«Que diga p*tos moros, me jode»: la izquierda sale en auxilio del PP para evitar una auditoría de menores

El gobierno del Consell Insular de Ibiza, del PP, se niega a aceptar una propuesta de Vox para contratar una auditoría económica y de gestión sobre la externalización de las tutelas de menores a empresas del tercer sector. Una externalización que ha llevado a la institución insular a adjudicar, por ejemplo, un contrato de casi 14 millones de euros a la Fundación Samu para la gestión de 32 plazas destinadas a menores extranjeros no acompañados.

El representante de Vox en el Consell ibicenco, Jaime Díaz de Entresotos, dejó claro durante el debate celebrado en el último pleno insular que el objetivo de la propuesta es conocer cómo se están gestionando los fondos públicos que reciben las empresas adjudicatarias y los resultados obtenidos por los menores tutelados. «Lo que intentamos averiguar es cómo se gasta el dinero y cómo se ejecutan los pliegos de condiciones, pero también qué efectos está teniendo esto en los menores tutelados», afirmó.

Díaz de Entresotos reivindicó que con esta moción «no se está criminalizando a nadie» y que una auditoría podía permitir «conocer si algo se está haciendo mal, rectificar y hacerlo bien». Hizo referencia a una reciente pelea multitudinaria en el centro insular Padre Morey, en la que participaron casi 30 menores extranjeros no acompañados y durante la cual resultó herida leve una trabajadora.

«Queremos saber qué se está consiguiendo con estos menores», insistió, «si están escolarizados, si tienen éxito en su integración dentro de la sociedad y si se cumplen los objetivos. Ya que tenemos la obligación de tutelarlos, hay que hacerlo bien y no dejarlos de la mano de Dios».

Están todos escolarizados

La consellera del PP responsable de este área, Carolina Escandell, rechazó la posibilidad de contratar esta auditoría y desvió la atención hacia una supuesta crítica de Vox al trabajo de los técnicos insulares. Escandell se mostró repetidamente «indignada» y aseguró que todos los consellers pueden consultar los datos económicos de estos contratos, cuyo número real se desconoce, en los expedientes. Sí explicó que los menores de hasta 16 años «están todos escolarizados porque lo marca la ley». Los tutelados a partir de esa edad y hasta los 18 «están en itinerarios de integración y formación».

La consellera insiste en que el problema de la inmigración es una competencia estatal. Y reprocha que Vox «ponga el foco» en estas tutelas y no en las cerca de 1.000 personas que se calcula que han perdido la vida en la ruta migratoria entre Argelia y Baleares.

La socialista Elena López rechazó también la moción de Vox. Sin embargo, denunció la «opacidad y falta de transparencia» del PP, al que acusa de no facilitar al PSOE los datos relativos al número de trabajadores, tanto de la institución como de las empresas adjudicatarias, que está destinado al servicio de Menores.

López, además, asegura que «no todos» los menores tutelados «tienen un itinerario formativo» y que el Consell ibicenco tampoco está buscando alternativas, como podrían ser las familias de acogida. A pesar de todo, los tres consellers socialistas votaron también en contra de la moción de Vox.

Podemos acusa a Vox de «racista»

El representante de Podemos en el pleno, Óscar Rodríguez, hizo una encendida defensa de los trabajadores del servicio de Menores y de la gestión de la popular Carolina Escandell. Rodríguez acusó de «racista» al conseller de Vox y afirmó que la moción tenía como único objetivo «soltar toda la mierda que luego se difunde en redes». «A mí que alguien diga putos moros me jode pero no convencerá a nadie», concluyó, «pero con sus argumentos técnicos sí acaba colando».