El suegro de Sánchez alquiló el local donde se ejercía la prostitución para montar una tienda de muebles

42 años. Ésa es el monumental periodo durante el cual tuvo a su disposición el suegro del presidente del Gobierno el alquiler de un céntrico local en Madrid, a más inri de titularidad pública y a precio de saldo, en el que hizo un inmenso negocio con la prostitución, el suficiente para comprar al menos dos viviendas utilizadas durante lustros por Pedro Sánchez y Begoña Gómez, en la Comunidad madrileña y en Almería, con una de las cuales aún hoy en día se lucran: hasta 1.750 euros de alquiler mensual por el inmueble de Pozuelo de Alarcón, según consta en el informe de la UCO elaborado para el juez que instruye el caso de la hija del patriarca Sabiniano, imputada por cuatro delitos y a diez días de sentarse ante el instructor Peinado para conocer si se enfrenta a juicio oral con jurado popular.

Pues bien, al execrable «sector» del que también se benefició el actual presidente del Gobierno, el mismo que proclama su deseo de abolir la explotación sexual de seres humanos, se le añade las condiciones en las que lo hizo: sin licencia de ningún tipo, entre escuchas instaladas por el comisario Villarejo adquiridas con el tiempo por la cloaca del PSOE y, según desvela hoy este periódico, con un contrato original de arrendamiento sorprendente: nada menos que como tienda de muebles.

Cada nuevo documento que revela El Debate sobre las saunas del suegro de Sánchez pone de manifiesto un cúmulo de irregularidades en el negocio que manejó durante décadas. No solo trató de utilizar una licencia de peluquería que le fue denegada para montar una sauna convertida en prostíbulo. El Debate desvela ahora en exclusiva el contrato de alquiler del local de la calle San Bernardo, propiedad de la entidad pública Muface. El citado contrato data de 1980 y señala expresamente en su cláusula primera que «el local arrendado se dedicará a la exposición y venta de muebles», y fija la renta anual en 597.120 pesetas, es decir, 3.588,76 euros anuales, a pagar con carácter mensual a razón de 49.700 pesetas (298,70 euros).

Asimismo, según la cláusula cuarta del contrato, en esta renta se encontraría incluido el importe de la totalidad de los servicios generales del inmueble, tales como «alumbrado de escalera, servicio de ascensor, acceso a la finca, limpieza de estos servicios, sueldo del conserje, impuestos por contribuciones, arbitrios» e incluso el consumo de agua.

Esta renta sería revisada cada año, aplicando el incremento «que experimente el índice nacional del sistema de índices de precios al consumo que elabore el I.N.E», por lo que, según esta estadística, el precio final que terminó pagando la familia de Begoña Gómez, estaría alrededor de los 21.400 euros anuales, es decir, 1.780 euros mensuales aporximadamente.

Esta cantidad se encuentra muy por debajo del valor de mercado de la zona, –algo más de 20 euros por metro cuadrado–, ya que este local tenía una superficie de unos 436 metros cuadrados divididos en dos plantas y un sótano, tal y como consta en los planos que Sabiniano Gómez presentó al Ayuntamiento de Madrid para regularizar su situación después de varias clausuras y precintos por carecer de licencia de forma regular, por lo que su precio actual rondaría los 8.700 euros mensuales.

Además, estos planos revelan una nueva irregularidad pues, según la cláusula sexta del contrato, los nuevos inquilinos se comprometían a «no realizar ni ejecutar obras, variación e instalación alguna, sin obtener previamente autorización escrita y expresa del arrendador». Sin embargo, en febrero de 1988, Sabiniano Gómez solicitaba al Ayuntamiento la retirada del precinto impuesto al local por carecer de la licencia en vigor para poder acometer las reformas necesarias y así poder legalizar el negocio que había mantenido durante años en situación irregular.

