Francisco Salazar, el primero por la derecha, en una foto con Pedro Sánchez
Sevilla
La UCO registra el Ayuntamiento de Dos Hermanas por el contrato del asesor de Sánchez que cobraba sin trabajar
La Guardia Civil investiga si Francisco Salazar cobraba 2.000 euros al mes entre 2012 y 2017 sin acudir a su puesto de trabajo en el Consistorio
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han practicado varios registros en dependencias del Ayuntamiento de Dos Hermanas en el marco de la investigación judicial sobre el contrato de Francisco Salazar, exdirigente del PSOE y asesor de Pedro Sánchez que, supuestamente, cobraba un sueldo municipal sin acudir a su puesto de trabajo.
Fuentes cercanas a la investigación señalan que los agentes se personaron en el ayuntamiento para recopilar diversa documentación sobre la relación laboral de Salazar con el Ayuntamiento en la etapa de Francisco Toscano como alcalde, concretamente entre 2012 y 2017, periodo en el que trabajaba ya a tiempo completo tanto en Ferraz como en la Moncloa.
El objetivo de la UCO era obtener contratos, justificantes y registros que permitan determinar si, efectivamente, el exasesor de Pedro Sánchez desempeñó las funciones por las que cobraba del Consistorio nazareno, tras una denuncia de Vox y por orden del Tribunal de Instancia de Dos Hermanas, que ordenó este pasado verano a la Guardia Civil abrir una investigación sobre el contrato de Salazar y la actuación del exregidor Francisco Toscano.
La denuncia de Vox sostiene que Salazar –que dejó a principios de julio sus cargos en el PSOE federal y la Moncloa por acusaciones por parte de varias mujeres de «comportamientos inadecuados»– estuvo contratado como técnico municipal durante cinco años con un sueldo de unos 2.000 euros mensuales sin acudir a su puesto de trabajo.
El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Adrián Trashorras, afirmó en su momento que Francisco Toscano contrató a Francisco Salazar «a sabiendas de que no iba a trabajar para el Ayuntamiento». Así, según el partido de Santiago Abascal, los hechos podrían constituir delitos como malversación, tráfico de influencias o prevaricación administrativa, en caso de que las investigaciones confirmen que no desempeñó las tareas por las que recibió remuneración pública.
Al respecto, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, ha aseverado este miércoles que «no hay nada contra el Ayuntamiento de Dos Hermanas» ni contra «ningún cargo público» del propio Consistorio, en referencia al caso de Salazar.