El policía de los trasteros: la historia detrás del mayor escándalo de infravivienda de Mallorca

Durante años, un agente de la Policía Local de Palma compaginó el uniforme con un negocio inmobiliario clandestino. Cuando salía de comisaría, se dedicaba a alquilar decenas de trasteros y locales convertidos en viviendas a inmigrantes y familias con pocos recursos, algunas de ellas pagando hasta 750 euros al mes por habitaciones sin ventanas ni condiciones de habitabilidad. Hoy acumula una sanción de más de dos millones de euros, fue detenido por la Policía Nacional y está suspendido de empleo y sueldo. Pero el caso, lejos de cerrarse, sigue creciendo.

Los últimos en comprobarlo han sido los ocupantes de dos de esas infraviviendas, que serán desahuciados esta semana, y por los que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha presentado -de nuevo- una denuncia para paralizarlo. Es el último capítulo de una historia que estalla en 2023, cuando la Policía Nacional le detiene por favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral y estafa a raíz de una denuncia interpuesta por el servicio de Inspección de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

Un sótano, 68 horrores

Para entonces, sin embargo, el negocio llevaba tiempo funcionando. Las primeras diligencias policiales cifraron en 73 las infraviviendas vinculadas al agente, auqnue la conselleria terminó contabilizando 68, todas ellas gestionadas a través de una sociedad limitada. Estaban distribuidas por barrios como Gomila, Foners, sa Indioteria, Manuel Azaña o Lluís Sitjar. Uno de los edificios que mejor refleja la dimensión del caso se encuentra en la calle Joan Miró. En el sótano de un antiguo hotel se habilitó una treintena de pequeños habitáculos de entre ocho y quince metros cuadrados que se alquilaban como si fueran viviendas.

Las inspecciones describen espacios sin luz natural, sin ventilación y con graves problemas de humedad. En algunos de ellos vivían familias enteras. Los residentes compartían zonas comunes y lavadora, mientras los alquileres oscilaban entre los 300 y los 750 euros mensuales. Varios inquilinos relataron que los pagos se realizaban en efectivo y sin recibos. La investigación policial también apunta a que el agente habría instalado un sistema para controlar el consumo eléctrico y repercutir después a los residentes cantidades superiores a las que realmente correspondían.

La actuación administrativa comenzó antes que la policial. A mediados de agosto de 2023, el servicio de Inspección de Habitatge abrió un expediente sancionador que ampliaba actuaciones previas. Dos meses después formuló una primera propuesta de resolución. De hecho, la denuncia presentada por ese mismo servicio dio origen a la investigación desarrollada conjuntamente por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional y la Policía Local de Palma, que culminó con la detención del agente el 24 de noviembre de 2023.

Multa récord: dos millones

En enero de 2024 llegó la resolución definitiva. La Conselleria de Vivienda impuso al policía una sanción de 2.040.068 euros por infracciones calificadas como muy graves y ordenó el cese de la actividad. Se trata de la mayor multa impuesta hasta la fecha en Baleares en un expediente de estas características. El procedimiento se convirtió además en el de mayor relevancia tramitado por el servicio de Inspección de Habitatge. Paralelamente, el Ayuntamiento de Palma acordó suspender al agente de empleo y sueldo durante dos años y cuatro meses por incumplir el régimen de incompatibilidades de la Policía Local.

Tres meses después, en abril de 2024, el Ayuntamiento de Palma ratificó el expediente disciplinario abierto contra el agente y le impuso una suspensión de empleo y sueldo de dos años y cuatro meses por una falta muy grave derivada del incumplimiento del régimen de incompatibilidades de la Policía Local. El policía presentó alegaciones y recurrió la sanción, pero la Junta de Govern las desestimó y confirmó íntegramente la resolución.

La historia sigue

No obstante, la multa y el cese no cerró el caso. Los procedimientos para desalojar las antiguas habitaciones del sótano de Joan Miró continuaron su curso y, más de un año después, sus efectos siguen siendo visibles. En julio de 2025, el exagente difundió un comunicado en el que defendía su actuación y aseguraba que los lanzamientos respondían al cumplimiento de las resoluciones administrativas. También sostenía que las habitaciones seguían ocupadas porque sus residentes se negaban a abandonarlas y por varias ocupaciones posteriores del inmueble, al tiempo que afirmaba que los desahucios afectaban a la totalidad de los habitáculos y no solo a algunos de ellos.

Un año después, esos procedimientos siguen avanzando. Esta semana está previsto el desahucio de dos de los ocupantes de esas infraviviendas, una actuación que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) trata de paralizar mediante una nueva denuncia. La entidad reclama que se suspendan los lanzamientos y que las administraciones den una respuesta habitacional a las personas afectadas por un caso que, pese a la histórica sanción impuesta por la Conselleria de Vivienda, continúa generando consecuencias.