Sa Feixina
El Gobierno dinamita la decisión judicial y municipal de proteger Sa Feixina y ordena derribar el monumento
Incluye Sa Feixina en el catálogo de vestigios contrarios a la memoria democrática, allana la vía para intentar su derribo y choca de nuevo con la justicia, que ya avaló la protección del monumento al no considerarlo franquista
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a actuar como una apisonadora sobre las decisiones judiciales y sobre la propia autonomía municipal al reactivar la ofensiva para derribar el monumento de Sa Feixina, justo cuando el Ayuntamiento de Palma se disponía a culminar su blindaje patrimonial.
La decisión del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de incluir este monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática se conoce, además, a las puertas del pleno municipal en el que debía aprobarse de forma definitiva su incorporación al Catálogo de Edificios y Elementos Protegidos de la ciudad, con los votos de PP y Vox, después de que la medida hubiera superado ya el trámite de la Gerencia de Urbanismo el año pasado y de que la semana pasada fuera debatida en la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente dentro de la modificación del PGOU. El movimiento del Ejecutivo supone, por tanto, una maniobra política de enorme calado, al irrumpir en el tramo final de un procedimiento institucional que estaba a un paso de certificar la máxima protección patrimonial del monumento.
El monumento fue vandalizado la semana pasada
La maniobra resulta todavía más polémica porque choca de frente con el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que en 2021 confirmó la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma y desestimó los recursos del Consell de Mallorca, del Ayuntamiento de Palma —entonces gobernado por la izquierda— y de la asociación Memòria de Mallorca frente a la plataforma Salvem Sa Feixina. Aquel fallo dejó claro que el monumento ya no podía ser considerado un elemento franquista, al haber sido despojado de su simbología original, y lo ratificó como bien catalogado del patrimonio de la isla.
Pese a ello, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, trasladó esta semana durante la reunión del Consejo Estatal de Memoria Democrática, celebrada en Madrid, que el Gobierno procederá a incorporarlo al catálogo estatal de elementos contrarios a la memoria democrática, una decisión celebrada de inmediato por Memòria de Mallorca como «un paso adelante muy importante» en su vieja reclamación de demolerlo. La propia entidad ha subrayado que esta inclusión abre la puerta a impulsar un nuevo proceso judicial para lograr su derribo definitivo, reabriendo así por la vía política y administrativa una batalla que los tribunales habían dejado resuelta.
En ese mismo encuentro, además, la presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, propuso la creación de subconsejos territoriales en las delegaciones del Gobierno para reforzar la coordinación y el seguimiento de las políticas de memoria democrática, al tiempo que reclamó la catalogación como «Lugares de Memoria» del Fortí d’Illetes y del Muro de la Memoria, dos enclaves que la asociación considera de especial relevancia en Mallorca. Pero el foco político y jurídico vuelve a situarse sobre Sa Feixina, convertido de nuevo en símbolo de una estrategia del Gobierno central orientada a revertir por vías políticas lo que la Justicia y las instituciones locales estaban a punto de consolidar.
