Juicios suspendidos y aplazados en Baleares por la caída del sistema informático del Ministerio

La Justicia en Baleares no levanta cabeza. Cuando parecía que el listón ya estaba por los suelos tras una semana marcada por la revelación de condiciones laborales irregulares —con parte de su plantilla trabajando sin estar dada de alta en la Seguridad Social—, este lunes ha añadido un nuevo episodio a una cadena de despropósitos que empieza a parecer estructural más que coyuntural. Esta vez, el detonante ha sido el colapso del sistema informático Atenea, la herramienta llamada a modernizar la gestión judicial y que, en la práctica, ha paralizado juzgados y audiencias.

El fallo ha tenido ya consecuencias importantes. Por ejemplo, el acceso a los expedientes digitales, un elemento hoy indispensable en cualquier procedimiento judicial. Sin esa documentación, no hay vistas, no hay juicios y, en definitiva, no hay justicia operativa.

El caso más flagrante ha ocurrido en la Audiencia Provincial de Baleares, donde el impacto ha sido especialmente visible. Según ha explicado el magistrado Jaime Tártalo a los medios, el fallo frustró una posible conformidad en la Sección Primera en un caso con cinco acusados. El tribunal no pudo acceder al registro de antecedentes penales y sin ese dato clave, el procedimiento quedó automáticamente bloqueado.

A unos metros, en la Sección Segunda, un juicio con tres acusados previsto para este lunes y martes también tuvo que aplazarse. En este caso, las partes acordaron concentrar todo el proceso en la jornada del martes, siempre y cuando —y este matiz es fundamental— el sistema vuelva a funcionar. Es decir, la administración de justicia queda supeditada a la estabilidad de una plataforma que, al menos por ahora, no ha demostrado ser fiable.

Mientras tanto, los juzgados del archipiélago permanecen a la espera de una solución por parte de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia. La esperanza es que se subsane el fallo y se recupere el acceso a los expedientes. La realidad, sin embargo, es que cada incidente erosiona un poco más la confianza de profesionales y ciudadanos en el sistema.

Según el Ministerio, un soporte «de alta calidad»

Lo irónico es contrastar esta situación con la presentación oficial de Atenea por parte del Ministerio de Justicia de España. En su propia web, el sistema se describe como «la evolución tecnológica del Sistema de Gestión procesal Minerva», destacando que elimina dependencias tecnológicas previas y apuesta por soluciones de código abierto. Hasta ahí, todo suena razonable. Pero el discurso institucional va mucho más allá: promete un sistema «libre de riesgos tecnológicos» y capaz de ofrecer «un soporte tecnológico de gran calidad».

La retórica oficial no se queda corta en elogios. Entre las ventajas que enumera el ministerio, se habla de una «usabilidad optimizada», de la integración directa con LexNET, de una «mayor agilidad» en las operaciones diarias y de una ayuda contextual que resolvería dudas de manejo. Incluso se destaca la posibilidad de teletrabajar «con total normalidad». Todo un catálogo de virtudes que, sobre el papel, dibuja un ecosistema eficiente, moderno y robusto.

El problema de este lunes en Baleares evidencia que la transición del viejo programa (Minerva) al nuevo (Atenea) está siendo de todo menos pacífica y diligente.

Además, este episodio llega en el peor momento posible.

En definitiva, Baleares se ha convertido en un ejemplo de cómo no abordar la modernización de la justicia. Entre trabajadores en situación irregular y sistemas digitales que colapsan, la administración judicial transmite una imagen de fragilidad preocupante.