La Iglesia sale al rescate del mayor desalojo de Palma y ofrece refugio a los okupas de la antigua prisión

La Iglesia sale al rescate de las 200 personas que okupan la antigua prisión de Palma. El Obispado de Mallorca ha tendido la mano al Ayuntamiento de la capital balear para encontrarles cuanto antes una solución habitacional. Es la única institución que ha movido ficha ante este enorme desalojo, el mayor de la historia de la ciudad. El consistorio lleva semanas reclamando auxilio al resto de administraciones implicadas —Delegación del Gobierno, Govern y Consell— sin que por el momento haya cristalizado una respuesta efectiva.

Fue este sábado, en una reunión celebrada entre el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y representantes de distintas instituciones públicas. La diócesis expresó su disposición a colaborar en el realojo de las personas que hoy siguen viviendo en el recinto, un inmueble sobre el que pesa ya una orden de desalojo dictada por el Ayuntamiento de Palma pero cuyos titulares se niegan a acatar. «No tenemos dónde ir», explicaba hace pocos días una de los okupas a El Debate. «Si (mal)vivimos aquí es porque no podemos pagar ni una habitación. No pueden decirnos 'a la calle' sin más», agregaba con angustia.

Ahora, llega esta oferta. Un ofrecimiento, no obstante, que no se plantea como una solución en bloque. Tanto el Obispado como el resto de entidades coinciden en que cada caso «deberá estudiarse de manera individualizada, con el fin de ofrecer respuestas ajustadas a la realidad de cada persona». No es lo mismo, dicen, la realidad de una pareja con ciertos ingresos que personas con trastornos psiquiátricos o adicciones. Ni por supuesto, personas con historial delictivo que se han instalado y han reventado la convivencia, con peleas y agresiones.

Espacios de la Iglesia... E inquietud de vecinos

A la espera del perfil de cada individuo, la Iglesia pone encima de la mesa espacios y recursos suyos -o de asociados- que podrían destinarse al alojamiento temporal de algunos de los residentes, siempre dentro de una actuación coordinada con las administraciones y las entidades sociales.

Y, en paralelo, crece la inquietud vecinal en los barrios anexos. Especialmente, en la zona colindante al antiguo cuartel de Son Busquets, donde los residentes temen que la expulsión de los okupas agrave la delincuencia. Vecinos consultados por El Debate aseguran que los robos en trasteros han aumentado, mientras nuevos avisos sobre la presencia de personas en el interior del antiguo acuartelamiento refuerzan una sensación de inseguridad enquistada desde hace meses. Los residentes denuncian abandono y admiten que la paciencia está ya al límite. Por ello, urge una salida residencial a los dos centenares de personas que viven en la antigua prisión.

Orden de desalojo, ninguno acata

La decisión de desalojar la antigua cárcel fue adoptada por Cort el pasado 24 de febrero. Aquel día el Ayuntamiento ordenó formalmente la salida de los ocupantes, instaló controles de acceso en el recinto y activó el procedimiento administrativo para recuperar el inmueble. El interior, alegaron, se había convertido en un espacio cada vez más peligroso, sin medidas básicas de seguridad y con un riesgo evidente para quienes lo habitan. Pasillos estrechos, zonas cerradas, rejas, recorridos complejos y una acumulación masiva de basura y enseres han convertido el edificio en una ratonera.

Pero el problema no es sólo estructural. En los últimos meses también se ha deteriorado la convivencia en el interior del recinto. Los informes municipales y las intervenciones policiales han alertado de un aumento de los conflictos entre residentes, además de varios incendios intencionados registrados en el edificio. En uno de esos episodios, los bomberos tuvieron incluso que rescatar a varias personas atrapadas en el interior. La presión sobre los servicios de emergencia ha sido constante: sólo en 2025 se dispararon las actuaciones en el recinto, y en lo que va de 2026 ya se han contabilizado nuevas intervenciones.

Pese a la gravedad de la situación, el desalojo avanza con enorme lentitud. Semanas después de activarse el proceso, ninguna de las 206 personas censadas como residentes había abandonado voluntariamente el edificio. El Ayuntamiento continúa notificando uno a uno a los ocupantes que deben marcharse, pero el procedimiento sigue encallado y todo apunta a que acabará judicializándose. Desde Cort insisten en que «no hay vuelta atrás», aunque asumen que la ejecución será lenta.

En paralelo, el área de Servicios Sociales asegura haber puesto a disposición de los residentes los recursos contemplados en la cartera municipal, pero hasta ahora no ha detallado qué alternativas habitacionales concretas puede ofrecer. Ahí es donde irrumpe ahora la Iglesia, tratando de cubrir un vacío que las administraciones no han sido capaces de resolver por sí solas. Porque el gran interrogante ya no es únicamente cómo vaciar la antigua prisión sino dónde recolocar a las personas vulnerables de esas 200 que siguen dentro.

El obispo resalta «la dignidad» de toda persona

El Obispado subraya además la necesidad de afrontar esta crisis desde el respeto a la dignidad de las personas afectadas. El propio Taltavull defiende una respuesta que combine urgencia y humanidad, y recuerda la labor que desde hace años desarrollan en Mallorca las entidades sociales de la Iglesia en la atención a colectivos vulnerables. En la reunión participaron, de hecho, responsables de Cáritas Mallorca, La Sapiència, Sojorn, la Delegación de Migraciones y Justicia y Paz, además del Área Caritativa y Social de la diócesis.

Junto a la oferta de espacios para la acogida temporal, en el encuentro también se planteó la creación de una comisión o espacio estable de coordinación entre administraciones públicas y entidades de la Iglesia para articular respuestas conjuntas en el ámbito social. Una fórmula que serviría no solo para esta emergencia, sino también para futuras crisis de exclusión residencial.