El diputado Agustín Buades durante un pleno en el Parlamento balear Isaac Buj / Europa Press 07/7/2025
El diputado Buades pide a Prohens que no entregue la ‘lista negra’ de objetores al Gobierno
La Consejería de Salud asegura que la tramitación del registro sigue su curso y recuerda que la atención al aborto está garantizada
Agustín Buades ha solicitado al Gobierno de Baleares que se abstenga de entregar la lista de objetores de conciencia, advirtiendo que se trata de «una auténtica caza de brujas». El diputado no adscrito y ex de Vox alerta de que no existe la certeza de que se mantenga la confidencialidad de los datos, lo que podría «señalar a determinados profesionales sanitarios que tienen derecho a la objeción de conciencia y obstaculizar su ejercicio con dignidad y tranquilidad».
Pese a estas críticas, el Gobierno de Marga Prohens asegura que cumplirá con el requerimiento del Gobierno de Pedro Sánchez y confirma que está dando «los pasos necesarios» para crear el Registro de Personas Objetoras de la ley del aborto, que exige la administración central. El Ejecutivo envió un requerimiento a Madrid, Asturias, Aragón y Baleares, concediéndoles un plazo de tres meses para poner en marcha el listado; sólo la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díez Ayuso, se ha negado a hacerlo.
Según fuentes de la Conselleria de Salud consultadas por El Debate, el decreto que establecerá el registro se encuentra en fase de audiencia previa y sigue los pasos marcados por el Acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, aprobado para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 1/2023, que modifica la normativa sobre salud sexual, reproductiva y aborto. La normativa, con rango de decreto, avanza con normalidad.
La medida, considerada por los críticos como una «lista negra», genera preocupación entre los médicos. Desde el Colegio Oficial de Médicos de Baleares advierten sobre el temor a que se vulnere la confidencialidad de los profesionales y consideran que es fundamental garantizar el derecho a mantener en secreto la identidad de quienes se inscriban y que no se produzca discriminación hacia los que ejerzan su derecho a la objeción de conciencia.
La Consejería balear insiste en que, pese a la polémica, la prestación sanitaria está garantizada y que el decreto avanzará conforme al protocolo aprobado en diciembre de 2024. «El registro se tramita con normalidad y las mujeres tienen asegurado el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todos los hospitales públicos del archipiélago», recalcó la consejera hace unos días.
Los datos oficiales muestran que la polémica llega en un contexto de incremento sostenido de abortos en Baleares. Según el informe IVE 2024, el número de interrupciones voluntarias del embarazo cerró el año en 3.317, la segunda cifra más alta de la historia del archipiélago, solo por detrás de 2011.
