El Govern estalla por los 'funcionarios fantasma' de justicia: «¿Imaginan que se hace en una empresa?

«Es el sumum del caos y del despropósito en la prestación de los servicios públicos». Así valora el Govern de la popular Marga Prohens la existencia de una veintena de trabajadores de la Administración de Justicia en Baleares que estánedesempeñando sus funciones sin estar dados de alta en la Seguridad Social, una información avanzada este viernes por El Debate que ha puesto el foco en una situación de evidente anomalía administrativa.

El caso responde a un fallo en los procesos de gestión derivados de la estabilización de plazas en la Administración de Justicia. Tal y como denuncia el sindicato CSIF, algunos funcionarios que ya han tomado posesión de su puesto no han sido correctamente dados de alta ni comunicados a los órganos centrales, lo que ha generado un desajuste administrativo de calado. «Hay compañeros que han tomado posesión y no están dados de alta en la Seguridad Social», advierte Pablo Rodríguez, portavoz de CSIF Justicia en Baleares, quien atribuye la situación a la falta de medios humanos en la gerencia territorial.

Este fallo tiene implicaciones que van más allá de lo meramente burocrático. En el sistema administrativo, esas plazas siguen figurando como vacantes en el Ministerio de Justicia, lo que ha llevado incluso a que algunas hayan vuelto a ser ofertadas como si no estuvieran ocupadas. El resultado es un escenario de descoordinación que evidencia tensiones estructurales en un sistema ya sobrecargado.

La gravedad del asunto se acentúa si se tiene en cuenta el marco legal vigente en España. Mantener a un trabajador sin alta en la Seguridad Social constituye una infracción muy grave, sancionada con multas, recargos en las cotizaciones y, en determinados supuestos, responsabilidades penales. Se trata de una práctica que la Inspección de Trabajo persigue de forma activa en el ámbito privado, lo que introduce una evidente paradoja cuando es la propia Administración la que incurre en este tipo de incumplimientos.

Sobre esta base, el portavoz del Govern, Antoni Costa, ha construido una crítica que trasciende la anécdota y apunta a un problema de fondo. «Estamos hablando de personas, empleados que están en una administración pública en un servicio esencial como es la justicia y están sin alta en la Seguridad Social. ¿Es de esto de lo que estamos hablando?», ha planteado, subrayando la dimensión institucional del problema.

Costa ha insistido en el contraste con la actuación que se exigiría a cualquier empresa privada. «¿Se imagina alguien qué sucede cuando la Seguridad Social detecta en una empresa trabajadores sin el alta correspondiente? Actúa de inmediato», ha señalado, cuestionando que no se produzca una respuesta equivalente cuando el incumplimiento se produce en el seno de la propia Administración.

El Govern también ha puesto el acento en las condiciones materiales en las que se encuentran algunos de estos trabajadores, apuntando a carencias que agravan la situación. «Que se tengan empleados sin el alta correspondiente y además sepamos que hay personas sin ordenadores, sin capacidad de prestar su trabajo… ¿de qué estamos hablando?», ha afirmado Costa, reforzando la idea de desorganización estructural.

En este contexto, el Ejecutivo autonómico interpreta lo sucedido como un ejemplo de mala gestión por parte del Estado en Baleares y reclama una reacción inmediata. «Es francamente lamentable que se estén viviendo estas situaciones», ha señalado el portavoz, quien ha exigido al delegado del Gobierno que actúe y traslade la gravedad del problema al Ejecutivo central.

«¿Qué diría el delegado del Gobierno si esto sucediese en la administración autonómica, en un municipio o en una empresa? Pues que se autoaplique a sí mismo lo que le exigiría a cualquier administración o empresa», ha concluido Costa, apuntando al socialista Alfonso Rodríguez Badal.