La derecha deroga hoy la Ley de Memoria entre la «victoria» y «batalla de las ideas» de Vox y el «no era prioridad» del PP

El Parlamento balear se enfrenta este martes a uno de los plenos más tensos de la legislatura. La mayoría de derechas, formada por el Partido Popular y Vox, eliminará la Ley de Memoria Democrática de Baleares, aprobada en 2018 durante el gobierno de la socialista Francina Armengol, contando solo con el respaldo de la izquierda.

La norma nació ya rodeada de polémica política y académica. Aunque en su exposición de motivos proclama la voluntad de reconocer y reparar a todas las víctimas de la Guerra Civil, en la práctica las políticas públicas derivadas de ella se han centrado casi exclusivamente en la represión franquista y en quienes defendieron la causa republicana. Las iniciativas institucionales —exhumaciones, homenajes, publicaciones, señalización de espacios de memoria o retirada de símbolos— se orientaron fundamentalmente hacia ese relato, mientras que las víctimas del otro bando, como las causadas por la represión republicana o por los bombardeos sobre ciudades como Palma, quedaron en un plano secundario o directamente fuera del radar gubernamental. El mensaje, evidentemente, iba solo a unos.

Por ello, desde Vox sostienen que la ley construye un relato parcial del pasado y esa selección convierte la política memorialista en una narración incompleta de la historia reciente. «La imposición de una verdad oficial», resumen. Por ello, la formación ha presentado su derogación como una victoria política e ideológica.

Vox habla de «victoria» y quiere debates ideológicos

El portavoz adjunto del grupo parlamentario, Sergio Rodríguez, ha celebrado que la eliminación de la ley sea «la primera norma aprobada en el Parlament a propuesta de Vox». No en vano, para los de Santiago Abascal la votación -y victoria- de este martes en Baleares forma parte de lo que llaman “la batalla de las ideas". Una de sus banderas, sin duda.

De hecho, Rodríguez ha defendido que Vox no solo quiere centrarse en cuestiones que afectan directamente a los ciudadanos, sino también en debates ideológicos que, en su opinión, «la derecha tradicional» -el Partido Popular- había evitado durante años.

Consideran que la actitud «tibia» del PP ha contribuido a que la izquierda marcase la agenda y el ritmo. “Si no se da esa batalla, se trabaja en el marco mental e ideológico de la izquierda", ha señalado.

Además, Rodríguez sostiene que la decisión será adoptada por los diputados elegidos por los ciudadanos, «lo que refuerza el carácter democrático de la medida», en alusión al mensaje de los nacionalistas de Més per Mallorca que este lunes aseguraban que el partido de Abascal «no es democrático».

PP, prudencia: «La Ley de Fosas sigue en pie»

Por su parte, el Partido Popular afronta el pleno con una posición más prudente. El portavoz parlamentario de los populares, Sebastià Sagreras, ha defendido la derogación desde la «tranquilidad» ya que, según ha subrayado, «en Baleares seguirá vigente la Ley de Fosas aprobada en 2016», por lo que sí habrá continuidad de ciertas acciones memorialistas.

Además, desde la bancada popular admiten que para el Partido Popular «la ley de memoria democrática nunca ha sido una prioridad política» pero que finalmente ceden «por el pacto de gobernabilidad firmado con Vox».

¿Y lo oposición? Tal y como manda el guión, la izquierda interpretará el voto popular como una cesión a Vox dentro de la aritmética parlamentaria que sostiene al gobierno y acusará a la bancada popular, especialmente a la lideresa Marga Prohens, de «traición» durante el debate del pleno. Sin sorpresas.

Los expertos coinciden: una ley que sirve de poco

En cualquier caso, historiadores y expertos conocedores de las políticas de memoria en Baleares coinciden en que la derogación de la ley tendrá un impacto limitado en la práctica. Recuerdan que existe legislación estatal vigente en materia de memoria democrática que seguirá aplicándose en las islas con independencia de lo que ocurra en el Parlament. Esa normativa establece obligaciones para las administraciones públicas, regula el régimen sancionador y fija un marco general de reconocimiento a las víctimas que continúa plenamente en vigor. En este sentido, la de Baleares se presentaba más como un guiño ideológico que operativo.

Además, estos especialistas subrayan un extremo clave: una ley sin dotación presupuestaria es papel mojado. Buena parte de las medidas previstas en la norma balear de 2018 dependían de planes, censos o proyectos que nunca llegaron a desarrollarse plenamente o que quedaron paralizados por falta de financiación. En la práctica, sostienen, muchas de sus disposiciones habían quedado en un plano más declarativo que operativo.

En la línea del PP, los expertos recuerdan que las políticas públicas que realmente han tenido impacto en el archipiélago no dependen de la ley que hoy muere sino de la Ley de Fosas, aprobada en 2016 por unanimidad y que continuará en pie después de este martes.

Este texto es el que regula las exhumaciones, las investigaciones sobre desaparecidos y la identificación de restos humanos. Cabe recorcar que gracias a esta legislación se han podido abrir distintas fosas en las islas y continuar los trabajos de recuperación de víctimas. Y así seguirá siendo.

Las labores de búsqueda de desaparecidos seguirán adelante -no habrá obstáculo legal que lo zancadillee- y también el reconocimiento institucional de las víctimas de la violencia de la guerra, incluidos los bombardeos que sufrió la población civil de ambos bandos.

Por otro lado, varios historiadores especializados señalan que la ley que ahora se derogará incluía algunas medidas que habían quedado en punto muerto, como la creación de un censo público de víctimas de la Guerra Civil en Baleares, un registro que el Govern de Armengol comenzó a elaborar pero que quedó lejos de completarse.