Prohens rechaza la regularización masiva de inmigrantes: «Aquí no cabe todo el mundo»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, alerta de que la regularización extraordinaria de inmigrantes que el Gobierno generará un «nuevo efecto llamada» hacia Baleares, en un momento de peor crisis migratoria y presión sobre los servicios públicos del archipiélago.

«Con Baleares pasando por su peor crisis migratoria tras la llegada de más de 20.000 inmigrantes ilegales en los últimos cinco años y con el reto de un crecimiento poblacional que es insostenible, Sánchez pacta una regularización masiva que contribuye a un nuevo efecto llamada a nuestras Islas», criticó la presidenta en un mensaje difundido en su cuenta de X.

La líder autonómica subrayó que se trata de «una regularización masiva irresponsable que premia la entrada irregular, alienta a las mafias que se lucran de la desesperación e ignora la capacidad de integración en la sociedad».

Asimismo, criticó que la medida no atiende a la escasez de vivienda, la presión sobre los servicios públicos ni la limitación de los recursos naturales del archipiélago.

Prohens defiende la necesidad de una inmigración ordenada y responsable y repitió que «aquí no cabe todo el mundo, no cabe quien no viene a contribuir y a integrarse. La inmigración debe ser legal y ordenada. La nacionalidad y la residencia se merecen, no se regalan».

La presidenta balear considera que esta regularización se produce mientras quienes buscan residir legalmente y trabajar en España se enfrentan a unos servicios de Extranjería «colapsados».

Una decisión tomada a ciegas

En la misma línea, se pronunció el director general de Inmigración del Govern balear, Manuel Pavón. «Una vez más, es una decisión tomada a ciegas, sin planificación y sin consenso con el resto de comunidades autónomas y corporaciones locales», criticó ante la falta de claridad sobre los criterios que se aplicarán, las obligaciones que se exigirán y cómo se garantizará la integración de quienes se regularicen.

Pavón advirtió de que la medida no recaerá sólo sobre el Estado sino que será asumida por «las comunidades», entre ellas Baleares, que vive «una crisis humanitaria sin precedentes».

El responsable autonómico defendió que «dar papeles no garantiza la integración». «La integración no se decreta, se construye con empleo estable, acceso a la vivienda digna, conocimiento del idioma, respeto por nuestras costumbres y normas comunes. Sin eso, una regulación masiva como la que parece, se quedará en papel mojado y va a generar más precariedad y tensión social».

Falta de datos

Además, admitió la falta de datos precisos: de los 20.000 inmigrantes que llegaron en pateras a las Islas en los últimos cinco años, no se sabe cuántos permanecen ni cuál es la capacidad de acogida. Aun así, Pavón aseguró que el Govern tiende la mano al Gobierno, aunque sin mostrarse «optimista» sobre el diálogo que está por venir.

Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez ha explicado que la medida se dirige a extranjeros que ya residen en España y busca «garantizar derechos y dar seguridad jurídica a una realidad social existente», según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Para acogerse, los solicitantes deberán cumplir requisitos como carecer de antecedentes penales relevantes y acreditar cinco meses de residencia mediante documentos como el padrón, certificados médicos o contratos de alquiler. Durante la tramitación, se suspenderán los procedimientos de expulsión y se otorgará una autorización provisional que permite trabajar legalmente y acceder a derechos fundamentales, incluida la asistencia sanitaria.

Si la solicitud es favorable, se concederá una residencia por un año, tras la cual se podrá solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería. La ministra y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, precisó que los inmigrantes podrán presentar su solicitud entre principios de abril y el 30 de junio.

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas y cuyo trámite fue aprobado en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque sigue pendiente en el Congreso.