La 'vía Prohens' noquea el dogma de Armengol: 2.800 contratos sanitarios sin la barrera del catalán

Dos años y medio después de eliminar el requisito del catalán en la sanidad pública, la consellera de Salud, Manuela García Romero, defiende que la medida ha permitido formalizar 2.807 contratos desde agosto de 2023.

El dato, ofrecido en sede parlamentaria a preguntas del diputado socialista Àlex Pitaluga, es el primer balance cuantificado que el Ejecutivo de Marga Prohens pone sobre la mesa para avalar una de sus primeras medidas de legislatura.

«No es un capricho sino una cuestión de garantizar la asistencia», sostuvo García Romero durante el pleno de este martes. En este tiempo, el Servicio balear de Salud cuenta con 895 profesionales sanitarios más en plantilla desde la eliminación del requisito —alrededor de 1.200 si se incluyen los perfiles no sanitarios—, según datos recabados por El Debate.

La supresión de la llamada «barrera lingüística» fue una de las primeras decisiones del nuevo Govern de Marga Prohens tras su llegada al poder en verano de 2023. El Ejecutivo la presentó entonces como una «alfombra roja» para atraer médicos y enfermeras a un sistema tensionado por la falta estructural de personal.

Éxodo de médicos

Ese déficit no era nuevo. Baleares arrastra desde hace años dificultades para captar profesionales, agravadas por factores como la insularidad o el coste de la vivienda. Pero la exigencia lingüístico añadió una capa política adicional y provocó el éxodo de decenas de médicos especialistas que veían en este requisito una exigencia arbitraria. Algunos llevaban años trabajando en la sanidad pública y, de repente, se vieron abocados a estudiar catalán para seguir ejerciendo.

Bajo el mandato de Francina Armengol, el Ejecutivo socialista aprobó en marzo de 2018 el Decreto 8/2018, que convertía el conocimiento del catalán en requisito obligatorio para acceder a plazas públicas. Baleares se situaba así a la vanguardia en la exigencia lingüística dentro del ámbito sanitario, con plazos concretos para acreditar niveles.

El decreto obligaba a los profesionales a certificar un nivel determinado -según la categoría- en un periodo de dos años si querían consolidar su puesto o para acceder a las bolsas de trabajo. La medida fue contestada desde su origen por sindicatos médicos y por la oposición del PP, Vox y Ciudadanos, que denunciaron un efecto disuasorio sobre facultativos de fuera de las islas.

Los seis informes que incomodan

García Romero utilizó el pleno para ir más allá del dato de contratación y abrir una brecha política con la etapa anterior. La consellera aludió a seis informes internos elaborados durante el Govern de Armengol en los que —según expuso— ya se advertía del problema.

«La exigencia de un determinado nivel de catalán dificulta aún más captar profesionales» cualificados y consolidarlos como fijos, citaba literalmente.

La responsable sanitaria acusó al anterior Ejecutivo de «incoherencia» por mantener públicamente la defensa del requisito mientras sus propios documentos técnicos alertaban del impacto en la captación de personal.

«El Govern de Armengol era consciente del déficit de profesionales y de la dificultad para atraerlos a Baleares. Y no lo digo yo, lo decían hasta seis informes jurídicos elaborados durante su mandato», recordó la actual consellera.

También afeó el episodio de finales de 2022, cuando el Gobierno de izquierdas (PSOE, Més y Podemos) eximió temporalmente del requisito en unas oposiciones para después rectificar.

Del requisito al mérito

Desde agosto de 2023, el catalán dejó de ser obligatorio y pasó a computar como mérito. El actual Ejecutivo del PP defiende desde entonces una estrategia basada en la voluntariedad para atraer primero al profesional y facilitar después el aprendizaje de la lengua.

Sin presiones y con voluntariedad, Salud ha conseguido que 652 sanitarios se inscriban en cursos de catalán (niveles A2 y B1) organizados junto al Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). En abril comenzará el nivel B2. «No se trata de elegir entre lengua y sanidad. Se trata de hacer compatibles ambas cosas», defendió García Romero.

El Govern balear interpreta estas cifras como la validación de su política lingüística de fidelización que prioriza la salud por encima del requisito. La oposición, sin embargo, mantiene el reproche y alerta del riesgo de debilitar la presencia del catalán en la atención sanitaria. Durante la anterior legislatura, los gestores socialistas del IB-Salut ya reconocían que exigir catalán a los médicos resultaba «inalcanzable» y añadía presión a una plantilla marcada por la escasez, la insularidad y el aumento de población. Paradójicamente, ahora defienden la obligatoriedad que en su momento flexibilizaron de facto.