«Vox apoya las políticas del PP en Palma, en cambio la oposición de izquierda sólo ha intentado destruir»

Jaime Martínez (Palma, 1971) gobierna la capital balear en minoría, con apenas diez concejales del PP. «Y está siendo difícil e intenso», admite el alcalde, aunque traza una línea nítida entre dos oposiciones muy distintas: Vox, con quien mantiene un pacto programático que roza ya el 70% de cumplimiento, y la izquierda —PSOE, Més y Podemos—, a la que acusa de limitarse a obstaculizar y «destruir». Al llegar al cargo se encontró, dice, con mucho «humo» heredado del anterior gobierno tripartito. Desde entonces, ha eliminado más grafitis que nunca, ha reforzado la seguridad con más policía y proyecta una Palma ambiciosa, decidida a aspirar a Capital Europea de la Cultura 2031. Defiende la supresión del requisito del catalán en las principales empresas municipales como un paso hacia la normalidad lingüística. Carga contra la gratuidad universal del transporte público impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, un café para todos que considera «no sostenible», y acusa a Francina Armengol de mantener bloqueada en el Congreso una ley del Senado para desokupar en 24 horas, una medida «clave» ante la crisis de vivienda que azota la ciudad.

—¿Es usted el alcalde de Palma o el alcalde de Palma de Mallorca?

—Siempre lo he dicho: soy el alcalde de Palma y soy el alcalde de Palma de Mallorca. Los debates estériles los aparco. La gente debe tener libertad para llamar a la ciudad como quiera. Administrativamente el topónimo está como está, y no voy a marear a los ciudadanos cambiando denominaciones. Hay cuestiones mucho más importantes en el día a día.

—Entonces, el topónimo se queda como está.

—De momento, no hemos dado ningún paso para cambiarlo.

—Tras dos años y medio de legislatura, ¿qué ha cambiado en Palma?

—Han cambiado muchas cosas, sobre todo la inercia. Había ámbitos muy abandonados: la limpieza, la seguridad, el mantenimiento. Eso había que revertirlo de manera urgente. Y, al mismo tiempo, hemos sentado las bases del modelo de ciudad que queremos. Un modelo no se construye en dos días y que necesita años. Pero desde el principio tuvimos claros varios ejes transversales —cultura, deporte, sostenibilidad— y también otros más complejos, como la vivienda, que no dependen sólo del Ayuntamiento. En todos ellos estamos actuando.

—¿Qué le pide la gente por la calle?

—De todo. Hay críticas, hay felicitaciones, pero sobre todo se habla mucho de seguridad. La presencia policial es una de las demandas más claras. Y eso refuerza nuestro proyecto: un modelo que combina nuevas tecnologías —cámaras inteligentes, drones— con más policía en la calle, más proximidad, más presencia a pie. Esa combinación genera expectativas porque responde a una necesidad real.

—¿Qué Palma quiere dejar en 2027?

—Una ciudad donde se haya revertido el abandono de los servicios públicos básicos: limpieza, mantenimiento y seguridad. Eso ya está en marcha. Estamos eliminando más grafitis que nunca, reforzando la limpieza en todos los barrios, aumentando la plantilla policial y aplicando una ordenanza cívica aprobada hace seis meses para corregir conductas incívicas.

Pero también quiero dejar implantado un modelo de ciudad claro: proyectos como la reforma de la Plaza Mayor, el edificio de Gesa, toda la fachada marítima, nuevos equipamientos deportivos o la incorporación de una gran finca de tres millones de metros cuadrados como pulmón verde, conectada con la ciudad. Una Palma abierta al mar y a la Serra, más limpia, más segura y con más oportunidades.

—¿Hay alguna promesa electoral que ya sepa que no podrá cumplir?

—Creo que estamos cumpliendo de forma bastante rigurosa el programa. Es verdad que algunas cosas van más lentas de lo que uno quisiera, porque la administración es compleja, pero los compromisos están en marcha. Incluso estamos incorporando reivindicaciones históricas de barrios y colectivos que no figuraban inicialmente en el programa.

—Gobernar con diez concejales frente a dieciocho no debe de ser fácil.

