Rafael, víctima de la inquiokupación, sobre la moratoria antidesahucios: «Gobierno, ya está bien»

Se llama Rafael, o mejor dicho, se llama Rafael para los medios de comunicación. No quiere dar la cara, no quiere salir en fotografías. Tal es el miedo que sufre, a pesar de ser la víctima: un piso arrendado desde hace 20 meses y sólo un mes cobrado. «Firmaron, se metieron y adiós. No vi un duro más», relata a El Debate este afectado de la inquiokupación. Este martes, después del batacazo del Gobierno de Perdro Sánchez en el Congreso de los Diputados, al tumbar PP, Vox y Junts su decreto ómnibus -y con él, la moratoria antidesahucios-, Rafael es uno de los miles de pequeños propietarios de vivienda que celebra esta pequeña victoria.

Su historia es la de un ciudadano cualquiera de clase media, trabajo como autónomo «que gana normal» y después de «muchos años de ahorros», compra un pequeño piso en Mallorca para alquilar. Fue su ruina, económica y psicológica.

Un alquiler «normal»

Hace 20 meses, Rafael firmó un contrato de alquiler con una pareja que demostró ser solvente y, aparentemente, responsable. El acuerdo era claro: 900 euros al mes, sin cargas adicionales, y una convivencia tranquila en un inmueble de tamaño medio.

Al principio, todo fue según lo pactado. Rafael cobró la primera mensualidad en tiempo y forma, y sintió que había dado con inquilinos serios. «Parecían personas normales, sin hijos, con empleo estable», recuerda ahora.

Pero las apariencias engañan. Al poco tiempo de mudarse, la pareja empezó a incumplir los plazos de pago. Rafael fue paciente: accedió a retrasos, a promesas de regularización y a acuerdos verbales que nunca llegaron a cumplirse.

Lo que no figuraba en ningún contrato —y que pronto complicó todo aún más— fue la llegada de un menor al inmueble.

«Al principio me dijeron que era un sobrino que venía unos días», explica. “Luego que se quedaba una temporada… y al final resultó ser su hijo".

La presencia del menor cambió radicalmente el escenario. Lo que era un problema económico pasó a ser un conflicto legal y emocional, con un margen de maniobra cada vez más reducido para el propietario.

De cobros pendientes a deterioro personal

Con cada mes que pasaba, los pagos pendientes crecían. Rafael no solo dejó de percibir la renta pactada, sino que comenzó a asumir un desgaste psicológico constante: llamadas, mensajes, excusas y la sensación de estar atrapado en una situación sin salida.

«No era solo el dinero. Era la impotencia. Sentirte culpable por reclamar lo que es tuyo», explica. La inversión que debía darle tranquilidad se convirtió en una fuente permanente de ansiedad.

Finalmente, Rafael decidió acudir a los tribunales. Reclama 20.000 euros por rentas impagadas y daños, además de los meses de tratamiento psicológico que asegura haber necesitado como consecuencia directa de la situación.

«Eso nadie te lo devuelve. El dinero quizá algún día, la salud mental no», afirma.

Una pequeña victoria tras meses de derrota

Este martes, sin embargo, Rafael reconoce haber sentido algo que llevaba tiempo sin experimentar: una pequeña satisfacción.

El fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez al intentar sacar adelante en el Congreso de los Diputados un decreto ómnibus —que, bajo el paraguas de las pensiones, incluía medidas que beneficiaban a los llamados inquiokupas— fue recibido por Rafael como un raro momento de alivio.

«No es alegría, porque mi problema sigue ahí», aclara. »Pero al menos esta vez no han legislado contra gente como yo".

Para él, la iniciativa suponía un nuevo golpe a los pequeños propietarios, que sienten que cada cambio normativo refuerza la posición del inquilino incumplidor mientras debilita la del dueño legítimo del inmueble.

Una situación que se repite

Cada vez más pequeños propietarios denuncian sentirse desprotegidos, atrapados en procesos largos y costosos, mientras observan cómo el debate político parece ignorar su situación.

Rafael no se considera un especulador ni es un gran tenedor. «Soy una persona normal que alquiló un piso suyo, comprado con mucho esfuerzo. ¿Acaso querer prosperar es malo? En este país se ve que sí».

Rafael quería una inversión sencilla. Hoy arrastra una deuda, un procedimiento judicial abierto y un desgaste emocional difícil de cuantificar. El rechazo del decreto no soluciona su problema, pero le deja una sensación clara: «Al menos, esta vez, no han hecho la vida todavía más difícil a los que cumplimos la ley».

Una victoria mínima, casi simbólica, pero suficiente para recordarle que no está completamente solo.