Gallinas en la granja avícola de Llucmajor
Animales
La Audiencia corrige al instructor y ordena reabrir el caso de maltrato en la macrogranja de Mallorca
Estima el recurso vecinal y ordena diligencias sobre maltrato, deficiencias sanitarias e impacto ambiental en la explotación de Llucmajor
La Audiencia Provincial de Baleares ha ordenado reabrir la investigación por presunto maltrato animal contra la macrogranja avícola del municipio mallorquín de Llucmajor, al estimar el recurso presentado por la plataforma vecinal STOP Macrogranja Llucmajor. Sense Olor ni Mosques contra el archivo de la causa que dictó el instructor titular del juzgado número 11 de Palma. El juez consideró entonces que, aunque la explotación presentaba diversas carencias higiénico-sanitarias, estas no alcanzaban el umbral penal exigido para un delito de maltrato animal. El juez concluyó que no se había acreditado un maltrato «activo y doloso», apoyándose en informes del Seprona de la Guardia Civil y de los servicios autonómicos de Ganadería y Sanidad Animal.
No obstante, dichos informes sí recogían deficiencias en la retirada de cadáveres, presencia de roedores y fallos en las medidas de bioseguridad, circunstancias que ya habían sido objeto de sanciones administrativas, aunque sin que se apreciara un perjuicio grave para la salud pública o el medio ambiente.
No fue suficiente. El juez dictó el sobreseimiento y los vecinos recurrieron.
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La Audiencia reabre el caso tras el recurso de los vecinos
Frente al archivo judicial, la plataforma vecinal recurrió ante la Audiencia al entender que el portazo se había acordado sin practicar «las diligencias de investigación más esenciales», lo que —según alegaron— vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva. En su recurso sostenían que la inexistencia de indicios apreciada por el juez no implicaba que no los hubiera, sino que ni siquiera se habían agotado las posibilidades de investigación.
La Audiencia Provincial ha dado ahora la razón a los recurrentes, lo que permitirá retomar las diligencias y profundizar en el esclarecimiento de los hechos denunciados, en una causa que también apunta a posibles irregularidades relacionadas con el impacto ambiental, la gestión de residuos y la salud pública.
«No solo estamos hablando de un maltrato animal, sino que también está en riesgo la salud para las personas», subrayan desde la plataforma ciudadana.
Maltrato animal
En cualquier caso, acotando la cuestión al maltrato animal, las asociaciones Arde y Satya siempre han mantenido que, al margen del recurrido judicial, nunca nadie podrá "borrar las limágenes ni los hechos documentados» sobre cadáveres putrefactos o gallinas hacinadas y desplumadas.
«¿Qué más tiene que pasar para que se castigue el maltrato animal? La convivencia de animales vivos con decenas de cuerpos en descomposición, la acumulación de suciedad extrema y las aves enfermas son hechos documentados y valorados por profesionales veterinarios», se preguntan desde las entidades animalistas, quienes exigen «no normalizar situaciones que evidencian un patrón de abandono, insalubridad y sufrimiento animal» en una explotación que ya fue sancionada con casi 400.000 euros por la vía administrativa.
El caso
La causa se inició a raíz de la denuncia presentada ante la Fiscalía por las organizaciones animalistas Satya y ARDE. En una investigación difundida en abril del año pasado documentaron graves problemas de higiene en la explotación, incluyendo acumulación de suciedad, plumas y telarañas, así como la presencia de animales muertos.
Tras estas denuncias, inspectores del Govern y la Guardia Civil realizaron actuaciones en la granja y ordenaron el cierre de una de sus naves.