—Ha sido intenso. Es la primera vez en 40 años que Palma se gobierna en minoría y con sólo diez regidores. Eso genera una complejidad importante. Pero llevamos tres presupuestos aprobados y todo el programa de gobierno en marcha. Eso demuestra que hemos sabido dialogar, consensuar y explicar nuestro proyecto. Vox ha apoyado las políticas del Partido Popular (PP) porque ha entendido que el programa de gobierno era el adecuado.

—Vox dijo que usted tendría dos oposiciones.

—Sí, pero hay dos tipos de oposición diferentes, una constructiva y otra destructiva. Hemos tenido al PSOE, a Més y a Podemos, que lo único que han hecho por la ciudad de Palma es intentar destruir y no crear ningún tipo de puente con el equipo de gobierno. En cambio, con Vox hemos sido capaces de llegar a un acuerdo programático y lo estamos cumpliendo. Yo creo que eso dice mucho de ese programa de gobierno, pero también de ese compromiso con la ciudad, tanto del equipo de gobierno como en este caso la oposición de Vox.

—¿En qué punto está el cumplimiento del pacto de 95 medidas entre PP y Vox?

—Hablar de porcentajes es complicado, pero diría que estamos en torno al 70 o 75 %. Casi todo está iniciado. Si no fuera así, no tendríamos presupuestos para 2026. Eso demuestra que el pacto funciona y creo que estamos cómodos, tanto el equipo de gobierno (PP) como Vox -y Fulgencio Coll- en esa línea de trabajo. Espero que cuando lleguemos al 2027 podamos decir que hemos sido capaces de cumplirlo todo.

—¿Cuál es hoy el principal problema de Palma?

—La vivienda. Y no sólo de Palma, en Mallorca, en Baleares, en España y en Europa. Y hemos de recordar que de las últimas cuatro legislaturas, en tres gobernó la izquierda. Por lo tanto, las políticas de vivienda que nos encontramos implantadas en su momento hace dos años eran las de la izquierda. Y revertirlo no es inmediato, no es como limpiar una calle, requiere medio y largo plazo. Hemos puesto en marcha un plan de choque: vivienda a precio limitado, vivienda de protección pública para distintos colectivos y proyectos que permiten aumentar la oferta gracias a cambios legislativos que agilizan trámites.

—¿De cuántas viviendas hablamos?

—Yo creo que podemos cerrar la legislatura con unas 2.000 viviendas. Además, hay entre 4.000 y 5.000 más en tramitación vinculadas a desarrollos urbanísticos con cesiones al Ayuntamiento de protección pública. Y tenemos otros proyectos a medio y largo plazo. Está Son Busquets, donde estamos intentando que estas 800 viviendas que dependen del ministerio se impulsen definitivamente.

—Cada año se empadronan unas 5.000 personas más en Palma. ¿Cómo se gobierna en la España que se llena?

—Con mucha dificultad. A eso se suma la presión turística. El año pasado llegaron a España 100 millones de turistas, y casi el 40 % a Baleares y Canarias, que son territorios pequeños y muy limitados. Esa presión debe compensarse. No podemos hacer que los ciudadanos de Palma paguen con sus impuestos una actividad que beneficia al conjunto del país.

Por eso reivindico una financiación específica de esa España que se llena, digamos del litoral; y lo tenemos que encarar. Nosotros en Palma estamos preparando un centro de control demográfico y turístico, en el distrito de innovación, para trabajar con datos reales y poder modular esa presión.

—¿Qué papel juega el alquiler turístico ilegal?

—Tiene parte de culpa, sobre todo el ilegal, porque retira vivienda del mercado residencial. En Palma está prohibido al 100 %. Trabajamos con el Consell de Mallorca para perseguirlo. Pero no es el único factor. También influye la inseguridad jurídica en la ley de arrendamientos urbanos y de propiedad horizontal que no quiere cambiar Pedro Sánchez, la okupación, la falta de cambios en la ley estatal. Todo eso retrae a muchos propietarios. Hay mucha vivienda vacía. Para sacarla al mercado hacen falta incentivos y seguridad jurídica. Sólo así funcionará.

—Ante la falta de vivienda, han proliferado asentamientos y autocaravanas en la ciudad. ¿Cómo se afronta este asunto?

—Lo primero es no mirar hacia otro lado. Hemos identificado caso por caso. Hay situaciones sociales, de salud, de vulnerabilidad, y otras en las que no hay voluntad de esa persona que está en la calle y que muchas veces pues no acepta una serie una serie de normas y por lo tanto no quiere que se le dé una solución por parte de la administración.

