Prohens reclama pruebas dentales a inmigrantes ilegales en todas las comunidades para «evitar el engaño»

La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, ha reclamado la «necesidad» en todas las comunidades autónomas de impulsar pruebas dentales a inmigrantes para determinar su edad para «evitar el engaño a las administraciones y proteger» a los menores en los centros de protección.

En un mensaje en la red social X, la líder del Ejecutivo autonómico ha reprochado que «algunos» llamaron «racista» al Gobierno balear cuando presentó la incorporación de la ortopantomografía como prueba complementaria para determinar «con mayor precisión» la edad de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a las costas del archipiélago.

«Hoy se constata como una necesidad en todas las comunidades», ha sostenido Prohens. Con todo, la presidenta balear ha defendido que su Govern «trabaja con seriedad y siempre pensando en el bienestar de los menores».

Un caso en Melilla

Precisamente, la Ciudad Autónoma de Melilla detectó el viernes un segundo adulto entre los tres primeros menores inmigrantes que iban a ser trasladados a otras comunidades en el procedimiento de reubicación iniciado por el Gobierno, lo que ha impedido materializar ninguno hasta el momento.

En un mensaje grabado, la consejera de Políticas Sociales y Salud Pública, Randa Mohamed, ha informado de que el decreto de mayoría de edad llegó justo antes de realizar el viaje de estos migrantes, cuyos expedientes había resuelto la Delegación del Gobierno la semana pasada y fueron los primeros firmados en todo el territorio nacional.

Mohamed ha recordado que la contingencia migratoria fue declarada el 29 de agosto y, según la normativa, desde esa fecha el Gobierno tiene un plazo de 15 días para trasladar a los menores que lleguen, si bien «a día de hoy no ha salido ni un solo niño de la ciudad autónoma».

«Ya habíamos avisado de este peligro en varias ocasiones porque sabíamos que con esos plazos, que no se han consensuado con nadie, y con ese tipo de criterios, nos arriesgábamos a que se podían colar mayores de edad», ha aseverado la consejera, convencida de que «no funciona» este real decreto «impuesto» por el Gobierno «sin consenso» y con el objetivo de «beneficiar a dos comunidades autónomas».