La UCO detecta falta de documentos clave para la colocación de Salazar en el Ayuntamiento de Dos Hermanas

La Guardia Civil ha dado un nuevo paso en la investigación sobre la contratación en 2012 de Paco Salazar por el Ayuntamiento de Dos Hermanas. La Unidad Central Operativa (UCO) ha solicitado al juzgado instructor que requiera más documentación al Consistorio nazareno para aclarar el proceso de selección que permitió al exasesor de Pedro Sánchez incorporarse como técnico municipal en el Gran Hipódromo de Andalucía.

La causa está siendo instruida por el Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 7 de Dos Hermanas. La investigación parte de una querella presentada por Vox, que cuestiona la legalidad del fichaje realizado en julio de 2012, bajo el mandato del histórico alcalde socialista Francisco Toscano.

Según la querella de Vox, Salazar habría sido contratado para dirigir tareas de planificación y mantenimiento del hipódromo nazareno, pero con el paso del tiempo habría desempeñado funciones vinculadas al PSOE mientras continuaba percibiendo su sueldo del Ayuntamiento. El exdirigente socialista terminaría ocupando posteriormente puestos de asesoría para Pedro Sánchez tanto en la sede federal del partido en Ferraz como en el Palacio de la Moncloa.

Los investigadores de la UCO se han personado ya en dos ocasiones en el Ayuntamiento de Dos Hermanas para requerir toda la documentación relativa a la contratación de Salazar, que permaneció en su puesto municipal entre 2012 y 2017, año en el que solicitó una excedencia tras asumir responsabilidades orgánicas en Ferraz.

El departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento entregó inicialmente a los agentes la documentación existente sobre el proceso de contratación. Sin embargo, la magistrada instructora ordenó posteriormente solicitar al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) toda la información que pudiera obrar en su poder sobre la oferta laboral que permitió la incorporación de Salazar al hipódromo.

Entre los documentos reclamados figuran la oferta de empleo enviada por el Ayuntamiento al SAE en 2012, el listado de candidatos propuestos por el organismo autonómico, junto con sus currículos, las comunicaciones intercambiadas entre ambas administraciones y una copia del contrato laboral formalizado con Salazar, que debía haber sido notificado al propio servicio de empleo.

De la documentación municipal aportada se desprende que la selección fue realizada por un técnico del Ayuntamiento ya fallecido. Según los papeles remitidos, este funcionario habría elegido al candidato conforme a «criterios objetivos de mérito y capacidad de entre los candidatos propuestos para el puestos y presentados por el Servicio Andaluz de Empleo conforme a su regulación específica».

La oferta habría generado tres candidatos, entre los cuales se habría seleccionado a Salazar por considerarlo el más idóneo para el puesto. No obstante, los investigadores subrayan en su informe que «no constan documentos algunos sobre tales extremos en la información aportada por el Ayuntamiento».

La falta de parte de la documentación clave ha llevado a la UCO a solicitar nuevas diligencias judiciales. En un oficio fechado el 24 de febrero, los agentes señalan además que la contratación fue aprobada por unanimidad en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.

Sin embargo, la legislación de régimen local establece que el alcalde ostenta la jefatura del personal municipal y es quien debe acordar los nombramientos, salvo que exista «una delegación de competencia expresa para dicho contrato». Según la documentación revisada, se deduce que esa competencia habría estado delegada en la Junta de Gobierno Local, pero no se ha localizado el decreto de Alcaldía que formalizara dicha transferencia.

Además, Dos Hermanas no obtuvo la consideración de gran población –que permitiría a la Junta de Gobierno asumir directamente determinadas competencias– hasta más de un año después de la contratación de Salazar. Ante la ausencia del decreto de delegación y de la composición exacta de la Junta de Gobierno del 9 de julio de 2012, la UCO ha pedido a la juez que requiera al Ayuntamiento esos documentos para esclarecer una posible prevaricación administrativa.