El desalojo de okupas de la antigua cárcel de Palma se enquista: ninguno de los 206 residentes se marcha

El desalojo de okupas de la antigua cárcel de Palma va para largo. Para largo. El pasado 24 de febrero el Ayuntamiento de Palma decidió poner fin a una situación que llevaba tiempo enquistándose en la antigua prisión de la ciudad. Aquel día ordenó el desalojo del edificio, instaló controles de acceso en el recinto y activó el proceso administrativo para recuperar el inmueble. La razón oficial era que el interior se había convertido en un lugar cada vez más peligroso para quienes viven allí. Una ratonera, un espacio carente por completo de las medidas básicas de seguridad en caso de emergencia o fatalidad. Pero la hoja de ruta marcada por el consistorio, al menos de momento, no se está cumpliendo.

Dos semanas después, ninguna de las 206 personas que han sido censadas como residentes en la antigua cárcel ha abandonado voluntariamente el edificio. El desalojo sigue sobre el papel y todo parece indicar que el proceso no se sustanciará hasta que no entre en vía judicial.

El Ayuntamiento continúa notificando uno a uno a los ocupantes que deben marcharse, aunque el proceso avanza con lentitud. Por ahora unas 170 personas han recibido formalmente la orden de desalojo, prácticamente la misma cifra que hace una semana.

Pero nadie se ha ido. «Seguimos informando a las personas que faltan por informar, pero no tenemos constancia de que ninguna haya dicho que quiere desalojar voluntariamente», señaló la portavoz municipal, Mercedes Celeste. Tampoco pudo concretar cuántos de los notificados han decidido presentar alegaciones. La intención del consistorio es esperar a que todos los residentes estén formalmente informados antes de resolverlas de forma conjunta.

El ayuntamiento insiste: «No hay vuelta atrás»

Desde Cort insisten en que el proceso seguirá adelante, aunque lleve tiempo. «Si hay colaboración o no por parte de las personas que tienen que abandonar, esto puede ser más o menos rápido. Cumpliremos los plazos. Las acciones administrativas serán lentas, pero seguras», afirmó la portavoz. «Tardaremos lo que tardaremos, pero el objetivo está marcado y no hay vuelta atrás».

La decisión municipal no llegó de un día para otro. El detonante fue una serie de incidentes graves registrados en el interior del edificio que encendieron todas las alarmas. En tan sólo un fin de semana se produjeron cuatro incendios intencionados dentro de la antigua prisión. En uno de ellos, los bomberos tuvieron que rescatar a varios moradores que habían quedado atrapados en el interior.

Problemas estructurales, problemas de convivencia

El problema es que el edificio nunca fue pensado para ser habitado en esas condiciones. El inmueble -lo que queda de él en pie- cuenta con pasillos estrechos, rejas, zonas cerradas y recorridos complejos que dificultan las evacuaciones. En caso de incendio o accidente, salir con rapidez puede ser muy complicado.

Y por si fuera poco los riesgos estructurales, se suma ahora un deterioro de la convivencia dentro del edificio. Según fuentes policiales, los conflictos entre residentes han ido en aumento en los últimos meses, especialmente desde la llegada de inmigrantes argelinos que habían alcanzado Mallorca en patera y se instalaron en el recinto. De hecho, la Policía Local ha frustrado en varias ocasiones nuevos intentos de acceso al edificio por parte de inmigrantes llegados en patera.

Los informes municipales llevan tiempo alertando de que el edificio presenta un riesgo elevado de incendio. A la complejidad de su estructura se suma la acumulación de basura, colchones y residuos en distintas zonas del recinto.

70 toneladas de residuos, fuera

Para intentar reducir esos peligros, el Ayuntamiento desplegó recientemente un dispositivo intensivo de limpieza. Durante tres jornadas de trabajo, operarios de Emaya retiraron 71,5 toneladas de residuos acumulados dentro de la antigua prisión. En estas labores participaron nueve trabajadores, apoyados por cuatro camiones de gran capacidad, una retroexcavadora, una pala mixta y un tráiler con plataforma. El objetivo era mejorar las condiciones de seguridad tanto para quienes viven allí como para los equipos de emergencia que tienen que intervenir cuando ocurre algún incidente.

Porque intervenciones, hay muchas.

Los bomberos realizaron 16 actuaciones en el recinto durante 2024. En 2025 fueron ya 49. Y en lo que va de 2026 se contabiliza una docena más, entre ellas el rescate de cuatro personas el pasado 21 de febrero.

La Policía Local también ha tenido que intervenir con frecuencia. Hasta finales de febrero se habían registrado 263 actuaciones dentro del recinto y otras 71 en las calles cercanas.

A esas cifras se suman incidentes recientes: peleas entre residentes, incendios provocados con colchones y basura, aperturas ilegales en el edificio que después han tenido que ser selladas o intentos de entrada frustrados por la policía.

Al mismo tiempo, desde el área de Servicios Sociales aseguran haber puesto a disposición de los residentes los recursos incluidos en la cartera municipal para ofrecer acompañamiento y apoyo. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha concretado todavía qué alternativas habitacionales concretas podrían ofrecerse.

Inmigración irregular

El problema tiene además un componente administrativo complejo: aproximadamente el 65 % de las personas que viven en la antigua prisión se encuentran en situación irregular. Son inmigrantes ilegales, tanto latinos como argelinos llegados en patera.

Por ello, el consistorio ha pedido también la implicación de la Delegación del Gobierno, mientras mantiene contactos con el Govern balear y el Consell de Mallorca para explorar posibles soluciones dentro del marco legal.

El caso salta al terreno político

El Govern balear, presidido por la popular Marga Prohens, ha respaldado la decisión de desalojar el edificio. La presidenta reprochó a algunos colectivos y partidos que estén «alentando la resistencia» de los ocupantes, algo que —según dijo— pone en peligro sus propias vidas porque la antigua cárcel se ha convertido en una «ratonera».

Desde Podemos la respuesta ha sido contundente. La regidora del partido en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, acusó al Govern de «criminalizar la pobreza» al referirse a los residentes como okupas en lugar de personas sin hogar. «Basta ya de deshumanizar a quienes están sufriendo las consecuencias de una crisis de vivienda que este Govern ha sido incapaz de afrontar», afirmó frente al edificio.

Para la formación morada, el problema no es la ocupación de la prisión sino la falta de alternativas de vivienda. «Es muy fácil desalojar la cárcel antigua desde la lujosa moqueta del Parlament», reprochó Muñoz.