La presidenta del Govern, Marga Prohens (i), saluda a la portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas (d), en el Parlament en 2024
Prohens y Vox modifican en Baleares cincuenta leyes en un atracón legislativo que la izquierda amenaza con llevar al Constitucional
El Govern incluye exenciones en el requisito del catalán, endurece las ayudas a inmigrantes y elimina trabas burocráticas en una ley ómnibus
Vendrán más leyes que llevarse a la boca antes de las elecciones, pero PP y Vox se han dado este martes probablemenete el último atracón legislativo, con la aprobación de la ley para impulsar proyectos estratégicos. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ambas formaciones modifican de paso más de 50 leyes con aspectos tan diversos como eximir del catalán a docentes en zonas de difícil cobertura, más rebajas fiscales o medidas de simplificación administrativa. Una ley ómnibus de dimensiones ciclópeas.
A través de un aluvión de enmiendas, el bloque formado por PP y Vox ha pasado el rodillo para modificar de una tacada más de medio centenar de normas, y desmantelar por la vía rápida buena parte del andamiaje ideológico construido por el anterior Pacto de izquierdas de la era Armengol.
De un esqueleto técnico de 35 artículos se ha pasado a un volumen de 218 páginas que toca todos los palos. Desde la lengua hasta la vivienda, pasando por la seguridad o las ayudas sociales.
Acuerdo cumplido
El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, defendió este martes la maniobra como la culminación del pacto con los de Santiago Abascal: «El acuerdo presupuestario queda cumplido», sentenció, dejando claro que los populares dan por finiquitado el acuerdo presupuestario de 2025 que permitió a Prohens aprobar las cuentas.
El contenido de la nueva ley flexibiliza la exención del catalán para los docentes en plazas de «difícil cobertura», una línea roja para los nacionalistas de Més. Y endurece además el acceso a la Renta Social exigiendo tres años de residencia. Pero hay más, la creación de una Oficina Antiocupación, la reserva de plazas policiales para militares o, en un guiño a los sectores más tradicionales, la recuperación de las competiciones de tiro al pichón.
La reacción de la oposición no se hizo esperar. El portavoz de MÉS, Lluís Apesteguia, se mostró indignado ante una tramitación que considera un atropello democrático: «¿Qué tiene que ver el proyecto de ley con el decreto que tramitó el Govern? ¡Si se parecen como un huevo a una castaña!», clamó desde la tribuna. Para los ecosoberanistas, que ya preparan el recurso ante el Tribunal Constitucional, la inclusión de las pistolas táser o el tiro al pichón en una ley de «aceleración económica» es una burla al reglamento.
«Lo estamos gozando»
Mientras el PSIB denunciaba una «modificación encubierta» de la Ley de Normalización Lingüística, en las filas de Vox el clima era de absoluta satisfacción. Su portavoz, Manuela Cañadas, reconoció en el pleno que «lo estamos gozando». Los de Abascal han logrado imponer su agenda en materia de «libertad lingüística» y desburocratización, sintiéndose más cómodos que nunca en su papel de socios preferentes.
La jornada, que se prolongó durante más de siete horas, no estuvo exenta de un caos final. Entre errores de voto de Vox, recesos de diez minutos para aclarar qué se estaba votando y los suspiros de un Gabriel Le Senne, presidente de la cámara, desbordado por el reglamento, la ley salió adelante.
Prohens ya tiene su herramienta para dar un vuelco a Baleares, aunque sea a costa de una bronca parlamentaria que promete tener una segunda parte en los tribunales. Como ironizó Apesteguia al cierre de la sesión: «Si en el Constitucional ven el vídeo de lo que ha sucedido, no solo nos van a dar la razón, también un abrazo».