También hay un problema de políticas migratorias y de falta de control estatal. El Ayuntamiento tiene competencias muy limitadas. Actuamos en lo social y en lo urbanístico, y trabajamos con Policía Nacional, pero muchas decisiones dependen de Madrid.

—¿Es sostenible la gratuidad universal del transporte público que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez?

—No. Creo en las bonificaciones para quien lo necesita: estudiantes, mayores, personas vulnerables y según qué usuarios... pero no tiene ningún sentido que el transporte público urbano sea gratis para todo el mundo. Los servicios públicos tienen un coste y alguien lo paga. En el resto de España se bonifica, no se regala. Es una falsa gratuidad que tenemos que soportar por esa decisión de Pedro Sánchez; porque no es gratis y alguien la paga, y ahora ese agujero que además nos genera cada año lo pagan todos los ciudadanos de Palma. Hemos pasado de 40 a 65 millones de usuarios en dos años. Eso tensiona el sistema. Mi objetivo era mejorar frecuencias y recuperar líneas, y lo estamos haciendo, pero con un esfuerzo enorme. Además, estamos renovando la flota y este año tendremos casi 60 autobuses eléctricos nuevos.

—El billete subirá este año de dos a tres euros, ¿al final serán los turistas quienes tendrán que pagar esa gratuidad?

—Es una adaptación a precios europeos. Quien viaja sabe lo que cuesta el transporte en otras ciudades. Para residentes seguirá siendo gratuito y, si en el futuro cambia, habrá bonificaciones como antes.

—¿Para qué quiere el dinero de la ley de capitalidad?

—Para cubrir servicios e infraestructuras. Palma tiene casi 500.000 habitantes y 50.000 plazas turísticas. En Mallorca hay 400.000 plazas turísticas, y al final son visitantes que vienen a Palma en algún momento. Las entradas, tanto el aeropuerto y el puerto, son en Palma. Entonces, hay una presión absoluta por ser capital, tanto porque dispone de diferentes equipos que se utilizan por parte de todos los mallorquines o de Baleares. Las infraestructuras confluyen aquí. Y esa presión hay que compensarla.

La ley de capitalidad de 2006 fijaba una aportación por parte del Gobierno de 30 millones, y ya han pasado 20 años. Ahora hemos aprobado en el pleno que sean 60 millones actualizables por población e IPC. No es un privilegio, es justicia. En los últimos ocho años, [el anterior gobierno de izquierdas] se dejó de reclamar hasta 150 millones, lo que se traduce en equipamientos y mejoras que no se hicieron.

—Crearon una oficina antiokupación que apenas tiene actividad. ¿Ha fracasado?

—No. Es una oficina integral: antidesahucios, información sobre alquiler, vivienda turística y ocupación. El problema es legal. Si no se actúa en 24 o 48 horas, la administración tiene poco margen. Habría que preguntar en este caso por qué Francina Armengol tiene parada en el Congreso de los Diputados una ley aprobada en el Senado para desalojar a esos okupas en 24 horas.

—Ha dicho que han eliminado más grafitis que nunca. ¿Cuántos?

—Sólo en 2025, hasta noviembre, se quitaron más de 8.300. En todo 2021 fueron 2.600. Cuando llegamos había entre 25.000 y 30.000 grafitis. Es una batalla larga, pero la vamos a ganar. Hemos previsto sanciones de hasta 3.000 euros y, si afecta a edificios protegidos, se traslada a la Fiscalía.

—¿Se prohíben definitivamente las party boats?

—Sí. Exigí a la Autoridad Portuaria que no autorice esa actividad en el muelle de las Golondrinas de Palma. Habrá excursiones, pero no party boats. Además, hemos pedido declarar el Paseo Marítimo y Cala Major como zonas de especial protección para poder actuar también desde el Ayuntamiento.

—Sobre el requisito del catalán, ¿qué cambios ha hecho?

—Hemos pasado de requisito a mérito en empresas municipales como la EMT (transporte), Emaya (limpieza) o la funeraria. Este año revisaremos todos los puestos del Ayuntamiento, siempre dentro de la legalidad autonómica, para valorar dónde puede aplicarse el mismo criterio.

—Desde que los Premios Ciutat de Palma vuelven a ser bilingües, las candidaturas se han disparado. ¿Ha funcionado?

