Vox arrastra al PP a exigir la repatriación de menores no acompañados y el recorte de ayudas a ONG que facilitan la inmigración

El debate migratorio ha entrado en tromba este martes en el Parlament balear gracias a una proposición no de ley (PNL) impulsada por el partido de Santiago Abascal y que ha arrastrado al PP a posiciones más duras. El texto, defendido por la portavoz Manuela Cañadas, ha salido adelante en varios de sus puntos clave pese a que el PP ha intentado introducir cambios para suavizarlo, sin éxito. Aun así, los populares han terminado votando a favor de medidas con las que inicialmente no estaban plenamente alineados, consolidando un giro en el tono político sobre inmigración en Baleares.

Entre los aspectos que sí han obtenido respaldo figura uno de los más sensibles y polémicos: la repatriación de menores extranjeros no acompañados. La iniciativa aprobada ha instado al Gobierno central a devolver a sus países de origen tanto a estos menores como a inmigrantes en situación irregular o que cometan delitos, una posición que ha entroncado con episodios recientes vividos en las islas. Casos como la repatriación exprés de varios menores argelinos llegados a Ibiza —publicado por este medio, entre otros— han servido de argumento para reforzar esta tesis.

El debate sobre los menores no acompañados no ha sido menor en Baleares. Instituciones como el Consell de Ibiza han alertado en reiteradas ocasiones de la saturación del sistema de protección, con cifras que han reflejado una fuerte presión sobre los recursos disponibles. En ese contexto, la repatriación se ha planteado desde estos sectores como una herramienta estructural para aliviar la carga asistencial, frente al modelo actual, en el que muchos menores permanecen tutelados hasta alcanzar la mayoría de edad. La PNL de Vox, ahora parcialmente asumida por el PP, ha recogido este enfoque y lo ha elevado a posicionamiento político del Parlament.

Junto a esta medida, también han salido adelante otras propuestas relevantes, como el rechazo a una regularización extraordinaria de inmigrantes y la exigencia de retirar subvenciones a ONG que, según el texto aprobado, promuevan o faciliten la inmigración o el tráfico de personas. Asimismo, se ha aprobado instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a endurecer las penas contra las mafias, reforzar los controles para evitar fraudes en expedientes de extranjería y asilo, y poner fin a las políticas que consideran generadoras de «efecto llamada».

Otro de los puntos clave que ha prosperado ha sido la petición de suspender la cooperación al desarrollo con países que no colaboren en la gestión de los flujos migratorios. La medida ha planteado condicionar las relaciones internacionales a la implicación efectiva de los países de origen en la contención de salidas y en la aceptación de retornos, una línea que ha reforzado el enfoque de presión exterior como herramienta de control migratorio.

Sin embargo, el respaldo del PP ha tenido límites claros. Los populares se han desmarcado de propuestas como la posibilidad de impedir el empadronamiento de personas en situación irregular mediante ordenanzas municipales, una medida con fuerte carga jurídica y social. Tampoco ha prosperado la supresión generalizada de ayudas a inmigrantes —salvo las estrictamente humanitarias— hasta su devolución a sus países de origen, ni la prohibición de conceder la nacionalidad española a quienes hayan entrado de forma irregular.

Han quedado igualmente fuera del acuerdo iniciativas como la aplicación de la llamada «prioridad nacional» en el acceso a servicios públicos y ayudas sociales, la introducción del concepto de «remigración» para expulsar a extranjeros considerados una carga para el sistema, o la auditoría de las nacionalidades concedidas en los últimos años. En estos puntos, el PP ha optado por la abstención o el voto en contra, marcando distancias con el ideario más duro de Vox.

Cañadas, durante su intervención, ha alertado acerca de los efectos adversos de la regularización masiva de inmigrantes, entre los que ha destacado «la sobrecarga de servicios públicos esenciales como la vivienda, la educación o la sanidad».

«Cada vez que el Gobierno aprueba una regularización está escupiendo en la cara de quienes han entrado a España de forma legal. No se puede premiar a quienes asaltan la frontera. Esto es una invitación al caos que sólo beneficia a las mafias», ha sostenido.

La diputada del PP Cristina Gil, por su parte, ha defendido que en Baleares «no cabe todo el mundo y los servicios ya no dan más de sí».

«Ya no es dónde vayan a vivir los que van a regularizarse, sino dónde lo harán los que llegan ahora y los que llegarán después. El sentido común es atender las necesidades de quienes ya están aquí, entre ellos los migrantes arraigados y nacionalizados que han esperado años y años para regularizarse», ha incidido.