Baleares aprueba ampliar a 50 años las concesiones portuarias para blindar a los clubes náuticos

El pleno del Parlament balear ha aprobado este martes la modificación de la Ley de Puertos de las Islas, una reforma impulsada por el PP y Vox que supone un giro estructural en la gestión del litoral. El cambio normativo más relevante es la ampliación de los plazos de concesión, que pasan de los 35 años actuales a un máximo de 50.

La medida busca, según los grupos que sustentan al Govern, garantizar la viabilidad económica de los clubes náuticos y amortizar las inversiones en infraestructuras. Sin embargo, la oposición ha votado en contra al considerar que esta prórroga de tres décadas condiciona la gestión futura de los recursos públicos y favorece una privatización del sector.

El diputado del PP Sebastià Mesquida ha defendido la necesidad de «actualizar» el marco legislativo para adaptarlo a los existentes en otras comunidades autónomas y las nuevas disposiciones estatales.

Así, ha apuntado que Baleares es «pionera» en la promoción de la actividad náutica y ha remarcado que la ampliación de las concesiones se regulará por un régimen específico para ello, algo que ha defendido para amortizar las inversiones que se hagan en los muelles.

Por otra parte, ha subrayado que se exigen inversiones mínimas en los puertos y ha incidido en que las prórrogas no serán un «cheque en blanco» para las concesionarias.

Mesquida ha explicado que la nueva ley «blinda a los clubes» y «no saldrán perdiendo», puesto que se les permitirá presentar proyectos de gestión de los puertos. Igualmente, ha sostenido que se protege a entidades sin ánimo de lucro frente a entidades mercantiles.

El PSOE no quiere «hipotecar»

El primero en arrancar el debate ha sido el diputado del PSIB Marc Pons, que ha argumentado su rechazo a ampliar las concesiones otros 15 años, para «no hipotecar» a los gobernantes del futuro en Baleares.

En ese sentido, ha planteado sus dudas sobre cómo estará el sector dentro de unos años o cómo afectará el cambio climático a estas infraestructuras, por lo que ha afirmado que lo más «prudente» será que estas decisiones se tomen en los próximos años.

Además, ha reprochado que en la redacción del texto «se mezcle todo», en referencia a las marinas y los clubes náuticos, cuando ha recalcado que son «diferentes». De hecho, ha alertado que «si fuera por las marinas, ya no habría clubes náuticos».

Por esto ha mostrado su postura contraria a entregar unas «plusvalías multimillonarias» --que ha cifrado en 200 millones de euros-- a ciertas entidades, con estas concesiones extendidas.

Un sector fundamental para Vox

La participante en el debate por parte Vox ha sido la diputada María José Verdú, quien ha subrayado el cambio de la ley «no responde a una visión ideológica», sino a que esta se redactó hace 20 años, por lo que se busca «reforzar la seguridad jurídica» de un sector «fundamental» de Baleares.

Asimismo, ha destacado el reconocimiento que se hace los clubes náuticos en la formación de los jóvenes y la difusión de la cultura marinera, ligada a Baleares.

Verdú ha destacado que uno de los objetivos es evitar problemas de concursos públicos «indiscriminados» que provocan una «escalada de precios» y la «expulsión del tejido local» cuando recaen en empresas que buscan una rentabilidad rápida.

Los nacionalistas ven «riesgos»

La diputada de Més per Mallorca Maria Ramon ha remarcado que la nueva ley «no protege» a la náutica social y establece «menos control público y garantías ambientales» sobre las dársenas, para dar «más dinero» a entidades privadas.

Los ecosoberanistas apostaban por una reforma «profunda» y «pensada» en favor de los intereses de Baleares pero este cambio, a su parecer, introduce «riesgos» como una mirada «economicista» y «concesionaria» de los puertos.

Igualmente, ha alegado por un modelo de puertos «vinculado al territorio» con informes vinculantes de «evaluación de impacto ambiental», frente a una «desregulación por tierra, mar y por aire todavía no, porque no se puede».

La parlamentaria ha criticado los modelos de gestión actuales que «expulsan» a embarcaciones pequeñas y convierten el mar en «un lujo», por los incrementos de precios de los amarres que pasan de los 1.000 a los 12.000 euros.

Otras de sus enmiendas iban encaminadas a «limitar» los usos comerciales en los puertos, prohibir la reventa de amarres, evitar que los ayuntamientos asuman el desguace las embarcaciones abandonadas o fomentar la presencia del catalán en las instalaciones portuarias.

En la misma línea, el diputado de Més per Menorca Josep Castells ha tildado de «fiasco» la ley por «dejar atrás» a los clubes náuticos, puesto que no se establece diferenciación entre estas asociaciones y las entidades privadas.

Al mismo tiempo, ha recriminado que se acople la duración de las concesiones en Baleares al resto del Estado y se impida decidir qué régimen le interesa más. De esta manera, ha pronosticado que habrá una «inercia imparable hacia la privatización de los puertos».

Por este motivo, ha detallado que sus propuestas sugerían una «discriminación positiva» en favor de los clubes náuticos, al introducir criterios de como su labor social.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha advertido que el nuevo articulado «elimina el rastro» de la Administración en estos espacios, mientras «toda la gestión se privatiza» y se añaden usos en los puertos como la restauración".

Seguidamente, ha rechazado este alargamiento de las concesiones por las dificultades en los casos en los que la Administración quiera recuperar las concesiones.

Por otra parte, ha reivindicado que se incluyera a entidades en defensa del medioambiente en la gestión de los puertos y que en los puertos haya una promoción de los deportes náuticos entre las mujeres.