PP y Vox liquidan en Baleares la Ley de Memoria selectiva de Armengol

El Parlamento balear liquidó este martes una de las normas más controvertidas del mandato de la socialista Francina Armengol en la anterior legislatura. El pleno de la Cámara autonómica consumó la derogación definitiva de la Ley de Memoria Democrática, una norma aprobada en 2018 sin consenso por los partidos de izquierda y que se consolidó como una herramienta de memoria parcial, enfocada exclusivamente en el reconocimiento de las víctimas republicanas mientras se invisibilizaba al resto.

«Cumpliré mi palabra y el único acuerdo firmado por mi grupo parlamentario: el pacto presupuestario con Vox». Con esta contundencia, la presidenta balear, Marga Prohens, zanjaba a primera hora de este martes en el hemiciclo cualquier atisbo de duda sobre su hoja de ruta. La derogación de la norma, que cristaliza una de las cláusulas fundamentales del acuerdo de investidura en 2023 y presupuestario de 2025 suscrito con la formación de Santiago Abascal, pone el broche definitivo a un capítulo parlamentario tan turbulento como accidentado.

El pasado 17 de diciembre de 2024, la iniciativa fracasó tras una ruptura temporal entre los socios de gobierno debido al repliegue de Vox en todos los gobiernos del PP, incluido Baleares pese a que no estaba dentro del gobierno autonómico.

En ese momento, el PP se vio obligado a pactar con la izquierda la retirada de unas enmiendas de Vox que se habían introducido por error en la ley de simplificación administrativa y que bloqueaban la gobernabilidad.

Pero aquel paréntesis fue temporal. Tras el compromiso presupuestario en 2025, el PP y Vox retomaron la iniciativa, superaron la fase de enmiendas a la totalidad frente a las críticas de la izquierda y han dejado el texto listo para su derogación definitiva este martes.

Abucheos y espaldas a Vox

Para Vox, esta jornada supone un hito histórico. La formación liderada por Santiago Abad ha hecho de la eliminación de esta ley «sectaria, revanchista y manipuladora» su gran puesta de largo legislativa con una foto de familia en la escalinata del Parlamento balear, tras la votación. A la salida de la sala de plenos, fueron abucheados -se han referido a ellos como porcs (cerdos)- por asistentes de asociaciones memorialistas, que seguían el pleno sentados junto con una veintena de representantes de Vox que también acudieron a compensar el apoyo a su partido.

Los diputados de Vox han celebrado el fin de la «dictadura del pensamiento único», insistiendo en que la norma anterior buscaba «borrar a media España» y dividir a los ciudadanos.

El PP: «Una ley innecesaria»

Por su parte, el PP ha gestionado el trámite con un tono pragmático recordando que la Ley de Fosas de 2016 —aprobada en su día por unanimidad— permanece intacta, garantizando la labor de búsqueda y exhumación, lo que hace que la Ley de Memoria Democrática sea hoy «innecesaria».

La diputada popular Cristina Gil, aseveró que la ley de Armengol se había convertido en una herramienta de confrontación política, de la cual se había hecho un «uso partidista» por parte de la izquierda. La diputada Cristina Gil afirmó que la verdadera reconciliación fue la de la Transición y criticó el «maniqueísmo» de la norma actual.

La oposición exhibió su malestar. Con retratos de víctimas republicanas desde los escaños, PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos arremetieron contra la «extrema derecha», acusando al PP de «traición» y de plegarse a movimientos que «amenazan los fundamentos de las sociedades democráticas».

El PSOE calificó la jornada como un «martes triste» para la sociedad. Su portavoz, Iago Negueruela, aludió a la «rabia» de quienes intentan borrar la memoria, acusó al PP de perder la dignidad frente a la «ultraderecha» y prometió que su primera medida al recuperar el poder «el año que viene» será restaurar esta ley.

Los nacionalistas de Més per Mallorca y Més per Menorca consideraron que el PP actúa «muerto de miedo» ante Vox, permitiendo que la «ultraderecha» marque la agenda ideológica. También compararon la falta de poner «límites» con el ascenso de los fascismos europeos de los años 30 y alertaron de que hoy la democracia se «vacía desde dentro» mediante la desinformación.

Unidas Podemos sostuvo que esta derogación no sólo afecta a las víctimas sino a la calidad de la democracia misma, acusando al bloque de la derecha de votar «en contra de los derechos humanos».

Para Vox, el fin de maniqueísmo

Para Vox, sin embargo, el fin de esta ley pone fin del «maniqueísmo» de una ley injusta que divide a los españoles en «buenos y malos». Rodríguez reivindicó en la tribuna a las víctimas del bando nacional y falangistas, citando casos como los fusilamientos de Paracuellos o el asesinato de Calvo Sotelo, criticando que se hayan retirado nombres de calles de personajes como Ruiz de Alda mientras se mantienen homenajes a figuras como Indalecio Prieto o Lluís Companys (a quien culpó de la muerte de sus propios familiares).

El clima de tensión se trasladó a la calle jaleada por la izquierda. La Plataforma per la Memòria Democràtica convocó una protesta a las 11.15 horas frente al Parlament, buscando escenificar el rechazo de las entidades memorialistas ante lo que consideran un retroceso en el reconocimiento de la verdad histórica. Un puñado de manifestantes entraron al interior del parlamento, invitados por los partidos de izquierda. «Cuando entren ésos nos giramos de espaldas», indicaban en referencia a Vox. A la salida del pleno fue peor.

Pese a las críticas, la derogación de esta ley no altera la realidad memorialista, ya que la búsqueda de desaparecidos seguirá adelante amparada por la Ley de Fosas de 2016 y la legislación nacional, que ya contempla sanciones para quienes realicen apología de la dictadura o insulten a la memoria de las víctimas de cualquier bando.