Vox aprieta y presenta un recurso de alzada para suspender la licencia de la gran mezquita de Sevilla

El nuevo curso político en Sevilla se ha iniciado este jueves, aún en agosto, y lo ha hecho tal y como finalizó el anterior, con el proyecto de la mezquita como protagonista. Vox ha interpuesto un recurso de alzada contra la licencia concedida el pasado 28 de julio por la Gerencia de Urbanismo a la Fundación Mezquita para construir su Centro Cultural Islámico en el Polígono Sur.

El partido de Santiago Abascal solicita que la licencia sea declarada nula o, subsidiariamente, anulada o revocada, y que se acuerde su denegación. Mientras tanto, reclama la suspensión cautelar inmediata de su eficacia y de cualquier habilitación para iniciar las obras hasta que exista una resolución firme.

El proyecto contempla un edificio de tres plantas sobre rasante y sótano con un minarete de 30 metros de altura. En su interior habrá salas de oración diferenciadas para hombres y mujeres, zonas de abluciones, zona del imán, patio y jardín de mezquita, sala de conferencias, salón multiusos, cocina industrial, cafetería, tienda, espacios de coworking, aulas, biblioteca, oficinas, alojamientos comunitarios y aparcamientos.

Para Vox, esta configuración obliga a determinar cuál es realmente el uso principal del conjunto y qué régimen urbanístico debe aplicarse. De hecho, el principal argumento del recurso parte de la discrepancia entre la denominación del proyecto y sus características materiales.

El promotor defiende que no se trata de un centro de culto, sino de un equipamiento cultural y social en el que la mezquita tendría carácter complementario. Vox, sin embargo, destaca la presencia de las salas de oración, de abluciones, la zona del imán, los espacios propios de mezquita y el minarete de 30 metros.

Las dimensiones aportadas al expediente constituyen otro de los elementos objeto de recurso. Según sus cálculos, la mezquita ocupa 771,40 metros cuadrados en la planta baja, frente a los 681,70 metros cuadrados del centro cultural. En cuanto a la volumetría, atribuye al espacio religioso 10.799,6 metros cúbicos, frente a 6.680,66 del centro cultural. «No basta con denominar centro cultural a un proyecto para que el uso religioso deje de ser su elemento principal», sostiene Vox.

En caso de que se considere que el uso principal es religioso, Vox reclama que se aplique el artículo 6.6.12 del PGOU, que establece un límite del 40 % para determinadas actividades complementarias y alojamientos respecto de la superficie destinada al culto. El recurso calcula que, sobre los 1.144 metros cuadrados de superficie útil de la mezquita, ese porcentaje equivaldría a 457,6 metros cuadrados, mientras que los alojamientos y accesos alcanzarían los 551,8.

Los 11 alojamientos previstos también son objeto de impugnación. Vox cuestiona que puedan calificarse simplemente como «alojamientos temporales» vinculados al bienestar social y subraya que el propio arquitecto los identifica como «viviendas», organizadas de forma independiente para garantizar su autonomía funcional. La formación considera que su naturaleza debe determinarse atendiendo a sus características materiales y a la normativa residencial, y no únicamente a la denominación utilizada.

El recurso cuestiona asimismo la presencia de una cafetería, una tienda, espacios de coworking y oficinas, al considerar que no existe una justificación suficiente sobre su compatibilidad con la parcela dotacional. Vox reclama que se determine si estos usos son realmente coadyuvantes de los fines previstos y contribuyen a mejorar las condiciones urbanas de la zona. También denuncia la ausencia de un estudio de detalle que, según sostiene, sería necesario al constituir la parcela una manzana completa.

El minarete, foco de controversia

Otro de los focos de controversia es el minarete de 30 metros. Vox entiende que, cuando el planeamiento no fija expresamente una altura, esta debe responder a las necesidades del equipamiento y a las características del entorno. A su juicio, el proyecto y los informes municipales no ofrecen una motivación urbanística objetiva suficiente para justificar esa altura, pese a su posible incidencia sobre el paisaje urbano y los valores arquitectónicos, sociales y culturales de la zona.

Vox pone en duda la calidad de los informes municipales que sustentaron la licencia y señala varias cuestiones que, a su juicio, no habrían quedado suficientemente claras, tales como el uso principal efectivo, el límite del 40 %, la naturaleza de los alojamientos, los usos terciarios, el aforo y la evacuación, la movilidad, las servidumbres aeronáuticas y determinadas incidencias catastrales. También plantea sus reticencias sobre las salas de oración diferenciadas para hombres y mujeres y solicita un informe del Instituto Andaluz de la Mujer al respecto.

El recurso incorpora además otros argumentos relativos a la publicación de determinaciones gráficas del PGOU, al histórico incumplimiento del deber de edificar el solar, a la titularidad de la parcela y a la voluntad formal de la fundación promotora. Con todo ello, considera que la licencia se concedió sin resolver cuestiones esenciales sobre la naturaleza del proyecto y su compatibilidad con el planeamiento.

«Lo que estamos reclamando es que se cumpla el planeamiento urbanístico y que todas las cuestiones relevantes del proyecto sean analizadas y motivadas antes de permitir que las obras puedan comenzar. No se puede dar por resuelto lo que precisamente constituye el objeto central de la controversia», afirman los de Abascal.

Corresponderá ahora al órgano competente resolver el recurso y determinar si la licencia concedida se ajusta al planeamiento urbanístico y al resto de la normativa aplicable. Hasta entonces, Vox reclama que no se permita iniciar los trabajos y que se mantenga suspendida cautelarmente la eficacia de la autorización.