A este escrito adjuntaba una solicitud de licencia de obra en la que señalaba que se iban a acometer trabajos «de reforma interior consistentes en: demolición de cerramiento interior de huecos, formación de tabiquería en planta 1ª, alicatado y pintura, instalación de iluminación de emergencia y repaso de instalación eléctrica».

De hecho, en julio de 1988, Sabiniano Gómez vuelve a presentar un nuevo escrito aclarando en qué han consistido las obras y aportando nuevos planos del local y la planta primera de la calle San Bernardo, 38. Sin embargo, según afirmó la directora general de Muface, Myriam Pallarés, en un documento en poder de este periódico, el suegro de Sánchez jamás comunicó a la mutualidad la realización de obras en el local en el que estaba instalada la sauna, pese a que sí que se realizaron para poder obtener la correspondiente licencia de apertura.

Esta relación contractual tendría una duración inicial de un año, aunque el propio documento deja claro que este plazo es obligatorio, pero quedaba sujeto a las «prórrogas determinadas por la vigente ley de arrendamientos urbanos». Se trata de una normativa de 1964 que establecía que el contrato continuaba indefinidamente tras su vencimiento de forma obligatoria para el propietario y voluntaria para el inquilino.

De esta forma, se extinguió cuando la familia política del presidente del Gobierno se puso en contacto con Muface para solicitar su finalización, algo que no llegó hasta el 16 de marzo de 2022, es decir, cuando Pedro Sánchez ya era presidente del Gobierno, por lo que pudieron disfrutar de unas condiciones económicas muy ventajosas durante décadas.

Pero al margen de estas condiciones económicas, las actividades que allí se realizaban no se corresponden en absoluto con la «exposición y tienda de muebles» para la que fue alquilado. De hecho, su ‘salón de belleza’, según su primer intento de conseguir licencia de apertura, reconvertido en 'gimnasio sauna con bar', –actividad con la que consiguió legalizar su situación con el Ayuntamiento–, fue un local donde la policía constató que allí acudían «jóvenes de los barrios periféricos a ejercer la prostitución», así como la existencia de drogas.

Así lo plasmaron los propios agentes que allí acudieron en abril de 1995, que observan que «no existe tal gimnasio», sino que, en la planta sótano, hay «una sala de proyecciones donde se exhiben a los clientes películas pornográficas», al igual que en el bar y en las televisiones que se encuentran en el local.

Además, durante el registro, la policía documenta la existencia de varias personas en el local, dos de ellas en el «interior de una cabina sauna desnudos y en estado de erección», además de otra persona que se encontraba en la sauna. Allí recogieron un preservativo usado y junto a él un «bote con restos de Poper (sic)».

Por ello, el subinspector al mando concluye que «dicho local es destinado a promover y ejercer la prostitución masculina tal y como se desprende de la minuta adjunta», instando a las autoridades a decretar el precinto, independientemente de las responsabilidades penales en las que pudieren haber incurrido los responsables, a determinar por vía judicial.

Sin embargo, pese a sentenciar que uno de sus objetivos como presidente del Gobierno es «abolir la prostitución», Pedro Sánchez siempre ha defendido las actividades de su suegro. «Creo que hay suficiente jurisprudencia, también en el caso al que usted se refiere, en la cual se decía por parte de esta persona que no eran actividades ilícitas», sentenció durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado sobre el ‘caso Koldo'.

El director general de la Policía Nacional no sabe cuántas denuncias han existido contra la «Sauna Adán» por prostitución, explotación sexual y corrupción de menores

Francisco Pardo Piqueras, director general de la Policía, ante las preguntas de este periódico, ha recurrido a una nueva argucia legal para no desvelar la relación de intervenciones policiales y denuncias contra la sauna Adán por «delitos contra la salud pública, delitos de prostitución, explotación sexual y corrupción de menores». Según el jefe de la Policía, las bases de datos policiales están diseñadas de manera tal que no «siempre se ajustan a las exigencias de información que pueda demandar la ciudadanía», por lo que, en relación a las preguntas formuladas por El Debate, Pardo manifiesta que «carece de motores de búsqueda al respecto».

