¿Vivir de rentas? En Baleares no compensa comprar para alquilar

En un país en el que la vivienda se ha convertido en la principal preocupación ciudadana, hablar de vivir de las rentas suena casi obsceno, un tabú en según qué círculos (por supuesto, en una izquierda que criminaliza al propietario y se enroca en el «una familia, una casa» de Gabriel Rufián). Pero el hecho, es que ese vivir de las rentas existe. Siempre han existido y siempre existirán particulares que aspiren a hacerlo, ya sea mediante pisos heredados que se convierten en salvavidas patrimonial o bien, comprando casas (gangas, o sea, unicornios) que luego se alquilan como inversión segura. Pues bien, Baleares no es país para este segundo supuesto, el de comprar barato y alquilar caro.

La ecuación es sencilla: el coste de adquisición de una vivienda en Baleares es tan elevado que reduce drásticamente el rendimiento del alquiler. Comprar para alquilar no permite obtener márgenes atractivos, ni a corto ni a medio plazo. La rentabilidad bruta se sitúa en niveles modestos si se compara con otras zonas de España donde el precio de entrada es menor. El negocio inmobiliario entendido como inversión —comprar, alquilar y obtener un retorno competitivo— no funciona en las islas.

Este patrón se repite en las principales ciudades del archipiélago. En Palma, los alquileres son altos y la demanda es constante, pero los precios de compra lastran el rendimiento. En Ibiza, donde el alquiler alcanza cifras récord, el coste del inmueble es tan elevado que el margen final se estrecha hasta niveles poco atractivos para el inversor. En Maó y Ciutadella, con mercados más pequeños y estables, la situación no es muy distinta: rentabilidades contenidas y escaso atractivo para quien busca hacer negocio con el alquiler.

Y bajando un peldaño -pero en el ecosistema inmobiliario- los locales y los garajes se revelan como el peor de los negocios en Baleares: en Palma, los locales comerciales apenas ofrecen una rentabilidad del 7,3 %, un porcentaje que la coloca como la tercera capital menos atractiva para este tipo de inversión, empatada con grandes mercados tensionados como Madrid, València o San Sebastián.

Aún peor es el escenario de los garajes, el producto menos rentable en la capital balear: un exiguo 3,1 %, que sitúa a Palma como la cuarta capital con menor retorno de toda España, solo por delante de Salamanca, Palencia y Granada, y ya por debajo incluso de lo que paga el bono del Estado.

El Gobierno, de la bonificación total a una penalización

Pero más allá de la vivienda y los inmuebles como negocio, el gran debate gira en torno al acceso a la compra o el alquiler. Especialmente en Baleares. Cuatro de los cinco municipios más caros para adquirir vivienda se encuentran en las islas y concretamente en Ibiza.

Con estos mimbres, los gobiernos se lanzan a anunciar medidas que palien este drama. El Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba hace un mes una bonificación fiscal completa a los propietarios, del 100 %, en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que compensara lo que ganarían si incrementaran el precio del alquiler al renovar el contrato a los inquilinos. «De esta manera ganamos todos», defendía entonces el presidente. Sus socios, en cambio, le dieron la espalda.

Desde Podemos, la secretaria general del partido, Ione Belarra, sentenciaba que «es para que ardan las calles en movilización social». «La solución del gobierno a la brutal crisis de vivienda es más regalos fiscales a los caseros. En serio, basta ya».

Rufián (ERC) apuntaba que «o se legisla para que con la vivienda no se especule o la izquierda se va al carajo para lustros», al tiempo que incidía en el lema que viene defendiendo desde hace semanas: «Una familia, una casa».

Bildu, por su parte, se negaba -se niega a fórmulas de este tipo- porque es «regalar dinero público a los caseros para que ganen aún más».

A por los caseros

Vistas las reacciones de los socios, el Ejecutivo echó el freno de mano y se echó a sus brazos. Así, esta semana se ha filtrado que los ministerios de Vivienda y Hacienda, en manos socialistas, estudian una penalización a quienes encarezcan el precio de su casa alquilada. Según el globo sonda, se trataría de reducir la deducción del 50% para quienes suban el precio.

Pero ni así convencen a sus socios. Sumar han apuntado que restar una parte de la deducción del IRPF a los caseros sólo supone disminuir un «privilegio fiscal» del que ya disfrutan. Los de Yolanda Díaz ven de «injusta» esta vía, que en su opinión «pone el foco de nuevo únicamente en los intereses» de los propietarios.

«Sumar considera que la solución a esta crisis de vivienda no puede partir de la voluntariedad de una parte. En este caso, de la buena voluntad del casero», han indicado dichas fuentes, que han insistido en que una «prórroga automática de los alquileres» es la única medida con «un impacto real y no cosmético».