PP y Vox pactan eximir del requisito de catalán a ciertos docentes y personal de servicios en Baleares

El Partido Popular (PP) y Vox han alcanzado un acuerdo parlamentario para eximir la obligatoriedad del certificado de catalán en sectores estratégicos de la administración pública. La medida afectará principalmente a las plazas docentes calificadas como de «muy difícil cobertura» y a diversas categorías de personal no sanitario y de servicios en la función pública como celadores, auxiliares, personal de limpieza o de mantenimiento.

Según ha detallado la portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuela Cañadas, este consenso es fruto de un proceso de negociación con los populares extendido durante las últimas semanas y de «largas reuniones y negociaciones». El objetivo de ambas formaciones es garantizar la prestación de servicios públicos esenciales sin barreras lingüísticas. «Somos más ambiciosos y nos gustaría ir más allá pero tenemos la fuerza que tenemos y se ha llegado a un buen acuerdo», reconoce Cañadas.

La eliminación del requisito lingüístico en estas plazas se introducirá a través de tres enmiendas en el proyecto de ley de proyectos estratégicos, llamada la ley ómnibus.

La primera enmienda se refiere a la eliminación del requisito de catalán en especialidades docentes de «muy difícil cobertura», lo que permitirá que las aulas de Baleares cuenten con los «mejores profesionales», destacan desde Vox.

En segundo lugar, se eximirá del título lingüístico a las categorías laborales básicas, tales como celadores, auxiliares, personal de limpieza o mantenimiento, con el fin de evitar que el déficit de aspirantes ponga en riesgo el funcionamiento de los hospitales u otros servicios públicos esenciales.

Por último, se propone ajustar la obtención de los títulos B2 y C1 al marco europeo, rebajando la nota necesaria de un 8 a un 7 para los estudiantes de ESO y Bachillerato.

Vox ha defendido que la exigencia del catalán ha actuado como un freno para la contratación de talento y ha dificultado la prestación de servicios públicos esenciales en Baleares. «Vox apuesta por una administración eficaz que priorice la capacitación técnica y profesional sobre la acreditación de títulos de catalán», ha reivindicado Cañadas, que considera que el catalán no puede seguir siendo un «muro» que expulse el talento y dificulte la vida de los ciudadanos. «No podemos permitir que un aula se quede sin profesor de física porque el candidato más cualificado no tiene un título lingüístico excluyente».

Vox defiende que estas medidas introducen el «sentido común» en la gestión pública: «Queremos que los hospitales funcionen y que las bolsas de trabajo se muevan. No tiene sentido que una plaza de mantenimiento quede vacante por un título de lengua. La prioridad absoluta de un padre es que su hijo tenga al mejor profesor posible».

Sin embargo, la portavoz del PP en el Parlamento balear, Marga Durán, ha matizado el alcance de las enmiendas pactadas con Vox en materia lingüística.

«Aquí no se elimina nada», ha aseverado, aclarando que el requisito de catalán para plazas de difícil cobertura se convertirá en una moratoria de un tiempo todavía sin determinar.

Moratoria

Según la portavoz popular, el mecanismo permitirá el acceso a la función pública en plazas críticas sin necesidad de acreditar el título de catalán previamente, pero se exigirá su acreditación posterior.

Durán ha recordado que en la anterior legislatura de izquierdas de Francina Armengol en el ámbito sanitario ya se permitía acceder sin el requisito y se daban dos años para obtener el título. «El objetivo es que los profesionales puedan empezar a trabajar de inmediato», ha insistido.

La flexibilidad del requisito, por tanto, se aplicará especialmente en plazas donde la carencia de personal sea estructural, especialmente en Ibiza y Formentera, donde las dificultades para atraer y fidelizar funcionarios públicos son más acusadas.

Pese a la confirmación del acuerdo, la portavoz del PP ha admitido que el redactado final de las enmiendas aún no se ha presentado formalmente.

Preguntada por la duración exacta de la moratoria, Durán ha señalado que, aunque cree que «sería de dos años», todavía no puede confirmarlo con exactitud.