Nuevo caos en la Justicia de Baleares: tres años de espera para una autopsia por el colapso forense

La falta de forenses y la precariedad de medios han provocado una situación dantesca en el Instituto de Medicina Legal, donde el colapso administrativo obliga a las familias a esperar hasta tres años para recibir el informe de la autopsia de un ser querido. Mil días de duelo suspendido, de herencias bloqueadas y de procesos penales que languidecen en un cajón porque falta la firma de un médico.

A la saturación de los expedientes se ha sumado en los últimos meses la presión sobre las infraestructuras físicas del centro. La llegada constante de cadáveres sin identificación a las costas baleares, en su mayoría procedentes de la ruta en patera desde Argelia, ha llevado al límite la capacidad de las cámaras frigoríficas del Anatómico Forense de Palma.

Este polvorín se cobró esta semana su primera pieza política. El Ministerio de Justicia destituyó a la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Baleares, Consuelo Pérez Luengo, que pilotaba el organismo desde 2015. Su caída no ha sido solo el resultado de una degradación técnica, sino de un desafío directo al corazón del sistema judicial

El detonante final, según confirman fuentes conocedoras del relevo, fue un «órdago» administrativo que los jueces de instrucción no estuvieron dispuestos a tolerar. Ante la incapacidad de cubrir todos los frentes con una plantilla diezmada —apenas 24 médicos para un territorio con población creciente y presión turística—, Pérez Luengo dictó una instrucción interna para que los forenses dejaran de acudir a las vistas judiciales.

Y esta decisión prendió la mecha en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB). Los jueces pusieron el grito al cielo y el Ministerio, con la directora general desplazada a Palma el pasado miércoles, pulsó el botón del cese antes de que el incendio técnico se convirtiera en una rebelión total en las sedes judiciales.

El PP pide más medios

Ante esta situación, el PP de Baleares ha presentado una Proposición No de Ley en el Parlamento para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez medidas urgentes para revertir esta situación. «Hay esperas que no deberían existir nunca, silencios administrativos que pesan demasiado y familias que, tras perder a un ser querido, se ven obligadas a convivir durante años con la incertidumbre, sin respuestas y sin poder cerrar el duelo», ha lamentado la diputada del PP y portavoz de Salud, Isabel Borrás.

La popular subraya que «no se trata sólo de una cuestión técnica o administrativa, sino de dignidad y respeto hacia las familias en los momentos más difíciles». «Tres años esperando un informe forense suponen mantener el dolor en suspenso y retrasar el acceso a la Justicia. Y cuando la Justicia llega tarde, deja de ser justa», ha añadido.

La iniciativa de los populares se centra en el efecto dominó que estos retrasos provocan en los tribunales. Sin informe forense, no hay instrucción que avance y «si se retrasan los informes, se retrasan los juicios, las resoluciones y el derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva», ha recalcado la diputada.

Asimismo, Borrás ha denunciado el déficit estructural de recursos humanos y materiales en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Baleares, que tiene una plantilla de alrededor de 24 médicos forenses. "Es evidente que el sistema no puede asumir la carga de trabajo actual, especialmente en un territorio con población creciente y una fuerte presión turística”, ha remarcado

El PP considera que Baleares está en una situación «clara desventaja» respecto a otras comunidades autónomas con menos población y más recursos y que esta desproporción es una injusticia que perjudica directamente a los ciudadanos de Baleares.

Los populares reclaman al Gobierno de España que incremente de manera urgente la plantilla de médicos forenses en las islas, que ponga en marcha un plan de choque inmediato para reducir los retrasos acumulados y que establezca plazos máximos orientativos para la emisión de informes.

Además, la iniciativa solicita la dotación de más medios materiales y tecnológicos, impulsando la digitalización de los procedimientos, así como la remisión de información periódica sobre los informes pendientes y los tiempos de respuesta para garantizar la transparencia.

Por último, el PP también pide el cese de la directora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Baleares «ante una situación sostenida de retrasos inaceptables y la falta de soluciones eficaces».

Funcionarios sin Seguridad Social

«Detrás de cada expediente hay una historia, una familia y un dolor que no puede esperar años. Las instituciones deben estar a la altura y actuar con urgencia, responsabilidad y humanidad», concluye Borrás como colofón a una denuncia que pone en jaque la gestión del Ministerio de Justicia en las islas.

Este colapso en el servicio forense se suma al clima de descontrol que envuelve a la Administración de Justicia en las islas, marcada recientemente por el escándalo desvelado por El Debate sobre la precariedad laboral en las sedes judiciales. Cabe recordar el escándalo de una setentena de funcionarios de Justicia que trabajaban sin alta en la Seguridad Social, una irregularidad administrativa por la que ningún responsable del Gobierno ha respondido.