Siete ex altos cargos de la Junta socialista, a un paso del banquillo por malversar 261 millones de los ERE

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto con el que sitúa a un paso del banquillo de los acusados a siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía socialista y otras cinco personas investigadas en una pieza separada del caso ERE por la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas a la empresa Delphi Automotive Systems España SL. El fraude ascendería a más de 261 millones de euros.

En un auto de 154 folios, fechado el día 15 de octubre y notificado este jueves a las partes personadas en el procedimiento, el magistrado toma esta decisión «por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos» de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 20 días, se pronuncien al respecto.

Vilaplana no estima necesaria la práctica de nuevas diligencias instructoras en esta pieza separada del caso ERE, que alcanza un total de 16 tomos, 6.544 folios, 74 declaraciones sumariales, 25 CD y 4 DVD con documental digitalizada. De esta forma, da por concluida la instrucción y dicta auto de procesamiento.

La causa se dirige contra los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; los exviceconsejeros Justo Mañas, Agustín Barberá, Luis Nieto y Jesús María Rodríguez Román; el exdirector de la agencia IDEA Antonio Valverde, así como contra dos sindicalistas de UGT y CC. OO., dos intrusos –que nunca trabajaron en la empresa y, sin embargo, cobraron las ayudas– y un directivo de Uniter, la mediadora que «intervino en la formalización de las correspondientes pólizas de seguro…».

Según el auto, las «subvenciones excepcionales» se abonaron con cargo al programa presupuestario 31-L, aunque el magistrado recalca que también se usaron otras líneas de ayuda «extramuros de cualquier forma de legalidad», que no se enmarcaban en los programas 22-E y 31-L, tal y como se había planteado en la pieza principal del caso ERE, lo que justificaba una causa separada. El importe total de las ayudas bajo sospecha alcanza los 261.754.334 euros.

El juez aclara que estas ayudas, vinculadas a los Planes Personales de Inserción para extrabajadores de Delphi, no fueron acordadas «por el correspondiente director general de Trabajo –en concierto con el correspondiente, a su vez, director general de IFA/IDEA– con cargo a la partida 31-L». Esto, a su juicio, permite procesar a quienes ya fueron juzgados por el procedimiento específico y a quienes aún no lo habían sido.

El instructor sostiene que la presente pieza separada analiza una operativa diferente a la enjuiciada anteriormente, pues «resulta inequívoco que gran parte de los hechos delictivos objeto de investigación en la presente causa no fueron objeto de enjuiciamiento» en la otra, y remarca que las ayudas no se destinaron a empresas en crisis ni a planes de viabilidad, sino a pagos sin finalidad pública real.

En palabras del magistrado, se aprecia «la ausencia de cualquier finalidad o interés público en el otorgamiento y pago de las subvenciones» a los extrabajadores, quienes ya habían percibido indemnizaciones y fueron contratados de forma ficticia por empresas formadoras subvencionadas. Estas operaciones habrían sido financiadas por la agencia IDEA sin sujeción a procedimiento legal alguno.

El auto señala que la agencia IDEA habría concedido y dispuesto arbitrariamente los fondos para financiar pólizas de prejubilación. Se mencionan pólizas por importe de 250.507.099 euros para extrabajadores de Delphi, otras por 7.840.847 euros para empleados de la industria auxiliar y 3.406.388 euros para afectados con incapacidad. Todo ello habría sido sufragado «sin sumisión a procedimiento legal alguno».

Por otra parte, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional para otros cuatro exconsejeros y dos ex directores de Administración y Finanzas de IDEA, ya que no se puede acreditar que estos superiores jerárquicos de los ex viceconsejeros investigados tuvieran una «deliberada participación» en los hechos, más allá de su posible conocimiento institucional.