La jueza ordena repetir el juicio del ‘bebé del contenedor’ por las dudas sobre la titulación del perito de la defensa

El juicio por la muerte de la recién nacida hallada en un contenedor de basura en Manacor deberá empezar de nuevo. La magistrada presidenta del Tribunal del Jurado ha decidido suspender definitivamente el procedimiento y disolver el jurado popular al detectar irregularidades en la única prueba pericial presentada por las defensas, un informe elaborado por un médico cuyo título de Medicina podrían no estar homologado en España.

La magistrada ha convocado al jurado esta mañana en la Audiencia de Palma para comunicarles formalmente su decisión, una medida inédita en Baleares.

El jurado popular había agotado ya el plazo máximo de cinco días sin sesiones permitido por ley, mientras se intentaba aclarar la situación del experto que elaboró el informe pericial clave para la defensa. Ante la imposibilidad de resolver las dudas sobre su cualificación, la jueza ha decretado la disolución del jurado y la suspensión definitiva del procedimiento.

Según la magistrada, el único informe pericial aportado por la defensa no puede considerarse prueba válida porque el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que quien elabora un dictamen pericial posea un título oficial. Al no cumplirse este requisito, la jueza entiende que continuar el juicio supondría dejar a la defensa sin su única prueba y, por tanto, vulnerar el principio de igualdad de armas, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española.

Las defensas han comunicado al tribunal que no han podido encontrar otro perito que sustituya al anterior, motivo que la magistrada ha tenido en cuenta para suspender el procedimiento y disolver el jurado.

Durante la vista, el Ministerio Fiscal solicitó que se dedujera testimonio contra el perito y se abriera una investigación judicial para aclarar su situación profesional. Las defensas no se opusieron, y la magistrada ha acordado remitir las actuaciones correspondientes.

El juicio se interrumpió el pasado miércoles, cuando la presidenta del Tribunal del Jurado supo que el médico forense Carlos Cuadrado Gómez-Serranillo, quien había declarado un día antes, podría no tener homologado su título en España. Su testimonio, sin embargo, era crucial porque defendía que la recién nacida no llegó a respirar y que, en caso de hacerlo, «habría sido un vegetal». Una tesis que contradice los informes oficiales.

En el banquillo se sientan la madre y el tío de la bebé, acusados de arrojarla a un contenedor tras un parto prematuro en el interior de un coche, el 2 de noviembre de 2023. Según la Fiscalía, ambos actuaron «siendo plenamente conscientes de que la niña estaba con vida». La madre entregó al hombre a la recién nacida, que fue depositada en un contenedor de basura donde un testigo la descubrió minutos después. Pese a la intervención de la Policía Local y su traslado urgente al Hospital de Llevant, los médicos no lograron salvarla.

Los informes forenses oficiales establecieron que la bebé nació viva y murió poco después por una parada cardiorrespiratoria agravada por la falta de atención médica y un posible traumatismo craneal. Las defensas, en cambio, sostienen que la mujer creyó haber sufrido un aborto espontáneo y que la niña nació sin vida. Para sostener esa versión se apoyaban en el informe del perito ahora invalidado.

El Ministerio Fiscal solicita prisión permanente revisable para la madre y el tío por un delito de asesinato, y acusa además a la tía de omisión del deber de impedirlo. Los tres fueron detenidos días después de los hechos; la madre y el cuñado ingresaron en prisión preventiva y recuperaron la libertad semanas más tarde bajo fianza.