—Ha sido un éxito. Era un compromiso. Durante ocho años sólo se podía participar en catalán. Hemos recuperado la normalidad lingüística y la participación ha aumentado notablemente. Los datos lo confirman.

—Palma quiere ser Capital Europea de la Cultura en 2031. ¿Es realista?

—Es una oportunidad. No era un objetivo inicial, pero el trabajo cultural que estamos haciendo nos llevó a plantearlo. España sólo puede presentar candidatura cada 15 años. Si no lo conseguimos, el proyecto cultural seguirá. Pero sería un reconocimiento a una ciudad milenaria, mediterránea y diversa.

—¿Se potenciará el turismo religioso en Palma?

—Es una línea en estudio. Palma tiene un patrimonio excepcional, muchas iglesias góticas y elementos históricos de gran valor. Queremos facilitar su visita, igual que hacemos con otros espacios patrimoniales, siempre en colaboración con la Iglesia.

—Cruceros: ¿cuántos y de qué tipo podemos permitirnos?

—Defendemos que Palma sea puerto base, no de tránsito. Que los cruceristas pernocten y generen valor. Apostamos por barcos más pequeños y de mayor poder adquisitivo. También pedimos tasas, aunque no son competencia municipal. Eso se decidirá en la mesa de sostenibilidad que coordina el Govern.

—Fue muy crítico con el ministro Óscar Puente por la reforma del Paseo Marítimo el día de la inauguración, ¿cómo se tomó él la crítica?

—Tenía que serlo. La obra ha generado problemas de movilidad y ha eliminado 1.400 aparcamientos. Dije claramente que no era el Paseo Marítimo que queríamos. Pedí compensaciones y aparcamientos alternativos, y que los 200 millones del tranvía —que no se hará— se destinen a movilidad real. Pero aún no he tenido respuesta.

- También fue muy crítico con la concejala de Podemos Lucía Muñoz, que se sumó a la flotilla de Gaza y, mientras tanto, no acudió a los plenos. ¿Está permitido ausentarse un mes de sus obligaciones y seguir cobrando el sueldo público?

-Lo primero que hice al conocer la situación —ella me informó una semana antes de su viaje— fue responderle oficialmente recomendándole que no se marchara, recordándole que sus obligaciones estaban en Palma, asistiendo a comisiones y plenos. Cuando finalmente se fue, consulté con Secretaría y los servicios jurídicos para ver si era posible sancionarla o suspenderle el empleo y sueldo, y me confirmaron que la legislación no lo permite. Por eso, lo que hice en el pleno fue instarla a que se dedique a sus responsabilidades: aunque esté en la oposición, sus obligaciones son con los ciudadanos de Palma. Y le advertí de que la próxima vez que tenga que ausentarse, puede solicitar una suspensión de empleo y sueldo, y se la concederemos con gusto.

—¿Qué fue lo más chocante que encontró al llegar a la alcaldía?

—El famoso contador de árboles del alcalde socialista José Hila. Era el símbolo del humo. Los árboles no se cuentan, se plantan. Nosotros hemos plantado más que ellos en ocho años y no hacemos propaganda. Muchos proyectos anunciados eran puro titular: estaban mal tramitados o bloqueados. Hemos tenido que desbloquear desde escoletes (guarderías) hasta equipamientos deportivos.

—¿Se presentará en 2027?

—Sí. Mi compromiso es continuar. Este proyecto necesita más de cuatro años para consolidarse y evitar que se revierta.

—Dicen que su rival será Iago Negueruela, mano derecha de Armengol. ¿Le preocupa?

—Es ya el cuarto candidato que anuncian. Antes fueron otros tres. José Hila fue el primero y ahora está de senador; Rosario Sánchez la segunda y ahora es secretaria de Estado de Turismo, y luego Xisco Ducrós. Creo que se han precipitado mucho pero no me preocupa. El PSOE ha demostrado que no le interesa Palma. Todos los que estaban al principio de la legislatura comprometidos se descomprometieron en nada.

—¿Hasta cuándo cree que durará el sanchismo?

—Ojalá poco. El sanchismo está finiquitado desde hace tiempo. No hay presupuestos, no hay reformas, sólo concesiones a sus socios. España necesita un gobierno que acompañe proyectos como el de Palma y que piense en los ciudadanos.