La presidenta junto a sus consellers
Prohens blinda Baleares frente a la crisis de Oriente Próximo con un plan de choque de 160 millones
El Govern balear moviliza ayudas directas al transporte y el sector primario, recupera la deducción hipotecaria y bonifica tasas portuarias para proteger el bolsillo de los ciudadanos ante la escalada de costes
Baleares movilizará 160,75 millones de euros en un plan de choque para frenar el impacto económico de la crisis en Oriente Próximo. El paquete de medidas, aprobado este viernes, inyectará 75 millones en créditos de liquidez para pymes y autónomos, destinará 36,75 millones en ayudas directas al transporte y al sector primario, y recuperará la deducción fiscal por hipotecas para aliviar el bolsillo de las familias frente a la subida de costes.
El plan de choque del Gobierno de Marga Prohens (PP) asciende a 160,75 millones de euros y se articula en torno a cinco ejes estratégicos diseñados para proteger el tejido productivo, garantizar la liquidez de las empresas y aliviar la carga fiscal de las familias baleares ante la escalada de costes.
El pilar central del programa es el apoyo financiero al sector empresarial. El Govern destinará 75 millones de euros a través de líneas de crédito ISBA para asegurar que autónomos y pymes cuenten con la liquidez necesaria para afrontar el encarecimiento de la energía y los suministros.
A esta medida se suman 36,75 millones en ayudas directas para los sectores más vulnerables. Por primera vez, el Ejecutivo ha blindado por decreto que estas convocatorias respeten la especificidad insular, garantizando fondos adicionales para Menorca, Ibiza y Formentera bajo los criterios de doble y triple insularidad.
El Ejecutivo balear no deja cabos sueltos y ha diseñado un traje a medida para los sectores que hoy sostienen el pulso de las islas. El reparto de los 36,75 millones de euros en ayudas directas blindará la cesta de la compra y el transporte frente a los nubarrones que llegan de Oriente Próximo.
Cesta de la compra y transporte
Al sector primario van destinados 13,5 millones de euros, una inyección vital donde el Govern pone el foco en lo urgente: 3,5 millones para aliviar el asfixiante precio de los piensos y otros 1,5 millones para fertilizantes, evitando que el campo se ahogue en la rentabilidad negativa.
En paralelo, el plan de choque sale al rescate de las carreteras y los puertos. El transporte recibirá una partida de 9,75 millones de euros, de los cuales el grueso —6 millones redondos— se destina a las mercancías, el verdadero pulmón del abastecimiento balear. No se olvida de los profesionales del volante, y reserva fondos específicos para el taxi y el transporte discrecional, sectores que llevan meses lidiando con el termómetro del surtidor.
Finalmente, la industria, el comercio y la construcción cierran este esquema de resistencia con otros 13,5 millones de euros. Aquí la batalla se libra contra el sobrecoste de las materias primas y unos combustibles que amenazan con frenar las grúas y cerrar persianas. Es, en definitiva, un reparto que busca que el tejido productivo no pierda el paso mientras el contexto internacional sigue instalado en la incertidumbre.
En el ámbito tributario, el Govern recupera la deducción autonómica para compensar el incremento de los intereses de las hipotecas de tipo variable, una medida con un impacto estimado de 2 millones de euros. Asimismo, se ha aprobado una bonificación del 100% de las tasas de PortsIB para los pescadores y del 50% para el resto de actividades económicas, inicialmente hasta junio pero con previsión de prórroga hasta septiembre.
Simplificación y revisión de precios públicos
Para evitar la parálisis de la obra pública por el encarecimiento de materiales, el Ejecutivo ha reservado 45 millones de euros destinados a la revisión de precios en las adjudicaciones de infraestructuras y servicios. Paralelamente, se activará un plan de «agilización administrativa» que permitirá la incorporación temporal de personal público para tramitar las subvenciones con mayor celeridad.
«Este paquete es una respuesta directa y necesaria para que la incertidumbre internacional no la terminen pagando los ciudadanos de las islas», han señalado fuentes del Ejecutivo.
A esta inversión autonómica de 160,75 millones se sumarán otros 40 millones de euros derivados de la estimación de las medidas fiscales estatales, elevando el impacto total de las actuaciones en la comunidad por encima de los 200 millones de euros.
