 años exactos desde que la jueza Mercedes Alaya iniciara la investigación de la macrocausa de los ERE. Aquella instrucción derivó en más de 130 piezas separadas en una trama de concesión de ayudas públicas sin control durante los gobiernos socialistas entre 2000 y 2009.
La magistrada, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, investigaba en el año 2011 el caso Mercasevilla que acabó derivando en el conocido caso como de los ERE tras detectar «intrusos» en varios expedientes de regulación de empleo. Había sospechas de que personas que no habían trabajado en esas empresas cobraban prejubilaciones procedentes de ayudas públicas, concedidas sin vigilancia alguna.
Aquel caso derivó en un total de 132 piezas separadas. Aún hoy, quince años después, quedan 60 casos por juzgar de los que 39 se están todavía investigando. En estos tres lustros, cuatro jueces se han encargado de la macrocausa. Tras Alaya, llegaron María Núñez Bolaños, Álvaro Martín y José Ignacio Vilaplana, que sigue al frente desde septiembre de 2019.
O 680 millones o 'solo' 140
La fase de instrucción, según fuentes judiciales, de esas piezas restantes estaría lista para 2028. El hoy presidente de la Audiencia de Sevilla, Álvaro Martín, que fue quien redactó en 2016 el auto de procesamiento de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por prevaricación y malversación, en la llamada pieza política de los ERE, vaticina en Canal Sur que el «desafío» para la justicia se alargará hasta el año 2030.
Entre medias, el Supremo acabó condenando a Chaves y Griñán como símbolo también de la máxima responsabilidad en aquellos desfalcos bajo sus gobiernos, una condena que anularía parcialmente el Constitucional, que pidió una nueva sentencia a la Audiencia sevillana que optó por elevar el asunto a la justicia europea.
La trama de los ERE habría adjudicado 680 millones en ayudas a empresas, aunque las defensas cifran el fraude en 140 ya que el resto se habrían destinado a pagar, según sus cálculos, prejubilaciones que sí eran legales.
Será, por tanto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que se pronuncie sobre las sentencias de la pieza política, un embrollo judicial que ha dividido a la Audiencia de Sevilla entre los partidarios de enjuiciar y condenar a los responsables políticos y los que han archivado algunos de los casos de esas ayudas que aún se instruyen.
«A pesar de los esfuerzos desplegados, la recuperación efectiva de los fondos defraudados ha sido limitada. Hasta la fecha se han recuperado 28 millones de euros, lo que representa un pequeño porcentaje del total estimado que se defraudó», se desprendía en la orden por la cual se autorizaba al gabinete jurídico a personarse en la causa para apoyar que el caso fuera elevado a la justicia europea.
