Un juzgado desmonta el sistema usado por la Diputacion socialista de Sevilla para colocar personal a dedo

La Justicia ha frustrado la estrategia de la Diputación de Sevilla para salvar el sistema con el que fueron nombrados a dedo hasta 35 altos cargos. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 ha declarado nulos los acuerdos aprobados por la institución presidida por el socialista Javier Fernández de los Ríos para mantener unas designaciones previamente anuladas por sentencia firme, entre ellas jefaturas de servicio y direcciones de centros.

El auto, fechado el pasado 22 de mayo, acuerda la ejecución forzosa de una sentencia previa que ya había invalidado el sistema de libre designación utilizado para cubrir estos puestos. Según la nueva resolución, «este sistema de provisión de puestos de trabajo excluye la participación de funcionarios que podrían optar si la provisión fuera en virtud de un concurso general».

El juzgado también declara nulos los intentos posteriores de la Diputación para mantener estos nombramientos pese a la sentencia inicial. El nuevo fallo rechaza la estrategia seguida por la institución provincial para «convalidar» las designaciones, al considerar que un acto administrativo que ha sido anulado judicialmente carece ya de validez. Con esta resolución se pone fin a un conflicto que fue denunciado por el sindicato CSIF hace tres años y que había dado lugar a diversos acuerdos y actuaciones posteriores.

Entre los puestos afectados figuran jefaturas de servicio correspondientes a la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de áreas como Concertación o Cultura y Ciudadanía. Asimismo, se encuentran incluidos responsables de mantenimiento y servicios generales y direcciones de distintos centros dependientes de la Diputación, entre ellos las residencias de Marchena y San Ramón, que ahora quedan afectadas por la anulación decretada por la Justicia.

El tribunal subraya en los fundamentos jurídicos del auto que «no es posible acudir al instituto de la convalidación de actos administrativos [...] cuando dicho acto ya ha sido anulado por sentencia judicial firme, que tiene como efecto que deja de existir en la esfera jurídica». A partir de este razonamiento, la resolución declara la nulidad de todas las actuaciones impulsadas por la Diputación con el objetivo de preservar un sistema de provisión de plazas que ha quedado definitivamente invalidado.

La nueva sentencia incluye además una advertencia expresa a las autoridades y funcionarios responsables sobre las consecuencias de un eventual incumplimiento. El tribunal señala que, en caso de persistir en desatender el mandato judicial, podrían imponerse multas de entre 150 y 1.500 euros. Además, el auto contempla la posibilidad de deducir testimonio para exigir responsabilidades penales por un eventual delito de desobediencia, así como reclamaciones por daños y perjuicios derivados de la falta de ejecución.

El origen del conflicto se remonta a la modificación de la relación de puestos de trabajo aprobada en mayo de 2023, cuando la Diputación implantó «de golpe» un sistema de concurso específico para plazas que hasta entonces se cubrían mediante procedimientos ordinarios.

La sentencia dictada en diciembre de 2024 ya concluyó que aquella modificación carecía de la «más mínima motivación». Pese a ello, la Diputación de Sevilla, gobernada por el PSOE con el apoyo externo de Con Andalucía –marca provincial de Izquierda Unida y Podemos–, trató de sostener el modelo mediante informes jurídicos y acuerdos plenarios que ahora han sido declarados nulos por el juzgado sevillano.