El caos que viene: Baleares, en el chasis para tramitar 30.000 regularizaciones

Un enfermo grave al que ahora se le somete a una prueba de esfuerzo imposible. Así describen fuentes sindicales la situación de los servicios públicos estatales en Baleares ante la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un sistema ya debilitado, con años de desgaste acumulado, que afronta la llegada de decenas de miles de solicitudes —unas 30.000 sólo en el archipiélago, según el Govern— sin músculo suficiente para absorber el impacto. El pronóstico: un fallo sistémico. «Antes o después, Baleares no tendrá funcionarios de Extranjería, SEPE, Seguridad Social... Esto es inasumible», lamentan en El Debate fuentes del CSIF. El sistema hará Alt+F4.

El primer punto donde ese estrés extremo ya se percibe es la oficina de Extranjería. Allí, el margen de maniobra es prácticamente inexistente. Nueve empleados —tres funcionarios de carrera y seis interinos— para tramitar permisos, gestionar expedientes, atender al público y mantener en pie un sistema que lleva años funcionando al límite. Pero la situación, lejos de estabilizarse, se agrava.

En junio, cuando el grueso del proceso de regularización esté en marcha, la oficina perderá a sus tres funcionarios de carrera tras haber obtenido traslado. Es decir, desaparecerán los perfiles con mayor experiencia justo en el momento de mayor carga de trabajo. Y el escenario se complica aún más: los interinos que debían ser prorrogados hasta noviembre —y que, en teoría, permitirían atravesar la fase más dura del proceso— ya han comunicado al sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios que no continuarán. Sus contratos finalizan en mayo y no serán renovados.

El resultado es una tormenta perfecta: pérdida de conocimiento interno, entrada de personal sin experiencia y un volumen de expedientes sin precedentes. «No sabemos cómo lo harán, sinceramente», reconocen fuentes del sindicato. «Sabemos que vendrán nuevos interinos, es decir, gente nueva sin experiencia en esa materia. Y más sin los fijos que se van».

La carta de Correos al Gobierno: no llegamos

Si Extranjería es el epicentro administrativo del proceso, Correos se perfila como el gran amortiguador —o, según los sindicatos, el siguiente punto de ruptura—. El Gobierno ha decidido canalizar buena parte de las solicitudes a través de su red de oficinas, una medida presentada como solución organizativa pero que no convence a su plantilla.

La versión oficial habla de eficiencia, capilaridad territorial y refuerzo del servicio público. Pero desde el sindicato mayoritario el diagnóstico es distinto: «Estamos contentos de que por fin se nos tenga en cuenta como servicio público, y no como vendedores de cupones. Sin embargo, la comunicación interna de lo que se nos venía encima tendría que haber sido otra», afirma a este medio la delegada Maria Antònia Binimelis.

La sindicalista destaca que habrá una ventanilla dedicada a estos usuarios en las oficinas que ha designado el Estado: en Palma, la central, la del Fortí, la de Son Castelló y la de Son Gotleu. Además, la de Palmanova también tendrá un empleado y suplente en activo. En Ibiza, habrá atención en la de Vila y en Menorca, en la de Maó.

Lo curioso es que localidades con una densa población inmigrante, como Inca, Manacor o Sa Pobla, no tendrán sus oficinas dedicadas a ello. «Lo que esperamos, como sindicato, es que la empresa sepa motivar a los trabajadores que van a asumir esa carga inmensa frente a los de otras oficinas que no se activen de cara al proceso de regulación».

Su previsión: la recepción de unas 30 solicitudes al día por oficina al inicio («luego irán más rápido, más rodados», sostiene). Aún así, confía en que la vía telemática será la más solicitado.

Los servicios estatales, en estado grave

Detrás de este choque entre relato político y realidad operativa hay un problema mucho más profundo. Extranjería y Correos no son anomalías: son síntomas. El verdadero diagnóstico apunta al conjunto de los servicios públicos estatales en Baleares, desde el SEPE hasta la Seguridad Social, que comparten una misma enfermedad crónica: la incapacidad estructural para retener personal.

El factor determinante es económico. El precio de la vivienda en las islas —disparado desde hace años— y unos salarios públicos que no cubren el coste de vida han convertido Baleares en un destino profesional «de castigo». Nadie quiere venir al paraíso (porque ya no es un paraíso). El resultado es un flujo constante de salida: funcionarios que llegan, adquieren experiencia y, en cuanto pueden, solicitan traslado a territorios más asequibles.

El paraíso que expulsa funcionarios

Ese goteo se ha transformado con el tiempo en un auténtico éxodo. Las plantillas no sólo son insuficientes sino también inestables. La rotación impide consolidar equipos, acumular conocimiento y mejorar la eficiencia administrativa. Cada salida supone empezar de nuevo. Cada incorporación, un periodo de aprendizaje que el sistema ya no puede permitirse.

Así, el sistema ha ido entrando en una fase de precariedad estructural: dependencia creciente de interinos, sobrecarga de trabajo, retrasos acumulados y una atención al ciudadano cada vez más tensionada. Un paciente, en definitiva, que lleva años en estado grave.