De esta forma, despacha una cuestión de lo más espinosa para el corazón del Ejecutivo, aunque, uno de los que más ha ahínco ha puesto en enterrar toda esta polémica ha sido el ministro Óscar López, pues ni él mismo, como responsable de Muface, ni la propia mutualidad han realizado ninguna investigación al respecto, pese a que, tal y como ha relatado este periódico, los vecinos sí que se quejaron del ruido y las molestias ocasionadas por la actividad. Es más, Muface escribió al Ayuntamiento de Madrid para trasladar las quejas y, al constatar que tenía licencia en vigor, dejó de indagar en el asunto.

Además, a esto hay que añadir que este contrato se suma a otro ya publicado por este periódico, sellado a un precio muy por debajo de su valor de mercado, correspondiente al ático ubicado en la sexta planta de la calle San Bernardo, el mismo que coronaba el edificio donde se montó la sauna y que, según diversas informaciones periodísticas, se dividió en habitaciones de uso turístico para, posteriormente, ser reconvertido en tres apartamentos, de los que aún seguirían beneficiándose.

El PSOE habría pagado 20.000 euros por los audios de Villarejo sobre las saunas según el sumario del ‘caso Leire’

Pero la desidia de López con este asunto tiene un trasfondo mayor, pues según aseguró el excomisario Villarejo en una entrevista en The Objective, las saunas del suegro de Sánchez eran uno de los escenarios donde realizaba grabaciones, facilitadas, además, por el propio Sabiniano Gómez. En 2016, cuando Pedro Sánchez había dimitido como secretario general del PSOE, Óscar López se habría reunido con Villarejo para acceder al material relacionado con las saunas y usarlo para debilitar a Sánchez y favorecer a Patxi López en las primarias del partido, lo que deja en evidencia que las actividades que allí se realizaban eran conocidas por todos y todos permitieron que la familia política del presidente siguiera enriqueciéndose gracias la prostitución que se ejercía en un local de titularidad pública.

Además, años después, los audios volvieron a salir a la luz. En concreto, según reveló la periodista Patricia López, fallecida recientemente, ésta entregó al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, una serie de audios del excomisario relacionados con estos establecimientos.

Según su relato, en abril de 2024 asistió al encuentro junto a la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset, y Cerdán decidió filtrarlos a medios afines al Gobierno con el objetivo de reforzar la tesis de que existía una campaña mediática orquestada contra el presidente, justo en el momento en el que Sánchez anunciaba su ‘retiro’ para reflexionar acorralado por las imputaciones de su esposa.

Sin embargo, ahora, tras el estallido del ‘caso Leire’ ha salido a la luz la cantidad de dinero que el PSOE pagó por ellos y cómo se gestó aquella alianza. En concreto, el informe de la UCO número 89/2026 recoge unos mensajes entre la periodista y la ‘fontanera’ del PSOE’ de los que se desprende que «fue la propia Patricia quien instó a Leire para que contactara con Santos el día 24.04.2024, tras la Carta a la Ciudadanía y así trasladarle »audios e información sobre las cloacas contra« el Presidente del Gobierno».

Según los investigadores, «con razón en esos servicios, Santos habría dispuesto un pago de 20.000 euros a Crónica Libre, –el periódico de la ya fallecida Patricia López cuya editora presidía la tertuliana habitual de TVE Rosa Villacastín, que habría servido como brazo mediático de la trama–, a través de una campaña publicitaria en el marco de las elecciones al Parlamento de Cataluña del año 2024».

Por ello, la Audiencia Nacional ha solicitado al PSOE toda la documentación económica relacionada con la campaña catalana de 2024. El requerimiento incluye contratos, facturas, gastos de propaganda y publicidad, así como toda la información contable remitida en su día a la Sindicatura de Comptes y al Tribunal de Cuentas.